Luis Felipe del Angel Valdez

Expediente 440/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
440/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Felipe del Angel Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante remite el auto de veintisiete de noviembre del año en curso, como complemento a su informe justificado. Así, con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales públicas allegadas a la misiva de cuenta. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos; el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En efecto, el juicio de amparo es un medio de control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en su goce pleno, por ello desde la Ley Suprema y por el legislador ordinario se han establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversas causas o motivos que condicionan la procedencia de dicho juicio; entre ellos, el contemplado en la transcrita fracción XXI del precepto 61 de la legislación aplicable. Ahora, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", contenida en dicha norma, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la quejosa, según sea el caso, la cual tiene lugar al actualizarse cualquiera de los siguientes supuestos: Por revocación; y Por sustitución. El primero, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia referida, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo emite, sea porque advirtió su ilegalidad, o bien, por cualquier otra causa. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, lo que ocasiona que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación combatida, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, cuyos rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En la especie se actualiza la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Para sustentar la causal de improcedencia invocada, se advierte que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo, mediante demanda depositada el ocho de agosto del año en curso, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, señalando como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: La resolución de cuatro de julio del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ozuluama, Veracruz, en la cual se resolvió el recurso de reclamación. Acto que atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ozuluama, Veracruz. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable - a las que se les concede pleno valor probatorio como documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo- se advierte que por oficio 3106 signado por el Juez responsable, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de noviembre del presente año, en la que se resolvió aprobar el convenio celebrado por ******************** y ********************, en audiencia de dos de octubre del presente año, por las partes contendientes y ratificado ante la presencia judicial. En mérito de lo anterior, por oficio 3275 signado por la autoridad responsable remite copia certificada del auto de veintisiete de noviembre del presente año, del que se advierte que la citada resolución, no fue recurrida por ninguna de las partes dentro del término de ley; por lo que se declaró que causó estado para todos los efectos procedentes, de conformidad 338 fracción VII del Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de Veracruz. En ese contexto, la resolución de diecisiete de noviembre del presente año dictada en el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ozuluama, Veracruz, sustituyó procesalmente a la diversa de cuatro de julio del año en curso emitida en el juicio natural. Es decir, la mencionada determinación dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ozuluama, Veracruz, en los autos del juicio ordinario civil, en la que: resolvió el recurso de reclamación y redujo la pensión provisional alimenticia decretada, dejaron de tener vigencia al ser sustituida procesalmente por la determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por la misma autoridad responsable. De ahí que, los actos reclamados en esta instancia constitucional, han dejado de tener efectos jurídicos propios, pues han sido sustituidos procesalmente, lo cual implica la desaparición total de sus consecuencias, y la restitución en el pleno goce de sus derechos fundamentales como si se hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en análisis. Es ilustrativa para sostener esos razonamientos, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI, Noviembre de 1997, de la fuente y época citadas, registro 197367, cuyos rubro y texto son: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así como las diversas sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visibles en las páginas 1491 y 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registros 165869 y 165870, que sobre el particular establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. Ante este panorama, es inconcusa la actualización de la causal de improcedencia analizada, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, al ubicarse en la hipótesis que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones, el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable remite copias certificadas como complemento a su informe con justificación; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora, del oficio de cuenta, se advierte que remite la resolución de diecisiete de noviembre del presente año dictada en el expediente 98/2022-I de su índice, mediante en la cual resuelve aprobar el convenio celebrado por Eliana Casados Tadeo y Luis Felipe del Ángel Valdez, en audiencia de dos de octubre del presente año, por las partes contendientes y ratificado ante la presencia judicial. En ese sentido, a fin de que se cuente con los elementos necesarios para emitir una resolución apegada a derecho, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase vía correo electrónico al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ozuluama, Veracruz, para que una vez que causa estado la resolución aludida, dentro del plazo de tres días, remita copia certificada de las constancias relativas, o en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido de que al correo electrónico deberá adjuntarse el oficio que contenga la determinación judicial a notificar, mismo que deberá ser generado electrónicamente o digitalizado con firma electrónica; obteniéndose la certificación correspondiente a la confirmación de la recepción del correo. Asimismo, en caso de que en el transcurso de cuarenta y ocho horas posteriores a su envió, no se obtenga el acuse correspondiente, se ordena realizar la notificación del presente proveído mediante vía telegráfica.

  3. Principal

    devuelve el debidamente diligenciado despacho 858/2023 (orden 1266/2023)... téngase a la tercera interesada ********************, por debidamente emplazada al presente juicio, como se ordenó por auto de diez de agosto del año en curso; al tenor de las constancias que ahora se reciben... se advierte que ya transcurrió el término de tres días para que la tercera interesada citada señalara domicilio para oír y recibir notificaciones... se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de tres de junio del año en curso, por tanto, hágase la notificación de este proveído, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos de este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia... se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las once horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración.

  4. Principal

    informó al Juez Mixto de Primera Instancia de esa ciudad, que fue debidamente diligenciado el despacho 858/2023 (orden 1266/2023), a fin de emplazar a la tercera interesada ********************, en representación del menor de identidad reservada de iniciales ***********... se está a la espera de recibir la comunicación oficial citada con las constancias relativas.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,343 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano