Luis Felipe León Balbanera
Expediente 198/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Felipe León Balbanera
- María Cristina Carranza Piña
- Juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
- Luis Felipe León Balbanera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término el auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración de expedientes. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Por tanto, con apoyo en los artículos 18 y 21, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo que antecede, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el juicio y depurarse el cuaderno original del incidente de suspensión, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se agrega. Visto el comunicado del jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica en representación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, por medio del cual rinde informe justificado. Al respecto, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que el veinte de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Michoacán, rindiendo INFORME JUSTIFICADO, con el cual se ordena dar vista a las partes. 1.2. Pruebas documentales. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofertando como pruebas de su parte las documentales descritas en su informe con justificación. En tales condiciones y, dada su naturaleza, las mismas se tienen por admitidas y desahogadas. 2. Estado de autos. Ahora, del estado procesal se advierte que la parte quejosa acudió a esta instancia judicial para reclamar el auto dictado el veinte de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario administrativo JA-100/2019-III, del índice del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Michoacán, mediante el cual se impone una multa al presidente, síndico y director de seguridad pública, todos del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.), por concepto de incumplimiento de sentencia. En ese sentido, mediante auto admisorio de dos de septiembre del año en curso, se requirió a las autoridades, entre ellas al juez responsable, para que rindieran el informe justificado correspondiente; lo que así ocurrió en esta misma data, como se advierte de los párrafos que anteceden, por medio del cual manifestó ser cierto el acto reclamado, empero, también dedujo haber dejado sin efectos las multas impuestas en acuerdo de veinte de enero de la presente anualidad (motivo de la presente litis constitucional), porque se ordenó el archivo definitivo en el juicio de origen virtud al cumplimiento total de la sentencia definitiva en torno al convenio celebrado entre las partes procesales. Para sustentar su dicho, remitió copia certificada del juicio ordinario administrativo JA-100/2019-III. 3. Actualización de causal de improcedencia. Es importante indicar que, atendiendo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia son de estudio oficioso por el órgano que conozca del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley en la materia. De dicho precepto legal se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Sobre el particular, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran autos, se advierte que los quejosos, como se dijo, reclaman el auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio subyacente, en el que se les impone una multa a cada uno consistente en $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.). Sin embargo, de las constancias que allegó el juez responsable, se evidencia que mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplido un convenio celebrado entre las partes que integran la relación jurídico procesal en el juicio administrativo de origen, lo que conllevó a que se tuviera por cumplida la sentencia dictada y, por ende, se ordenara el archivo definitivo de la controversia judicial administrativa de origen; además, el órgano jurisdiccional responsable dejó sin efectos las multas impuestas a los quejosos, entre ellas, las que reclamaron les fueron impuestas en acuerdo de veinte de enero pasado. En efecto, la autoridad responsable señalada como ordenadora dejó sin efectos el acuerdo de veinte de enero del año en curso, en el cual se impuso a la parte quejosa multa; en ese sentido, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos de la imposición de multas reclamadas por los quejosos, por lo que es evidente que se les restituyó en el goce de los derechos vulnerados y, por tanto, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de una conducta de autoridad, por haber dejado de surtir efectos. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo. Asimismo, se deja sin efectos la hora fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno.
- Incidental
VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo Luis Felipe León Balbanera, María Cristina Carranza Piña y Miguel ángel Hernández Vázquez, por si, y en cuanto Presidente, Síndica y Director del Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, solicitaron la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: El auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Ordinario Administrativo JA-0100/2019-11 del índice del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, mediante el cual se impone multa al presidente, síndico y director de seguridad pública, todos del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, por la cantidad de $8,962.00 ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, por concepto de incumplimiento con la sentencia. TERCERO. Procedencia de la suspensión peticionada. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: I. Que exista la solicitud del agraviado. Se satisface, en virtud de que en el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. II. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse. Se encuentra colmado, dado que los actos de que se duele la parte incidentista pueden ser suspendidos al tratarse de actos positivos con efectos susceptibles de ejecutarse. III. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se encuentra cumplido, pues, con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social y de negarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos previsto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva peticionada, para el efecto de que no se haga efectiva la multa impuesta en el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinario administrativo JA-0100/2019-II, por el Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por el equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); ello hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la ejecutoria de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal definitiva. CUARTO. Garantía. En el caso, la medida cautelar surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, ello en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo; circunstancia que deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que dicha medida cautelar no surte efectos si: a) fue objeto de diversa medida cautelar derivada de sumario de amparo diverso; b) la parte quejosa ya fue oída y vencida en juicio; c) deriva de autoridad responsable diversa; o d) si ya fue ejecutado el referido acto reclamado. QUINTO. Efectos diversos. Realizado el análisis respecto del efecto para el cual la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, cabe precisar que este órgano jurisdiccional no advierte un efecto diverso por el que pueda concederse la medida cautelar. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE CONDEDE la suspensión definitiva a Luis Felipe León Balbanera, María Cristina Carranza Piña y Miguel ángel Hernández Vázquez, por si, y en cuanto Presidente, Síndica y Director del Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, conforme a los considerativos tercero y cuarto de la presente resolución interlocutoria.
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