LUIS FELIPE PUPO ROMERO y Otros.
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2021
Partes del expediente
- LUIS FELIPE PUPO ROMERO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por medio del cual se informa que se acepta la competencia declinada en el presente juicio, mismo que registro bajo el juicio de amparo 819/2021-II. Ahora bien, toda vez que del estado de autos se advierte que se reservó acordar lo conducente respecto a la promoción registrada con el número de folio interno 17201, se ordena levantar la aludida reserva y previa copia que se deje en autos se ordena remitir al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, el aludido oficio. Solicitándose el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio por medio del cual en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este juzgado, la responsable rinde su informe; en su atención, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto, se tenga conocimiento si se acepta o no la competencia planteada. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *********** por conducto de Iván Josué Acosta Jiménez quien se ostenta en su carácter de defensor público federal, contra actos del DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE". Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 897/2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Suspensión de plano En ese sentido, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO al quejoso Luis Felipe Pupo Romero, en contra de los actos previstos por el artículo 22 constitucional, para el efecto de que CESEN DE INMEDIATO. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para su debida observancia. Ahora, tratándose de actos que constriñen a las autoridades a un "hacer", dígase que éstas deberán informar en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación de este proveído, sobre el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión otorgada por dichos actos, en la inteligencia de que la violación a la misma entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse éste, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Cabe destacar que la medida cautelar aquí concedida, no surte efectos respecto a la manifestación que indicó el promovente en la narración de antecedentes, consistente en: "me encerraron a un castigo de 10 días y llevo 20 días y me quieren obligar a que pague 10 días más de castigo"; toda vez que, quien se ostenta como defensor público del justiciable, únicamente destacó como acto reclamado los prohibidos por el artículo 22 constitucional; empero, tal circunstancia corresponde a cuestiones de disciplina del centro de reclusión en que se encuentra interno el directo quejoso y que, se itera, no fue señalado como reclamado destacado. Incompetencia Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos previstos por el artículo 22 constitucional. Entonces en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. En el caso, el acto reclamado tiene aparejada una emisión y ejecución material. Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de amparo es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto el cual tendrá su verificativo en el Estado de Nayarit; por tanto, el Juzgado de Distrito competente lo será aquél que tenga su residencia en el Estado de Nayarit. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por Luis Felipe Pupo Romero por conducto de Iván Josué Acosta Jiménez quien se ostenta como defensor público federal del gobernado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. Domicilio de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Expediente y notificaciones vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona los nombres de usuario generados por el sistema de consulta de expediente electrónico, y solicita se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas, instrúyase al oficial judicial "A", para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Solicítese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.
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