Luis Felipe Ramírez Barrón
Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Felipe Ramírez Barrón
- Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región con base en la de ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Se observa que feneció el término de diez días para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por el quejoso, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el punto 8.1.2, número 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Además, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, con sede en Silao, Guanajuato, los dos discos versátiles digitales que allegó al presente asunto. Finalmente, acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión que deriva del presente expediente.
- Incidental
Se observa que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este cuaderno incidental y que por interlocutoria de veinticuatro de mayo del presente año, por un lado se negó y por otro se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se provee: Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), este incidente de suspensión es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por un plazo de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez cumplido ese lapso, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, el proveído en que se acuerde el archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere la titular de este órgano jurisdiccional. Terminado este proceso se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte en proveído de siete de noviembre pasado se comisionó al actuario de la adscripción para que notificara electrónicamente la sentencia definitiva de diez de octubre del año en curso, dictada en los autos del presente juicio al quejoso; sin embargo, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes presentó fallas al momento de generar la constancia de notificación de mérito. Por lo anterior, se comisiona de nueva cuenta al actuario de la adscripción para que notifique electrónicamente tal resolución al quejoso. "SENTENCIA: "Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 588/2022-II; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Irapuato y turnado el mismo día a este juzgado, **** ****** ****** ****** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en los siguientes términos: "[.] 3.- AUTORIDADES RESPONSALES ORDENADORA:- C. Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región con base en la de ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato con domicilio en la comunidad de Cerritos, Camino al SEEVYT, y las Agencias del Ministerio Público número uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, de la Región B, con domicilio conocido [...]; así como a Jefe o encargado de los mandamientos judiciales de la región B, con domicilio ubicado en Edificio de Prevención Social en ciudad de Irapuato, Guanajuato. 4.- AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: el Ciudadano Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de la Región "B", al Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Criminal de la Región "B"; Encargado de la Agencia Criminal de Investigación de la Región "B", al Subprocurador de la Región "B", con domicilio ubicado en [...]; así como también al Fiscal General del Estado de Guanajuato [...] 5- ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable ordenadora, y ejecutora, reclamo la ilegal orden de aprehensión, detención y comparecencia [.]." SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, el cual, en auto de siete de abril del presente año: a) ordenó formar y registrar el expediente como juicio de amparo indirecto 588/2022-II; b) admitió a trámite la demanda; c) requirió a las autoridades responsables su informe justificado, d) dio la intervención que corresponde a la fiscal federal de la adscripción; e) se ordenó abrir por separado incidente de suspensión; y f) señaló hora y fecha para la audiencia constitucional. Durante el trámite del juicio, se tuvo ampliada la demanda por una autoridad ejecutora y por desechada la ampliación formulada por autorizado; se emplazó al tercero interesado; se desecharon las pruebas testimonial y de inspección, y se reservó proveer sobre el ofrecimiento de diversos testimonios, previa vista al quejoso, se declaró la inexistencia del Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de la Región B, con sede en Silao de la Victoria, Guanajuato, y finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio con fundamento en los artículos 107 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque el acto reclamado es susceptible de ejecutarse dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Acto reclamado. Es la orden de aprehensión, detención o comparecencia, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables: la Directora de Tramitación Común de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en representación del Fiscal General (foja 39), las Agencias del Ministerio Público II, III, IV, V y VI, todas con residencia en Silao de la Victoria (fojas 17, 19, 21, 31 a 33 y 23) y el Agente del Ministerio Público de Investigación Complementaria de la Región B, en Silao de la Victoria (foja 74); negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, a pesar de que esa carga procesal le corresponde. Se invoca, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ante tal premisa, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Esto obedece a que no tienen el carácter de autoridades responsables, pues no se demostró que emitieran o tuvieran que ejecutar la orden de aprehensión, detención o comparecencia reclamadas, por lo que se sobresee en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de dicha Ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sexta Época, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." La agencia del Ministerio Público I, fue omisa en rendir informe justificado a pesar de su notificación y requerimiento (foja 121), sin embargo, no se presume cierto el acto reclamado, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, porque existe prueba en contrario, como enseguida se expone. El Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado y Agente del Ministerio Público número V, ambas con residencia en Silao de la Victoria, Guanajuato (fojas 27 a 33), así como el Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad (foja 13), aceptaron el acto reclamado. Sin embargo, se debe tener inexistente el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión (dispuesta el siete de abril de dos mil veintidós), girada contra el quejoso **** ****** ****** ****** por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Base Silao, relativa a la causa penal ******-***, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cinco de abril de dos mil veintidós), aun no se había dictado dicha orden. Esto se corrobora con el contenido de los discos versátiles digitales en donde obra la copia certificada de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión relativa la causa penal ******-***, emitida en audiencia de siete de abril del año en curso. Dicho expediente es un documento público, porque lo integró un funcionario judicial en el desempeño de su labor y por eso tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, toda vez que en párrafos anteriores quedó demostrado que a la fecha de promoción de este juicio, no existía el acto reclamado al Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Base Silao es improcedente el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de registro 196072, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en la página 5, Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.". No se soslaya que los artículos invocados en la jurisprudencia supracitada corresponden a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, tiene aplicación por no oponerse al contenido de la legislación actual." No se soslaya que los artículos invocados en la jurisprudencia anterior corresponden a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, tiene aplicación por no oponerse al contenido de la legislación actual. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** ****** ****** ******, contra el acto de autoridad precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el tercer considerando."
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no se cumplió lo ordenado en auto de catorce de octubre pasado, de modo que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa de la sentencia definitiva de diez de octubre pasado, dictada en los autos del presente juicio. Por lo que de nueva cuenta se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique electrónicamente dicha resolución al quejoso Luis Felipe Ramírez Barrón. Cúmplase. Que a la letra dice: "... SENTENCIA DE AMPARO: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo."
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