LUIS FELIPE LÓPEZ ECHEVERRIA y Otros.

Expediente 1039/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1039/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • LUIS FELIPE LÓPEZ ECHEVERRIA y Otros.
  • Luis Felipe López Echeverria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el seis de enero de dos mil veintitrés -que en su oportunidad causó ejecutoria (30-enero-2023)-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: - Dejar insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ***********..*******, por la que la responsable confirmó la resolución recurrida, dictada por la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en la causa penal *******.....****, en audiencia celebrada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, que negó la suspensión condicional del proceso, solicitada por la defensa del imputado, y - En su lugar, dicte otra en la que prescinda del argumento que estableció en el sentido de que no es dable hacer el análisis sobre la eficacia de la prueba que acredite o justifique el monto de la reparación del daño que se reclame, y proceda a valorar los datos de prueba expuestos por la asesora jurídica de la víctima y la Representante Social, si resultan suficientes para acreditar el pago que debe realizarse a la asesora jurídica de la parte víctima, para así evidenciar de manera tangible que la oposición hecha valer tiene una justificación indiscutible, y con plenitud de jurisdicción emita la determinación correspondiente. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio ******..***, de dos de febrero del actual, recibido en este juzgado el tres siguiente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal *****.****. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que por resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el toca penal ******.******, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictada en el citado toca penal, y en su lugar dictó otra, en la que prescindió del argumento establecido con anterioridad, esto es, en el sentido de que no era dable hacer el análisis sobre la eficacia de la prueba que acreditara o justificara el monto de la reparación del daño que se reclame, y ahora en su lugar procedió a valorar los datos de prueba expuestos por la asesora jurídica de la víctima y la Representante Social, a fin de establecer si resultan suficientes para acreditar el pago que debe realizarse a la asesora jurídica de la parte víctima, y a ese respecto señaló que ". la sola oposición de la víctima ofendido, relacionado con el monto de la reparación del daño no es suficiente, ya que ello debe estar justificado objetivamente en algún dato de prueba para que, por este motivo, resulte fundada la oposición de la víctima, y, como consecuencia, improcedente la suspensión condicional del proceso solicitada; luego, concluyó que "el informe emitido por la C. ******, trabajadora social adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, mediante escrito de 25 de abril de 2021, resulta insuficiente, por sí mismo, para acreditar que la víctima ., efectivamente erogó, por concepto del pago de servicio de asesoría jurídica, la cantidad de treinta mil pesos, como, en esencia, así lo alegó el efectos particular del imputado (.)". Luego transcribió lo que las partes manifestaron en audiencia y expuso abreviadamente lo que dijeron, para luego analizar el dato de prueba (emitido por la C. *******, trabajadora social adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres) en que se justificó el pago erogado por los servicios del asesor particular; también señaló que en el referido informe se observaron otros gastos diversos al monto del pago de la asesoría jurídica; sin embargo, de la transcripción de la audiencia y lo alegado en la misma, apreció que ello no fueron motivo de controversia, sino al contrario, el imputado por conducto de su defensor particular, aceptó cubrirlos como parte del plan de reparación del daño planteado, y si ello es así, señaló que es razonable y proporcional que deben ser considerados para tal fin, es decir, como parte del plan de reparación del daño propuesto, ya que señaló, que no se debe perder de vista que la naturaleza de la suspensión condicional del proceso, es la de una solución alterna al conflicto penal generado por la comisión de un ilícito penal en donde la voluntad de las partes cobra especial relevancia. Por lo que, con plenitud de jurisdicción determinó que ".al resultar incorrecta, por los motivos ya indicados, la determinación de la jueza natural en el sentido de declarar fundada la oposición de la víctima directa e improcedente, por lo mismo, la solicitud de la suspensión condicional del procesos formulada por el defensor particular del imputado ********; lo pertinente es, con fundamento en el artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declarar la nulidad de la resolución impugnada y ordenar la reposición de la audiencia celebrada el día veintiuno de abril de dos mil veintidós, a partir del momento en que la a quo dictó tal determinación, con el fin de que, sin tomar en consideración que lo alegado tanto por el representante social como por los asesores jurídicos y la propia víctima directa, en torno al monto que dice que erogó por concepto del pago de la asesoría jurídica particular, está debidamente justificado con el informe suscrito por la C. ******, trabajadora social adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres mediante escrito de 25 de abril de 2021, resuelva si es procedente o no la solicitud de suspensión condicional del proceso formulada por el defensor particular del imputado ******, es decir, proceda al análisis de si los requisitos para la procedencia de esta salida alterna se encuentran o no satisfechos, y de ser el caso, apruebe o modifique el plan de reparación del daño planteado por el solicitante y fije las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso, así como las demás determinaciones propias de esta salida alterna, en los términos que lo prevén los artículo 192, 193, 194, 195 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En razón a lo anterior, en el punto resolutivo segundo de la nueva resolución que emitió declaró la nulidad de la resolución impugnada (dictada por la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en la causa penal ***, que negó la suspensión condicional del proceso, solicitada por la defensa del imputado), y ordenó la reposición de la audiencia celebrada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, a partir del momento en que la a quo dictó tal determinación, con el fin de que, sin tomar en consideración que lo alegado tanto por el representante social como por los asesores jurídicos y la propia víctima directa, en torno al monto que ésta erogó por concepto del pago de la asesoría jurídica particular, está debidamente justificado con el informe suscrito por la C. *********, trabajadora social adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, mediante escrito de 25 de abril de 2021; resuelva si es procedente o no la solicitud de suspensión condicional del proceso formulada por el defensor particular del imputado *****, es decir, proceda al análisis de si los requisitos para la procedencia de esta salida alterna se encuentran satisfechos y, de ser el caso, apruebe o modifique el plan de reparación del daño planteado por el solicitante y fije las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso, así como las demás determinaciones propias de esta salida alterna. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Valor histórico, jurídico y de relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Depuración del expediente Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Incidente de suspensión En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1039/2022, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental, se negó y se concedió la suspensión provisional y definitiva. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 18, fracción I, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la propia anualidad; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.1, 7.1.1 y 2. Destrucción del duplicado, depuración y destino del original Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que el original, por haberse concedido la suspensión definitiva, fenecido el plazo de tres años y dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, posteriormente, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y terceras interesadas, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Finalmente, se tiene a la oficiante acusando recibo del disco versátil digital (DVD) y los autos originales del toca penal número JOTPAI/11/2022 de su índice, que había remitido como apoyo a su informe justificado. Notifíquese personalmente.

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