Luis Felipe Lopez Baas
Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luis Felipe Lopez Baas
- Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE FIRMA
- Principal
II- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Agréguese la copia del escrito firmado por el quejoso, mediante el cual, manifiesta que en la presente incidencia se concedió la suspensión definitiva; sin embargo, que la autoridad responsable aún no señala el monto de la garantía que debe otorgar para que surta efectos dicha suspensión; motivo por el cual, solicita que este órgano jurisdiccional le quiera en ese sentido. Al respecto, la suspensión definitiva se concedió para el efecto siguiente: " Establecida la procedencia de esta medida cautelar, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que se devuelva a la parte interesada el vehículo identificado como marca Volkwagen, línea Saveiro, modelo 2019, clase comercial, tipo Saveiro Robust, 2 puertas, 4 cilindros, motor CFZT92947, color blanco Candy, transmisión manual 5 velocidades, número de serie 9BWKB45U4KP036487, pues no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le infiere un daño que de otra manera no se resentiría, puesto que no se impide que se aplique la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en el sentido de que se sancione a quien preste un servicio de transporte sin permiso para hacerlo y sin portar los documentos a que hace referencia el artículo 198, fracción VI, de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, esto es, no se autoriza que se preste un servicio público sin tener la concesión respectiva y tampoco imposibilita que, en su caso, se efectúe el cobro de la sanción económica, porque la concesión únicamente recae sobre las consecuencias del acto reclamado, pues la suspensión no autoriza al quejoso a que siga prestando un servicio de transporte sin contar con la concesión respectiva del Estado. [.]" "[.] En el entendido que la medida cautelar aquí decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no acredita en un término de cinco días, haber constituido garantía ante la autoridad exactora, para responder por la multa que se haya impuesto y por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Se arriba a lo anterior, porque el otorgamiento de la suspensión definitiva no exonera al agraviado de realizar el pago de la multa que en su caso se haya impuesto, siendo precisamente ésa la razón por la que, con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la eficacia de la medida precautoria debe quedar condicionada a que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, únicamente en relación con las multas que se hubieren generado con motivo de la infracción cometida. [.]" Por tanto, tomado en consideración las manifestaciones realizadas por el promovente mediante oficio con transcripción del presente auto con copia del escrito que se provee, requiérase a la autoridad responsable director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas legalmente computadas, informe si el quejoso tiene alguna multa relacionado con el acto reclamado o en su caso el trámite que se encuentre realizando al respecto. Se apercibe a la citada autoridad que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, se le impondrá una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
II- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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