Luis Felipe Mercado Orozco

Expediente 1308/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1308/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Luis Felipe Mercado Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 55 a 61), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho y en su calidad de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, sin que dicho impetrante lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, devuélvanse al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de México, la copia certificada del expediente relativo a los recursos de revisión acumulados **** en un tomo, y copia certificada del procedimiento administrativo **** en once tomos, sin que sea necesario el acuse de recibo de dichas constancias al tratarse únicamente de copias compulsadas. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos la copia digitalizada relativa a la comunicación oficial 982/2018, remitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 226/2018 (orden 335/2018), por los motivos que expone en el mismo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y dese de baja dicha comunicación oficial. En ese sentido, ante la imposibilidad que manifiesta la autoridad exhortante de notificar el proveído de veintiocho de agosto del año en curso, al promovente ********************** por su propio derecho y en su calidad de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el domicilio que señaló para tal efecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de veintiocho de agosto del año en curso y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2008, Novena Época, Materia Común, con número de registro 169843, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese y por lista a la parte quejosa el presente auto y el diverso de veintiocho de agosto del año en curso. ASIMISMO, SE NOTIFICA EL PROVEIDO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: "RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 7942, signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo directo 418/2018 de su índice, del que se advierte que dicho órgano colegiado estimó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ************************, por propio derecho y en su calidad de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, contra actos del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, y otra autoridad; asimismo remite copia certificada del expediente relativo a los recursos de revisión acumulados ********************** en un tomo, y copia certificada del procedimiento administrativo *********************** en once tomos; en esas condiciones, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1308/2018-VI, y acúsese recibo. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, éste juzgador interpreta que el acto reclamado es: la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados *********************, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente ************************. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. DESECHAMIENTO. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: La resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados *********************, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente ********************. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que los actos reclamados por la parte quejosa se encuentran consentidos tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados *******************, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente **********************. De donde se desprende que se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento judicial (recurso de revisión), en el cual el aquí quejoso resulta ser la parte recurrente; por lo cual se estima que sí se encuentra sujeto al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a partir de día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Motivo por el cual, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados ********************, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente ********************. De lo expuesto, resulta evidente para este Juzgado, que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, ésta tuvo conocimiento el nueve de julio de dos mil dieciocho, pues de la demanda de cuenta se advierte que manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "V. Fecha de notificación del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad expreso que con fecha 9 de julio del año 2018, mediante oficio *************** fui notificado de la resolución del recurso de revisión ************************* acumulados. [..]". Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Circunstancia que queda debidamente acreditada, con las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, de las que se advierte que efectivamente el nueve de julio de dos mil dieciocho, se verificó la notificación a la parte quejosa de la resolución combatida (foja 471 de las copias certificadas relativas a los recursos de revisión acumulados **************************. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional (que se analizan en el presente apartado), en términos de lo previsto en la segunda hipótesis a que se refiere el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con la segunda hipótesis a que se refiere el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación con la que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo, como quedó precisado en párrafos precedentes, tuvo conocimiento del acto reclamado, el nueve de julio de esta anualidad, surtiendo efectos la misma, conforme a la ley de la materia, al día siguiente hábil (diez de julio), según lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Es aplicable a lo anterior la tesis II.1o.A.5 A (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2065, Materia Administrativa, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. EL PLAZO PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD, APLICADO SUPLETORIAMENTE. El artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México establece que el aludido medio de impugnación debe interponerse dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha en que el afectado haya tenido conocimiento del acto o resolución recurrida. Sin embargo, existe vaguedad en tal disposición respecto de cuándo surte efectos la notificación personal de la resolución emitida por el auditor superior de fiscalización del Estado de México en un procedimiento de responsabilidad resarcitoria, por lo que en este caso, a fin de armonizar su contenido debe acudirse, al no preverlo la ley especial, a la norma supletoria según el numeral 70, último párrafo, del mencionado ordenamiento, que en este caso es el artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos de esa entidad, acorde al principio pro personae, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga la posibilidad de acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso. Por tanto, la notificación personal del acto o resolución que se considera ocasiona perjuicio, en un procedimiento de esta naturaleza, surte sus efectos desde el día hábil siguiente al en que se practica y, a partir del día hábil siguiente al en que surte efectos la notificación, es que debe efectuarse el cómputo respectivo, en virtud de que debe preferirse la interpretación más favorable." En esas condiciones, si la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el diez de agosto de dos mil dieciocho, según se advierte del sello de recepción de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo OSFEM (foja 7); por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea respecto de los referidos actos reclamados; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, pues la referida notificación surtió efectos el diez de julio de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de quince días trascurrió del once de julio al siete de agosto de dos mil dieciocho, sin contar los días catorce al veintidós, por corresponder a la segunda etapa del primer periodo vacacional del año dos mil dieciocho, de la autoridad responsable, establecido en el calendario oficial del Poder Legislativo del Estado de México; así como veintiocho y veintinueve de julio, cuatro y cinco de agosto, todos de dos mil dieciocho, por así contemplarlo los ordinales 18 y 19 de la invocada Ley de Amparo, como se ejemplifica en el siguiente cuadro: Es aplicable la Jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Aunado a lo anterior, la notificación que le fuera realizada a la parte quejosa el nueve de julio de dos mil dieciocho -relativa a la determinación que reclama- adquiere presunción de legalidad, en razón de que aquélla no se combate por vicios propios en este asunto, así como tampoco se desprende que tal diligencia, actualmente, haya sido declarada nula; de ahí que, tal notificación, debe considerarse válida para efectos del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo. Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ***************, por propio derecho y en su carácter de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, contra actos del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, y otra autoridad, por notoriamente improcedente. SE LIBRA EXHORTO. Considerando que la parte quejosa, *****************, por propio derecho y en su calidad de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, tiene su domicilio fuera de la residencia de este Juzgado; con apoyo en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la legislación de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en: *********************************************. En busca del citado quejoso, y le notifique la presente determinación, de igual modo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al juzgado exhortado para que en el caso de que el domicilio que se proporciona no sea correcto, pero le fuese informado que es uno distinto, practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a ************************, por no contar con dicho registro. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese, y personalmente mediante exhorto al quejoso."

  3. Principal

    MESA VI. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 7942, signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo directo 418/2018 de su índice, del que se advierte que dicho órgano colegiado estimó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Felipe Mercado Orozco, por propio derecho y en su calidad de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, contra actos del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, y otra autoridad; asimismo remite copia certificada del expediente relativo a los recursos de revisión acumulados RR-PAR/71/2016 y RR-PAR/73/2016 en un tomo, y copia certificada del procedimiento administrativo OSFEM/UAJ/PAR-AI/353/13 en once tomos; en esas condiciones, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1308/2018-VI, y acúsese recibo. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, éste juzgador interpreta que el acto reclamado es: la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados RR-PAR/71/2016 y RR-PAR/73/2016, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente OSFEM/UAJ/PAR-AI/353/13. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. DESECHAMIENTO. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en:  La resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados RR-PAR/71/2016 y RR-PAR/73/2016, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente OSFEM/UAJ/PAR-AI/353/13. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que los actos reclamados por la parte quejosa se encuentran consentidos tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados RR-PAR/71/2016 y RR-PAR/73/2016, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente OSFEM/UAJ/PAR-AI/353/13. De donde se desprende que se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento judicial (recurso de revisión), en el cual el aquí quejoso resulta ser la parte recurrente; por lo cual se estima que sí se encuentra sujeto al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a partir de día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Motivo por el cual, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión acumulados RR-PAR/71/2016 y RR-PAR/73/2016, que declaró la validez de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, pronunciada en el expediente OSFEM/UAJ/PAR-AI/353/13. De lo expuesto, resulta evidente para este Juzgado, que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, ésta tuvo conocimiento el nueve de julio de dos mil dieciocho, pues de la demanda de cuenta se advierte que manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "V. Fecha de notificación del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad expreso que con fecha 9 de julio del año 2018, mediante oficio OSFEM/UAJ/DS/DSB/1494/2018 fui notificado de la resolución del recurso de revisión RR-PAR/71/2016 y RR-PAR/73/2016 acumulados. [..]". Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Circunstancia que queda debidamente acreditada, con las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, de las que se advierte que efectivamente el nueve de julio de dos mil dieciocho, se verificó la notificación a la parte quejosa de la resolución combatida (foja 471 de las copias certificadas relativas a los recursos de revisión acumulados RR-PAR/71/2016 y RR-PAR/73/2016). Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional (que se analizan en el presente apartado), en términos de lo previsto en la segunda hipótesis a que se refiere el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con la segunda hipótesis a que se refiere el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación con la que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo, como quedó precisado en párrafos precedentes, tuvo conocimiento del acto reclamado, el nueve de julio de esta anualidad, surtiendo efectos la misma, conforme a la ley de la materia, al día siguiente hábil (diez de julio), según lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Es aplicable a lo anterior la tesis II.1o.A.5 A (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2065, Materia Administrativa, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. EL PLAZO PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD, APLICADO SUPLETORIAMENTE. El artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México establece que el aludido medio de impugnación debe interponerse dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha en que el afectado haya tenido conocimiento del acto o resolución recurrida. Sin embargo, existe vaguedad en tal disposición respecto de cuándo surte efectos la notificación personal de la resolución emitida por el auditor superior de fiscalización del Estado de México en un procedimiento de responsabilidad resarcitoria, por lo que en este caso, a fin de armonizar su contenido debe acudirse, al no preverlo la ley especial, a la norma supletoria según el numeral 70, último párrafo, del mencionado ordenamiento, que en este caso es el artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos de esa entidad, acorde al principio pro personae, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga la posibilidad de acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso. Por tanto, la notificación personal del acto o resolución que se considera ocasiona perjuicio, en un procedimiento de esta naturaleza, surte sus efectos desde el día hábil siguiente al en que se practica y, a partir del día hábil siguiente al en que surte efectos la notificación, es que debe efectuarse el cómputo respectivo, en virtud de que debe preferirse la interpretación más favorable." En esas condiciones, si la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el diez de agosto de dos mil dieciocho, según se advierte del sello de recepción de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo OSFEM (foja 7); por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea respecto de los referidos actos reclamados; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, pues la referida notificación surtió efectos el diez de julio de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de quince días trascurrió del once de julio al siete de agosto de dos mil dieciocho, sin contar los días catorce al veintidós, por corresponder a la segunda etapa del primer periodo vacacional del año dos mil dieciocho, de la autoridad responsable, establecido en el calendario oficial del Poder Legislativo del Estado de México; así como veintiocho y veintinueve de julio, cuatro y cinco de agosto, todos de dos mil dieciocho, por así contemplarlo los ordinales 18 y 19 de la invocada Ley de Amparo, como se ejemplifica en el siguiente cuadro: MAYO 2018 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 23 FECHA DEL ACTO RECLAMADO 24 25 26 27 28 29 30 31 JULIO 2018 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 9 NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 10 SURTE EFECTOS NOTIFICACIÓN 11 DIA UNO 12 DIA DOS 13 DIA TRES 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 DIA CUATRO 24 DIA CINCO 25 DIA SEIS 26 DIA SIETE 27 DIA OCHO 28 29 30 DIA NUEVE 31 DIA DIEZ AGOSTO 2018 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 DIA ONCE 2 DIA DOCE 3 DIA TRECE 4 5 6 DIA CATORCE 7 DIA QUINCE 8 9 10 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 11 12 Es aplicable la Jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Aunado a lo anterior, la notificación que le fuera realizada a la parte quejosa el nueve de julio de dos mil dieciocho -relativa a la determinación que reclama- adquiere presunción de legalidad, en razón de que aquélla no se combate por vicios propios en este asunto, así como tampoco se desprende que tal diligencia, actualmente, haya sido declarada nula; de ahí que, tal notificación, debe considerarse válida para efectos del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo. Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Luis Felipe Mercado Orozco, por propio derecho y en su carácter de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, contra actos del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, y otra autoridad, por notoriamente improcedente. SE LIBRA EXHORTO. Considerando que la parte quejosa, Luis Felipe Mercado Orozco, por propio derecho y en su calidad de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, tiene su domicilio fuera de la residencia de este Juzgado; con apoyo en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la legislación de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en:  Calle Gallo Colorado, número 64, despacho I, colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México. En busca del citado quejoso, y le notifique la presente determinación, de igual modo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al juzgado exhortado para que en el caso de que el domicilio que se proporciona no sea correcto, pero le fuese informado que es uno distinto, practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Agustín Rivera Merino y Francisco Chairez Guardado, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a Héctor Serrano Tirado, por no contar con dicho registro. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese, y personalmente mediante exhorto al quejoso.

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