Luis Felipe Nava Torres
Expediente 692/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 5 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 05/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Felipe Nava Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta, por el que el promovente, desahoga la prevención formulada en auto de once de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, y una vez analizada la demanda de amparo, como el escrito de desahogo, este juzgador considera que en el caso concreto con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, debe desecharse la demanda, respecto de los actos reclamados que hacen consistir en: "(.) ACTO RECLAMADO.- De la primera de las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadora reclamo la resolución de la controversia 59/2020 de fecha doce de agosto de dos mil veinte, en mi perjuicio, por el C. Juez.de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio actuando como Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, y de las restantes autoridades señaladas como responsables, reclamó la ejecución de dicha resolución que pretenden llevar acabo por sí, o por conducto de sus subordinados." (sic). Resolución en la que dicho Juez de Distrito actuando como Juez de Ejecución, determinó: «No se advierte que su petición se ajuste a las controversias señaladas por Ley Nacional de Ejecución Penal, de las cuales el Juez de Ejecución tiene conocimiento.» Como se advierte, la parte quejosa aduce que se violentan en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucional, virtud a que reclama la determinación de doce de agosto del año en curso, dictada por el Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en la controversia 59/2020, en la que no le otorgó la amnistía a su favor. En ese contexto, a consideración de este juzgador, respecto del citado acto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en la materia, en la parte relativa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" Se patentiza dicho obstáculo jurídico para admitir la demanda de que se trata, respecto del acto a estudio, porque la citada fracción XVIII, del ordinal 61 de la ley en la materia, establece como excepciones a la regla que prevalece respecto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; así también, es preciso señalar que en la fracción que contiene el motivo de improcedencia que se analiza, no se incluye la libertad personal pero sí la contempla la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del país; quien además, ha sostenido el criterio de que cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución, el impetrante no estará obligado a agotar ese principio de definitividad. Lo anterior obedece a que no es posible obligar a los gobernados a agotar un recurso cuando no se le ha dado oportunidad de ser oído, en cuanto a la defensa de un derecho sustantivo que le corresponde, en el caso de los terceros extraños; y, de tratarse de actos prohibidos o privativos de libertad, por la importancia que éstos revisten en relación a los derechos humanos que se protegen, como son la vida, la integridad física y la libertad personal de los gobernados; es entonces que el juicio de amparo sí es procedente y no se obliga al gobernado a hacer uso de los medios ordinarios de defensa. Sin embargo, es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera ninguna de la excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII, del numeral 61 de la aludida ley, puesto que el acto que hace consistir en la determinación de doce de agosto del año en curso, dictada por el Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en la controversia 59/2020, en la que declaró improcedente la solicitud de amnistía del quejoso, no implica para el accionante, alguna de las afectaciones por parte de la autoridad, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Máxime que, del análisis de los conceptos de violación, no obstante que no es factible su estudio, se advierte que la parte quejosa, si bien es cierto alega violaciones directas a la constitución, concretamente las establecidas en los preceptos 14 y 16 de la ley suprema, también lo es, que el sólo hecho de alegarlo, no la exime de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, toda vez que el hecho que se haga referencia a preceptos constitucionales, no excluye de la obligación de agotarlos, siempre que éstos procedan, ya que de ser así, bastaría señalar violaciones directas a la constitución, para eludir la obligación de agotar el principio de definitividad. Por lo que, en el presente caso se hace inconcuso que no se cumplió con la exigencia de procedibilidad del amparo de haber promovido todos los recursos o medios de defensa al alcance de la parte quejosa para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir en amparo ante este juzgado federal. En efecto, la parte quejosa, debe de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 2207, Apéndice 1917-Septiembre 2011, de texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Igualmente cobra aplicación, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por último, es aplicable por identidad de razón, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido a página 211, Tomo XI, Marzo de 1993, Semanario Judicial de la Federación, de literalidad siguiente: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGÚN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México". Ahora bien, como ha quedado descrito, el acto reclamado por el quejoso, consistente en la determinación de doce de agosto del año en curso, dictada por el Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en la controversia 59/2020, en la que declaró improcedente la solicitud de amnistía que le realizó el quejoso, pudo ser modificada, revocada o nulificada, con el recurso de apelación que procede en su contra, en términos de los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. En efecto, si en esta instancia se reclama la determinación de doce de agosto del año en curso, en la que el Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en la controversia 59/2020, declaró improcedente la solicitud del agraviado, al referir que se encuentra dentro de las controversias de las que conoce conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el recurso de apelación, de conformidad con los ordinales 131 y 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que a través de ese recurso legal, se reitera, el acto impugnado podía ser modificado, revocado o nulificado; habida cuenta que, como quedó señalado en líneas que anteceden, la parte quejosa, debe de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en la presente instancia constitucional. Por tanto, si el promovente no agotó este medio de defensa, la demanda de amparo resulta improcedente; toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, ambos de la ley en la materia, procede desechar la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis IV.2o.A.19 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable a página 2056, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, RESPETA EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen en favor de las personas los derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, los cuales suponen un estándar internacional mínimo de protección que los Estados miembros de dicho instrumento internacional deben adoptar en sus normas de derecho interno. Bajo esta perspectiva, el hecho de que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio de amparo al agotamiento de los recursos ordinarios, respeta ese estándar internacional pues, en primer lugar, no se priva al particular del acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, dado que dentro del derecho positivo mexicano existen otros medios de defensa como el juicio contencioso administrativo federal previsto en los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, los recursos ante la propia autoridad administrativa y, en segundo, el principio de definitividad del juicio de amparo contiene un presupuesto procesal que se encuentra justificado en el hecho de evitar su proliferación innecesaria, en atención a su naturaleza de medio extraordinario. Aunado a lo anterior, el alcance de los referidos derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer procedente una vía jurisdiccional, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1587, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL." No es inadvertido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, Tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada a página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico".
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