Luis Felipe Díaz Pérez

Expediente 969/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
969/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Felipe Díaz Pérez
  • Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia citada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, por medio de la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las trece horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 969/2022-IV el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Hugo Uribe García, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales aportadas por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas del expediente laboral 4A-701/2020, con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano rindió su alegato número 345/2022; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la resolución. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo número 969/2022-IV; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, y turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, LUIS FELIPE DÍAZ PÉREZ promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto mencionado a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La dilación por parte de la autoridad responsable, de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral número 4A-701/2020, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo ya que a la fecha, se han desahogado la totalidad de los medios probatorios ofertados y admitidos, por lo que en fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2022, dos mil veintidós, se solicitó se cerrara instrucción y se emitiera el laudo correspondiente, sin que a la fecha de presentación de la demanda de garantías que nos ocupa, se hubiere emitido el laudo correspondiente..." SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad: - La omisión de dictar el laudo en el juicio ordinario laboral 4A-701/2020, de su índice. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado, sin embargo de las constancias que obran en autos se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus respectivos alegatos en el juicio ordinario laboral número 4A-701/2020. Al respecto, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento:. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De la revisión de las constancias que la Junta responsable remitió con su informe justificado, se advierte que no existe el acto reclamado consisten en la omisión de emitir laudo, toda vez que el expediente aún se encuentra en trámite, dado que por acuerdo de veintisiete de septiembre de esta anualidad (foja 43 del sumario Constitucional), concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus respectivos alegatos en el juicio ordinario laboral número 4A-701/2020, es ese contexto, es inconcuso que no ha cerrado la instrucción en el juicio laboral y, por ende, no se encuentre en posibilidad de emitir el laudo correspondiente, documental a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual modo, sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 280327 que reza: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena". Sustenta lo anterior, la tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda.". En consecuencia, es evidente que respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existe el acto reclamado, ya que no se encuentra en la etapa procesal para emitir el laudo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el juicio por el acto precisado en el considerando segundo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por *****, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el pedimento número 345/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica; sin perjuicio de hacer nuevamente relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de seis de octubre del año en curso, se recibió el oficio J-IV-2771/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se les tuvo rindiendo su informe justificado, al que adjuntó copias certificadas del expediente laboral 4A701/2020; por tanto, se advierte que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes, en especial la quejosa, se imponga del contenido de dicho informe; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia número 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso". Y, la tesis consultable en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuanta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertidas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". Notifíquese.

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