Luis Felipe Martínez Rangel y Otros.

Expediente 1983/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1983/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2016

Partes del expediente

  • Luis Felipe Martínez Rangel y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo; para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo; no existen documentos originales exhibidos por las partes; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. No obsta a la anterior determinación, la circunstancia de que no se cuente con el acuse de recibo relativo al oficio a través del cual se hizo del conocimiento de la autoridad responsable foránea, la resolución dictada en el juicio de amparo en que se actúa; lo anterior es así, ya que la misma no afecta directamente el acto que de ella se reclamó en términos de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio por las autoridades indicadas en el considerando tercero, punto 3.1 de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a Luis Felipe Martínez Rangel, contra el acto que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando tercero, punto 3.2, por los motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. TERCERO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando sexto de este fallo. CUARTO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    De la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, dentro del término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo solicitado, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 3° transitorio, requiérase a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Misantla, Veracruz, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifiquen haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo o, en su caso, comuniquen las medidas que adopten con tal finalidad o el impedimento legal que tengan para hacerlo; apercibidas que de no cumplir se les impondrá una multa por el equivalente de CIEN A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se continuará con el procedimiento establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo, que a continuación se cita: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

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