Luis Felipe Hernández Blanco

Expediente 579/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
579/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Luis Felipe Hernández Blanco
  • Luis Felipe Hernández Blanco y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...Del estado de autos, se advierte que, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido...

  2. Principal

    ...Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, por los motivos en ella expuestos. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación así como las subsecuentes por lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes...Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Luis Felipe Hernández Blanco y Néstor José Pérez Guzmán, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía de la Célula Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, con sede en Poza Rica, Veracruz, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 579/2018/IV-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo . Toda vez que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Luis Felipe Hernández Blanco y Néstor José Pérez Guzmán, promueven el presente asunto en contra de la acusación formulada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía de la Célula Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, con sede en Poza Rica, Veracruz, por el delito de posesión y almacenamiento ilícito de Hidrocarburo, dentro de la Carpeta Judicial 65/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Precisado lo anterior, es de advertirse que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma ley , establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado no rebase lo puramente procesal. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, contrario a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiendo entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales , el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) la de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) la intermedia o de preparación al juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura de juicio; y, 3) la de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del referido código , dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral; la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforma al artículo 335 del citado código , en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341 , cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344 , el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. Por tanto, la acusación formulada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XVII.1o.P.A.37 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 2840, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." Asimismo, se cita por sus consideraciones la tesis aislada XI.P.12 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, localizable en la página 2632, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." En esa guisa, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado de su parte en los amplios términos que establece el artículo 12 de la ley de la materia a Eliel Gabriel Monroy Alberto; y con las restricciones que impone dicho numeral a Mario García Alvarado y Nayeli Avendaño López, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales del mismo. Para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado las copias del escrito de demanda adjuntos a la misma, en el local de la Secretaría de este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...

  3. Principal

    ...En virtud de lo anterior, requiérase a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Seis "Sureste", con residencia en Huimanguillo, Tabasco, para que en el término de tres días remita copia certificada de la citada revaloración hecha al quejoso después de un mes de la citada intervención quirúrgica señalada por el médico cirujano del citado hospital, a efecto de estar en aptitud de tener como cumplida la sentencia amparadora. Apercibido que de no hacerlo, y abstenerse de justificar tal circunstancia se les impondrá una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, misma que equivale a $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos, cero centavos, moneda nacional), según el valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la Unidad de Medida para el año dos mil dieciocho. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación...

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