Luis Felipe Montejo Alonzo

Expediente 616/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
616/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Felipe Montejo Alonzo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por Luis Felipe Montejo Alonzo, parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución del documento original que anexó a la demanda de amparo; en consecuencia, dígasele al ocursante, que no habiendo impedimento alguno se accede al devolución del documento solicitado, debiendo obrar en autos copia certificada del mismo. Por tanto, con apoyo al artículo 31, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a la parte quejosa en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente y esté en posibilidad de acudir al Juzgado a recoger el documento solicitado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso Luis Felipe Montejo Alonzo, mediante el cual cumple con la prevención que se le efectuó en proveído de nueve de abril del año en curso, consistente en: .Señale la etapa o estado procesal en que se encuentra el juicio de origen, esto es si ya se dictó sentencia ejecutoriada o se encuentra en ejecución. De lo anterior, se advierte que el promovente manifestó que la etapa o estado procesal en que se encuentra el juicio de origen, consiste en que en el juicio que reclama no se ha dictado la sentencia respectiva. Consecuentemente, de la lectura de la demanda de amparo de mérito y del escrito aclaratorio, se aprecian motivos manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento que se le realizó en autos del expediente 361/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Manuel Jesús Coronado Sosa, por conducto de su endosatario en procuración, en contra de David Augusto Contreras Canto y Luis Felipe Montejo Alonzo, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; por tanto, en la especie, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que la parte quejosa no agotó, previamente a la promoción de este juicio, el medio de defensa previsto en la legislación ordinaria que regula el acto reclamado. Se afirma lo anterior, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el quejoso, reclama el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 361/2020, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; acto contra el cual procede el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, mismo numeral que dispone lo siguiente: Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Del precepto transcrito, se desprende que la parte impetrante del amparo debió agotar el medio de defensa legal que la ley le concede, que en el presente caso resulta ser el incidente de nulidad, de conformidad con el numeral de marras, a fin de que, en el supuesto de que fuera procedente tal incidente, se declarara la nulidad de todo lo actuado en el controvertido de origen; y en el supuesto de que la interlocutoria que llegara a dictarse, le fuera adversa a sus intereses, podría interponer el recurso correspondiente. Ello, cuenta habida que si bien es cierto que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo, no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que la parte quejosa manifieste que no ha sido oída en juicio, hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable en el presente caso, ya que de las constancias remitidas por el Juzgado responsable se advierte, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, sino que se encuentra aún en trámite, y por el otro, que la parte quejosa aparece como demandada en el mismo. De manera que al existir la relación procesal entre las partes actora y demandada, y de que ésta puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, era indispensable que, antes de acudir al juicio de garantías, agotara el medio de defensa que le concede el artículo precisado en párrafos precedentes, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones, a partir del llamamiento que tilda de ilegal, para de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad, a fin de ser oída y vencida en el juicio natural, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad. Caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis, la afectada no hubiera podido comparecer al juicio, por no haber sido citada en términos de ley y no estar ya en aptitud de interponer algún recurso ordinario, por lo que en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley; empero, lo anterior no acontece en la especie, por los motivos indicados supralíneas. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 55, del número 84, Diciembre de 1994, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley." Por consiguiente, debe decirse que si la parte quejosa tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de nulificar el precitado acto reclamado, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia.

  4. Principal

    Agréguense a los presentes autos los escritos presentados vía electrónica por Alfonso Andrade Martín y Adolfo Pérez Hernández, autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa "BEBIDAS INTERNACIONALES BEPENSA", "MEGA EMPACK, y "KIMPEN", "AKTIUM", "MEGAFIX", "AUTOSUMINISTROS PENINSULARES", "EQUINOVA", "DISTRIBUIDORA MEGAMAK", "RENT-A-MATIC-ITZA", "B PARTES", "YUCATÁN MOTORS", "AGENCIAS MERCANTILES", y "METAPLUS", todas Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual realizan diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en atención a ello, tómese en consideración dichas manifestaciones al momento de resolver sobre el cumplimiento o no de la misma.

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