Luis Felipe Díaz González
Expediente 340/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/05/2016
Partes del expediente
- Director General de Prevención y Readaptación Social
- Luis Felipe Díaz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de garantías que promovió Luis Felipe Díaz González, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión respectivo y resguárdese su duplicado, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción; ello, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito. Por otro lado, con apoyo en la certificación que antecede y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa, archívese el presente asunto.
- Principal
Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 340/2016, promovido por Luis Felipe Díaz González; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Luis Felipe Díaz González, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2 DIRECTOR OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 3 DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" 4 JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO PREVENTIVO Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" 5 JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO ACTOS RECLAMADOS: La orden de traslado a diverso centro, dormitorio o celda al en que se encuentra, así como su ejecución. SEGUNDO. Por auto de once de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México; radicó el expediente bajo el consecutivo 340/2016; posteriormente el catorce siguiente admitió a trámite la demanda; dio intervención al Fiscal adscrito y señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para resolver el presente juicio de garantías de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se atribuyó al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por lo que, es a este órgano jurisdiccional a quien le compete el conocimiento y resolución del presente expediente. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P. /J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, se concluye que el peticionario de amparo reclama La orden de traslado a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda al en que se encuentra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, el Jefe de Vigilancia y el Secretario General en suplencia por ausencia del Director General, estos dos últimos del Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, el Director de Seguridad y Operación en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y el Director General de Prevención y Readaptación Social, todos del Estado de México, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se le reclama. En tal virtud, al haberse negado los actos controvertidos, se atribuye a la parte quejosa desvirtuar esa manifestación, debiendo, por un lado, acreditar su existencia, y por otro, su inconstitucionalidad. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2o. J/308, que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Ahora bien, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Así, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que la parte quejosa no ofertó ningún medio probatorio para acreditar la existencia de los actos negados por las autoridades responsables; por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por la mencionada fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo: Apoya las anteriores consideraciones la jurisprudencia 284, que es de la siguiente voz: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia 53, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En consecuencia, al resultar evidenciada una causa de improcedencia, no se pueden analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, al tenor de las tesis 509 y 1028, emitidas por las anteriores integraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Luis Felipe Díaz González, por cuanto hace a los actos y por las autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente resolución.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que el veintinueve de marzo anterior se acordó lo relativo al informe justificado rendido por el Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito" y por el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México; por lo que aún no ha transcurrido el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, para su verificativo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON QUINCE DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." (S.J.F., 9° Época, Tomo XI, Abril 2000, página 5). .
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso Luis Felipe Díaz González, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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