Luis Felipe Romo Gutiérrez

Expediente 200/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Luis Felipe Romo Gutiérrez
  • Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Glósese el comunicado remitido por la autoridad vinculada, se concede -por única ocasión- una prórroga de treinta días, legalmente computada, a efecto de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 193, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. En ese tenor, requiérasele para que una vez transcurrida la dilación otorgada, informe de inmediato sobre el acato del fallo protector, y en su caso, allegue las constancias pertinentes. Asimismo, hágase de su conocimiento que subsisten los apercibimientos de multa, separación de puesto y consignación correspondientes al incumplimiento de la sentencia amparadora.

  2. Principal

    Juicio de amparo 200/2022-E El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[...] para el efecto de que la comisión responsable, fundada y motivadamente estudie la prescripción de su facultad sancionadora, analizando si al tenor de lo dispuesto en los artículos 184 y 185 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como en atención a la jurisprudencia PC.XV. J/35 A (10a.) del Pleno del Decimoquinto Circuito, prescribió o no su facultad para dictar resolución definitiva en el expediente ********************, únicamente respecto del aquí peticionario ********************, y hecho lo anterior, le notifique personalmente lo determinado; además, la responsable deberá remitir copia certificada de su actuar a este órgano jurisdiccional." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento con el fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Finalmente, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Competencia Este órgano es legalmente competente para resolver el presente juicio al tenor de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; pues el acto reclamado se dictó en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que dilucide el controvertido de derechos humanos propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Fijación y certeza de lo reclamado La parte peticionaria reclama la omisión de determinar la prescripción de la facultad sancionadora dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente ********************, seguido en contra del quejoso y otros elementos policiacos; actuar demostrado al tenor de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable en su informe, así como con las fotocopias certificadas del expediente relativo, que merecen valor pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.Análisis de causas de improcedencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar oficiosamente la procedencia del juicio instado, así como a atender las causales de improcedencia hechas valer por las partes. Así, ya que no se hizo valer causa de improcedencia alguna, ni este juzgado de distrito advierte de oficio que en el caso se actualice, lo procedente es examinar el motivo de disenso propuesto. Examen de fondo del asunto Analizados de manera exhaustiva los autos, se concluye que asiste la razón a la parte peticionaria. El quejoso aduce que la omisión combatida viola en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en tanto que: i) La solicitud de inicio de procedimiento fue elevada ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, el quince de julio de dos mil dieciséis, y que a la fecha no se ha dictado resolución dentro del expediente ********************, por lo que ha transcurrido en exceso el término de dos años con el que cuenta la autoridad responsable para dictar una resolución. ii) Que el artículo 184 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, prevé el término de dos años con el que cuenta la comisión responsable, para dictar resolución definitiva, y que dicho precepto al ser análisis por parte del Pleno de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, definió que ese plazo se debe de contar a partir de que la referida comisión recibe la solicitud de procedimiento administrativo; y, de acuerdo al cómputo que plasma en el escrito inicial de demanda, han transcurrido aproximadamente cuatro años seis meses y nueve días sin que se haya emitido una resolución. Es fundado el concepto de violación. Precisado lo anterior, se pone en relieve que la sindicatura municipal realizó la solicitud de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del aquí quejoso, y otros elementos policiacos, desde el quince de julio de dos mil dieciséis, y si bien la autoridad responsable se pronunció respecto a dicha petición el veintinueve de septiembre de la referida anualidad (dos meses y catorce días después de la solicitud de sindicatura), dentro del término que prevé el referido ordenamiento legal, más cierto es que desde el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, fecha en la que declaró cerrada la etapa de alegatos y citó para resolución el procedimiento de responsabilidad administrativa, hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintidós (fecha de la certificación de las constancias remitidas por la autoridad responsable), no obra resolución definitiva respecto del aquí quejoso ********************. En ese contexto, los artículos 184 y 185 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, prevén el término con el que cuenta la comisión responsable para dictar resolución definitiva, así como las hipótesis en las que la prescripción para tal efecto se interrumpe, los cuales se leen: "ARTÍCULO 184.- Prescribe en un año la facultad de la Contraloría Interna para solicitar a la Comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún Miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en esta Ley y demás casos contemplados en la misma o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave. Prescribe en dos años la facultad de la Comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento correspondiente. ARTÍCULO 185.- La prescripción a que alude el segundo párrafo del artículo anterior se interrumpirá en los siguientes casos: I. Con la celebración de la audiencia administrativa, y II. Con la interposición de algún juicio o medio de defensa en contra de la resolución que se hubiese emitido dentro del Procedimiento." [Énfasis añadido] De igual manera, el mismo plazo e hipótesis se encuentran contemplados en los artículos 217 y 218 del anulado Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, que disponen: "ARTÍCULO 217.- Prescribe en un año la facultad de la Sindicatura Municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables, así como los demás casos en que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave. ARTÍCULO 218.- Prescribe en dos años la facultad de la Comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la recepción de la solicitud de inicio del procedimiento correspondiente." La interpretación de los artículos transcritos, fue realizada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2017, de la que derivó la jurisprudencia PC.XV. J/26 A (10a.) de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. EL PLAZO CON QUE CUENTA LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, SE INTERRUMPE AL PRESENTARSE LA SOLICITUD O DENUNCIA CORRESPONDIENTE.", en cuanto a que existen dos hipótesis para que se actualice la prescripción de los procedimientos seguidos contra miembros policiales adscritos a la entonces Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California. La primera incide en la facultad de la contraloría interna o sindicatura municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo; para que opere debe transcurrir un año a partir de que se tenga conocimiento de los hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con los requisitos de permanencia. La segunda versa respecto de la facultad de la comisión para emitir la resolución definitiva y notificarla al afectado; evento en el que se requiere para su actualización, el transcurso de dos años. La interpretación anterior sirvió como sustento para resolver la materia de la contradicción referente a la interrupción del plazo de un año con el cual cuenta la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Tijuana o contraloría interna para que lleve a cabo las investigaciones relativas a la falta que se atribuye a un servidor público y presente la denuncia. En ese sentido, la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 8/2017, acotó el tema de la prescripción de las facultades de la sindicatura municipal o contraloría interna, para solicitar el inicio del procedimiento administrativo, así como su interrupción. Así, de la normatividad transcrita, se desprende que los artículos 183 y 184 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como los numerales 217 y 218 del anulado Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, prevén la prescripción en un año de la facultad para aplicar las correcciones disciplinarias, así como de la facultad investigadora para solicitar a la instancia correspondiente, iniciar el procedimiento administrativo; asimismo, prevén la prescripción en el plazo de dos años para que la comisión dicte la resolución definitiva y la notifique. Lo anterior, debe considerarse así, ya que al recibir la solicitud del inicio del procedimiento administrativo, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, debe dictar el auto correspondiente con elementos que le permitan emitir una resolución en un plazo razonable, sin intentar prolongar el tiempo en que se encuentra cuestionada la responsabilidad de un servidor público, de lo contrario, puede generar un ejercicio indebido y arbitrario de facultades pertenecientes a la autoridad encargada del procedimiento administrativo. En tal virtud, la determinación que se adopta es compatible con el principio de legalidad, seguridad jurídica y con el propio ordenamiento jurídico, porque extender los efectos de la propia norma que prevé la prescripción de las facultades de la comisión, en modo alguno significa que se atienda a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y en el anulado Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de Seguridad Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, sino que atiende a la necesidad que el propio legislador puntualizó en la exposición de motivos de la referida ley, al incorporar la figura de la prescripción en el ordenamiento jurídico que regula la actuación de las autoridades administrativas, con la finalidad de evitar el riesgo de que la resolución del procedimiento se prolongue indefinidamente y las consecuencias que provoca tal situación. Además, las anteriores consideraciones son acordes con los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con los cuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos pronunciamientos, que son respetados por el legislador, por una parte, si las disposiciones de observancia general generan certidumbre a las personas sobre las consecuencias jurídicas de su conducta; por otra, al tratarse de normas que confieren alguna facultad a la autoridad, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, de forma que se le impida actuar arbitraria o caprichosamente, en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha facultad. De tal forma que la autoridad administrativa cuenta con un plazo de dos años a partir de la recepción de la solicitud del inicio del procedimiento administrativo, para dictar auto de inicio, emitir la resolución definitiva y notificarla al afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.XV. J/35 A (10a.) del Pleno del Decimoquinto Circuito, visible a página 1644, libro 59, octubre de 2018, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA. EL PLAZO DE 2 AÑOS PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE RECIBE LA SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La figura de la prescripción regulada tanto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, como en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, constituye una condición objetiva necesaria para limitar temporalmente el ejercicio de las facultades de la autoridad administrativa de aplicar correcciones disciplinarias, así como de investigar e imponer sanciones; sin embargo, esos ordenamientos no contemplan el límite temporal al ejercicio de la facultad de iniciar el procedimiento administrativo de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, una vez que recibe la solicitud de la autoridad investigadora; circunstancia que origina un problema fáctico relacionado con la incertidumbre de los servidores públicos de que en cualquier momento la Comisión pueda dictar el auto que determine si inicia o no el procedimiento administrativo, una vez que la autoridad investigadora lo solicita, en menoscabo a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y justicia en los plazos y términos legales que derivan de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que resultan oponibles en los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos como restricciones a la potestad punitiva del Estado, que ejerce al aplicar el derecho administrativo sancionador; importancia que trasciende a la irreparabilidad de los efectos de la incoación del procedimiento, en cuanto a la restricción constitucional de reinstalar al servidor público en el puesto que desempeña; aunado a la afectación del interés de la sociedad de que se determine si la conducta de un elemento policiaco que sirve a la sociedad, es contraria a sus deberes y obligaciones. Esas circunstancias constituyen la base para realizar una interpretación extensiva de los artículos 184, segundo párrafo, de la ley referida, y 218 del reglamento indicado, la cual conduce a establecer que el término de dos años para que se consume la prescripción de las facultades de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, debe computarse a partir de que recibe la solicitud del inicio del procedimiento por parte de la Sindicatura Municipal o de la Contraloría interna." [Énfasis añadido] Precisado lo anterior, cabe señalar que sobre el tema de la prescripción de la facultad sancionadora de la autoridad administrativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 218/2010, consideró que el juzgador de amparo no debe analizar de fondo la prescripción de las responsabilidades de los servidores públicos si la autoridad responsable no se ha pronunciado sobre ese tópico, pues en todo caso, lo que procede es conceder el amparo para que se examine si opera o no la prescripción. El criterio que derivó de los razonamientos expuestos es el siguiente: Jurisprudencia 2a./J. 154/2010, página 1051, enero de 2011, tomo XXXIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE ALEGA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE ACTUALIZÓ AQUÉLLA Y NO SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE HAYA OCUPADO DE TAL ASPECTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ESTUDIE. Conforme a los artículos 113 y 114, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos -federal y del Estado de Jalisco-, el servidor público no tiene la carga procesal de alegar la prescripción de la facultad sancionadora durante el procedimiento respectivo, en tanto que sólo constituye una posibilidad de defensa que tiene a su alcance, por lo que puede exponer dicho aspecto en el juicio de amparo, a pesar de que no lo haya realizado ante la autoridad administrativa, en cuyo caso el Juez de Distrito no debe calificar de inoperantes los conceptos de violación relativos, pero tampoco estudiar el fondo de la problemática, acorde con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, sino conceder el amparo para el efecto de que la responsable examine esa cuestión." Bajo ese contexto jurisprudencial, este órgano jurisdiccional debe analizar el reclamo enderezado atendiendo al principio de mayor beneficio para el quejoso, pues atento a la inactividad de la responsable en el sentido de dictar resolución terminal en el procedimiento primigenio, es palmario que el examen de tal cuestión derivaría en un pronunciamiento pertinente, dado que la existencia y vigencia de sus facultades para obrar en tal sentido debe analizarse de manera destacada; a más, que no se ha emitido ninguna determinación que atienda el tópico de referencia en el expediente de trato. Concesión de amparo Por ende, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la comisión responsable, fundada y motivadamente estudie la prescripción de su facultad sancionadora, analizando si al tenor de lo dispuesto en los artículos 184 y 185 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como en atención a la jurisprudencia PC.XV. J/35 A (10a.) del Pleno del Decimoquinto Circuito, prescribió o no su facultad para dictar resolución definitiva en el expediente ********************, únicamente respecto del aquí peticionario ********************, y hecho lo anterior, le notifique personalmente lo determinado; además, la responsable deberá remitir copia certificada de su actuar a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:PRIMERO. Para los efectos apuntados en la parte relativa del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, precisado en esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintidós. Agréguense el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, por conducto de su representación, y anexos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se le tiene designando delegados y señalando domicilio procesal. En tal contexto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las doce horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese

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