Luis Felipe Magaña Medina y Otros.
Expediente 521/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 58 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Felipe Magaña Medina y Otros.
- Josefina Gardea Marín
- Luis Felipe Magaña Medina
- Ariadna Magaña Medina
- Amparo Figueroa Nolasco
- Eudaldo Bravo Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por **************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, las que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que indica en su ocurso, previo desglose y certificación que en su lugar se deje.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes, en proveído de cinco de los actuales, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo hayan hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo conducente, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el veinte de julio de dos mil dieciocho, se sobreseyó por un lado y se concedió por otro la protección constitucional a ****************, para el efecto de que el Director General de Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento Municipal de Celaya, realizaran lo siguiente: "1. Hacer del conocimiento de los mencionados quejosos la solicitud, así como toda la documentación recaba que obre en su poder, que culminó con el oficio DGDU/INSP-0276/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete, firmado el Director General de Desarrollo Urbano. Asimismo, se les deberá informar las consecuencias, esto es, las posibles decisiones pudiera adoptar el Ayuntamiento, en torno de la solicitud de prórroga efectuada por la aquí tercera interesada y en qué pudieran sustentarse. Efectuado lo anterior, deberán respetar las demás formalidades esenciales del procedimiento concediéndoles un plazo razonable para que expongan su posición al respecto y ofrezcan y desahoguen las pruebas de su interés. Asimismo, uno diverso, para que aleguen lo que a su interés convenga y, una vez fenecido este, se emita la resolución que corresponda." b) Inconformes con dicha resolución, los quejosos ****************, interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, y mediante ejecutoria de diez de enero del año en curso, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado respecto de los actos imputados al Director General de la Policía Municipal, AL director General de Transito y Policía Vial, al Presidente Municipal y al Director de Protección Civil y Bomberos, todos del Municipio de Celaya, Guanajuato. SEGUNDO. En materia de la revisión, se confirma la sentencia de veinte de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 521/2017-III. TERCERO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria la Justicia de la Unión ampara y protege a *******************." En la ejecutoria de mérito se decidió: ".se impone modificar los efectos del amparo concedido por el a quo y otorgar la protección constitucional, para vincular a la autoridad responsable Director General de Desarrollo Urbano del Municipio de Celaya, Guanajuato, a retirar los accesos contralados que autorizó mediante oficio DGDU/INSP-0276/2017 de veinte de abril de dos mil diecisiete." c) En auto de veintidós de enero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del indicado Tribunal de Alzada y se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) Mediante oficio registrado con el número 1423, el Director General de Desarrollo Urbano de esta ciudad, remitió copias simples de impresiones fotográficas y nueve actas de hechos levantadas el once de febrero del año en curso, de las cuales siete de ellas se encuentran debidamente certificadas y las relacionadas con la calle ********************, no se encontraban con firma autógrafa en la certificación asentada al reverso de las mismas, motivo por el cual se requirió a la responsable para que remitiera dichas actas debidamente certificadas. e) Atento a lo anterior, el cinco de los actuales se tuvo a la responsable exhibiendo las copias certificadas de las actas de hechos solicitadas en auto de veintiséis de febrero del presente año. Con dicho cumplimiento se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés convenga, sin que lo hayan hecho. Del examen de las constancias remitidas, que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el Director General de Desarrollo Urbano de esta ciudad, efectuó lo siguiente: Con fecha once de febrero del presente año, personal a su cargo retiró los accesos controlados que habían sido colocados en la colonia Álamos Oriente de esta ciudad, por autorización del oficio DGDU/INSP-0276/2017. En esas condiciones, el suscrito estima que a través del acto emitido por la responsable y citado en párrafos que anteceden, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. De conformidad al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes, en proveído de cinco de los actuales, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo hayan hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo conducente, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el veinte de julio de dos mil dieciocho, se sobreseyó por un lado y se concedió por otro la protección constitucional a ****************, para el efecto de que el Director General de Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento Municipal de Celaya, realizaran lo siguiente: "1. Hacer del conocimiento de los mencionados quejosos la solicitud, así como toda la documentación recaba que obre en su poder, que culminó con el oficio DGDU/INSP-0276/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete, firmado el Director General de Desarrollo Urbano. Asimismo, se les deberá informar las consecuencias, esto es, las posibles decisiones pudiera adoptar el Ayuntamiento, en torno de la solicitud de prórroga efectuada por la aquí tercera interesada y en qué pudieran sustentarse. Efectuado lo anterior, deberán respetar las demás formalidades esenciales del procedimiento concediéndoles un plazo razonable para que expongan su posición al respecto y ofrezcan y desahoguen las pruebas de su interés. Asimismo, uno diverso, para que aleguen lo que a su interés convenga y, una vez fenecido este, se emita la resolución que corresponda." b) Inconformes con dicha resolución, los quejosos ****************, interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, y mediante ejecutoria de diez de enero del año en curso, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado respecto de los actos imputados al Director General de la Policía Municipal, AL director General de Transito y Policía Vial, al Presidente Municipal y al Director de Protección Civil y Bomberos, todos del Municipio de Celaya, Guanajuato. SEGUNDO. En materia de la revisión, se confirma la sentencia de veinte de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 521/2017-III. TERCERO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria la Justicia de la Unión ampara y protege a *******************." En la ejecutoria de mérito se decidió: ".se impone modificar los efectos del amparo concedido por el a quo y otorgar la protección constitucional, para vincular a la autoridad responsable Director General de Desarrollo Urbano del Municipio de Celaya, Guanajuato, a retirar los accesos contralados que autorizó mediante oficio DGDU/INSP-0276/2017 de veinte de abril de dos mil diecisiete." c) En auto de veintidós de enero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del indicado Tribunal de Alzada y se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) Mediante oficio registrado con el número 1423, el Director General de Desarrollo Urbano de esta ciudad, remitió copias simples de impresiones fotográficas y nueve actas de hechos levantadas el once de febrero del año en curso, de las cuales siete de ellas se encuentran debidamente certificadas y las relacionadas con la calle ********************, no se encontraban con firma autógrafa en la certificación asentada al reverso de las mismas, motivo por el cual se requirió a la responsable para que remitiera dichas actas debidamente certificadas. e) Atento a lo anterior, el cinco de los actuales se tuvo a la responsable exhibiendo las copias certificadas de las actas de hechos solicitadas en auto de veintiséis de febrero del presente año. Con dicho cumplimiento se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés convenga, sin que lo hayan hecho. Del examen de las constancias remitidas, que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el Director General de Desarrollo Urbano de esta ciudad, efectuó lo siguiente: Con fecha once de febrero del presente año, personal a su cargo retiró los accesos controlados que habían sido colocados en la colonia Álamos Oriente de esta ciudad, por autorización del oficio DGDU/INSP-0276/2017. En esas condiciones, el suscrito estima que a través del acto emitido por la responsable y citado en párrafos que anteceden, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. De conformidad al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
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