Luis Felipe de Jesus Barrera Niño

Expediente 2027/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2027/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Luis Felipe de Jesus Barrera Niño

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente el oficio 2408 rendido vía telegráfica por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de trece de octubre del año en curso, informa que el despacho 98/2021-VI-B con número de orden 215/2021-VI-B de nueve de agosto de dos mil veintiuno, fue devuelto a este Juzgado Federal mediante oficio de seis de octubre pasado. Sin que sea el caso hacer mayor proveído al respecto, en virtud de que en proveído de veintiuno de octubre de año que transcurre, se tuvo por recibida la comunicación oficial de mérito y se acordó lo legalmente conducente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1520/2021-VI-B, promovido por MARÍA JESÚS CAUICH MUKUL, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el treinta siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció MARÍA JESÚS CAUICH MUKUL, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a las siguientes autoridades responsables: Congreso del Estado; Gobernador Constitucional del Estado; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; Agente Edgar José Quiñones García, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y, Titular de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, Todas con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 1520/2021-VI-B, se admitió a trámite la misma; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; todo lo cual se hizo en sus términos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la directa quejosa MARÍA JESÚS CAUICH MUKUL: "1. Del Gobernador del Estado de Yucatán se reclama la promulgación del Decreto que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado el día veintidós de febrero del año dos mil once, específicamente los artículos 75, 76, 77, 78 y 79. Asimismo, se reclama del Gobernador del Estado de Yucatán la promulgación del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado el día veintiuno de junio del año dos mil once, específicamente los artículos 265, fracción X, 125, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 463 y 470 y la tabla de sanciones 2-B y 2-C. Del Congreso del Estado de Yucatán se reclama la promulgación del Decreto que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado el día veintidós de febrero del año dos mil once, específicamente los artículos 75, 76, 77, 78 y 79. 4. Del ciudadano EDGAR JOSÉ QUIÑONES GARCIA adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, se reclama la emisión de la ilegal boleta de infracción con número de folio 682821, de fecha 09 de agosto de 2021, que contiene una sanción administrativa consistente en una multa por veinte Unidades de Medida y Actualización (UMAS) como consecuencia de los artículos que se tildan de inconstitucionales. Mismo acto que representa la consecuencia directa del primer acto de aplicación en perjuicio del suscrito de las normas generales que se tildan de inconstitucionales. 5. Del agente EDGAR JOSÉ QUIÑONES GARCIA adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, se reclama EL ILEGAL DESPOSEIMIENTO de mi licencia de conducir "Chofer" con número de folio GC 4362 y emitida por el Municipio de Pilcaya, Estado de Guerrero. Mismo acto que representa la consecuencia directa del primer acto de aplicación en perjuicio del suscrito de las normas generales que se tildan de inconstitucionales. 6. Del Titular de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán se reclama el inminente cobro y ejecución de la multa por veinte Unidades de Medida y Actualización equivalente a la cantidad de $1,792.40 (Mil setecientos noventa y dos pesos, cuarenta centavos, Moneda Nacional), misma cantidad que quedó estipulada en la boleta de infracción con número de folio 692821, de fecha 09 de julio de 2021. Mismo acto que representa la consecuencia directa del primer acto de aplicación en perjuicio del suscrito de las normas generales que se tildan de inconstitucionales." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado, Congreso del Estado, Secretario de Seguridad Pública y agente de su adscripción Edgar José Quiñones García, todos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, residente en esta ciudad, negó el acto reclamado, sin embargo, a continuación, hizo manifestaciones que evidencian la certeza del mismo; en consecuencia, se desvirtúa dicha negativa y deberá tenerse como cierto dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, pues contra la multa por infracción de tránsito reclamada, debió interponer recurso de revisión como lo establece el artículo 482 del Reglamento de la Ley de Tránsito y vialidad del Estado de Yucatán, o bien, juicio contencioso administrativo contemplado en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Resulta infundada dicha causal de improcedencia hecha valer, habida cuenta que en la propia legislación de la materia, en concreto en el numeral 61, fracción XIV, párrafo tercero, se contempla una excepción al principio de definitividad en tratándose de amparo contra leyes, al otorgarle al promovente del amparo la posibilidad de promover juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación de la norma impugnada de forma inmediata, o bien, agotar el recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o anular el acto de aplicación de la norma. De ahí que, si la parte promovente no agotó el medio de impugnación previsto en la ley contra el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, no pueda considerarse que inobservó el principio aludido, precisamente por el carácter potestativo de esa impugnación contemplado en la Ley de Amparo. Por otro lado, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, aduce que se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente realizó afirmaciones generales e imprecisas como conceptos de violación. En ese sentido, es menester mencionar que de los preceptos señalados se advierte que uno de los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, es el de expresar los conceptos de violación; así también, se establece que la improcedencia del juicio puede derivar de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Ahora, con el propósito de determinar lo que se entiende por concepto de violación y por no contraponerse a las disposiciones de la ley de la materia, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página: 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." En la jurisprudencia que se cita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, mencionando la lesión o agravio que el quejoso considera le causa el acto y los motivos que lo originaron. Los conceptos de violación, deben considerarse como la expresión razonada que se ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados, expresando, en el caso, la causa de pedir, misma que se configura con la manifestación de la ley o acto que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados y los motivos o razones que acreditan la transgresión del orden constitucional. En síntesis, es evidente que los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular su demanda de amparo, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le producen los actos reclamados en la esfera de sus derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. Bajo estas premisas, de la demanda de amparo se aprecia claramente que la parte quejosa reclama de manera destacada el artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, bajo la consideración de que dicho precepto vulnera los principios de reserva de ley y tipicidad, debido a que la dicho cuerpo normativo no tipificó las conductas, ni las infracciones o sanciones, lo cual dejó en manos de la autoridad ejecutiva a través del Reglamento, bajo el supuesto que el mismo determinaría las sanciones y parámetros como parte de su individualización; con ello se tiene por satisfecha la causa de pedir para proceder al análisis de la norma cuestionada. De ahí que resulte infundada la causal propuesta, pues contrario a lo que asevero la autoridad responsable la parte quejosa expresó conceptos de violación suficientes para que puedan ser analizados en el presente juicio de amparo. Finalmente, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, refiere que en el caso se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues señala que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Resulta igualmente infundada la causal de improcedencia en comento, pues de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la boleta de infracción 692821 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, fue expedida efectivamente a nombre de la hoy impetrante del amparo María Jesús Cauich Mukul; de ahí que, contrario a lo que señala la autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses de la quejosa, al haberse impuesto la multa a ésta de manera directa. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la Litis Constitucional en relación a los preceptos legales tildados de inconstitucionales. En primer término se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como los numerales 265, fracción X, 125, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 463 y 470, así como la tabla de sanciones 2-B y 2-C del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Al respecto, de la lectura integral a la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa omitió exponer motivos de inconformidad tendientes a cuestionar la constitucionalidad de los referidos numerales de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado y su Reglamento, esto es, no adujo los razonamientos por los que considera que esas normas pugnan con sus derechos fundamentales, de ahí que deba negarse el amparo por lo que respecta a dichas normas. Para emprender el examen de la constitucionalidad de la norma jurídica impugnada es necesario que se expongan argumentos jurídicos que se sustenten en la precisión de los derechos fundamentales violados, y sobre todo en la demostración de que la norma reclamada es la que viola el orden constitucional; sin embargo, si la parte quejosa se concretó a afirmar de manera dogmática que impugnaba las normas antes precisadas, sin exponer los motivos por los que así lo hacía, es inconcuso que debe negarse el amparo por lo que ve a tales actos. Si bien por cuestión de técnica, en el juicio de amparo debe sobreseerse en el juicio en los casos en que no se hayan esgrimido motivos de inconformidad en contra del acto reclamado, y respecto del que no proceda suplir la deficiencia de la queja, en tratándose del amparo contra leyes con motivo del primer acto de aplicación, debido a que no puede desvincularse el análisis de la norma tildada de inconstitucional del acto de aplicación en términos de la jurisprudencia de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN", lo procedente es negar el amparo solicitado en contra de las normas reclamadas, al no poderse dividir la continencia de la causa. SÉPTIMO. Por otro lado, a fin de cuestionar la legalidad del artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, la parte quejosa adujo que resulta violatorio de los principios de reserva de ley, tipicidad, legalidad y subordinación jerárquica, debido a que es en la Ley donde deben estar tipificadas las infracciones y establecidas las sanciones que se deben imponer, no así en un Reglamento, pues el Congreso del Estado, es el órgano facultado para legislar sobre dichas cuestiones, y no el Gobernador del Estado, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo. Continua manifestando que no existe disposición alguna en la Ley que establezca la sanción a imponer, de ahí que resulta ilegal que el artículo 79 del referido cuerpo de leyes, remita al Reglamento para establecer las multas y demás sanciones que se deben aplicar, puesto que éstas deben emanar de una ley material y formal emitida por el Congreso de Estado. Por último, señala que el numeral de que se trata resulta inconstitucional en virtud de que las conductas tipificadas como sancionables se encuentran previstas en un cuerpo de leyes del cual se encarga el Ejecutivo del Estado, y no el Congreso, quien resulta ser el encargado de señalar las conductas infraccionables y la cuantificación de la pena. Devienen infundados los referidos motivos de disenso, de acuerdo a las siguientes consideraciones: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el derecho administrativo sancionador participa de la naturaleza del derecho punitivo, por lo que cobra aplicación el principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las infracciones y las sanciones deben estar plasmadas en una ley, tanto en sentido formal como material, lo que implica que sólo esa fuente democrática es apta para la producción jurídica de ese tipo de normas. De ahí que el legislador deba definir los elementos normativos de forma clara y precisa para permitir una actualización de las hipótesis previsible y controlable por las partes. Ahora bien, para determinar el alcance de su aplicación, hay que considerar que el objetivo del principio es doble, ya que, en primer lugar, debe garantizarse la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones: I) para permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana; y, II) para proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas; y, en segundo lugar, preservar al proceso legislativo como sede de creación de los marcos regulatorios generales y, por ende, de la política punitiva administrativa. En el entendido de que adoptó un entendimiento evolutivo concluyendo que ninguna de las dos finalidades cancela la posibilidad de que la autoridad administrativa desarrolle ciertas facultades de apreciación al ejercer sus potestades de creación normativa en este ámbito, cuyo alcance se determina de acuerdo con las necesidades de la función regulatoria del Estado en cada época. Así, lo relevante desde la perspectiva de la seguridad jurídica, es adoptar un parámetro de control material y cualitativo que busque constatar que la conducta infractora, como está regulada, ofrece una predeterminación inteligible. Desde el principio democrático de reserva de ley, se reconoce la posibilidad del legislador de prever formas de participación de órganos administrativos o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su control mediante la generación de lineamientos de política legislativa que la autoridad administrativa debe cumplir, tanto en la emisión de normas, como en los actos de aplicación, lo que permite el reconocimiento de un ámbito de proyección de espacios regulatorios adaptables a cada época. Es aplicable la tesis 1a. CCCXV/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 573, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD A LA LUZ DE SUS FINES. El derecho administrativo sancionador participa de la naturaleza del derecho punitivo, por lo que cobra aplicación el principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las infracciones y las sanciones deben estar plasmadas en una ley, tanto en sentido formal como material, lo que implica que sólo esa fuente democrática es apta para la producción jurídica de ese tipo de normas. De ahí que el legislador deba definir los elementos normativos de forma clara y precisa para permitir una actualización de las hipótesis previsible y controlable por las partes. Ahora bien, para determinar el alcance de su aplicación, hay que considerar que el fin del principio es doble, ya que, en primer lugar, debe garantizarse la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones: i) para permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana; y, ii) para proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas; y, en segundo lugar, preservar al proceso legislativo como sede de creación de los marcos regulatorios generales y, por ende, de la política punitiva administrativa. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un entendimiento evolutivo concluyendo que ninguna de las dos finalidades cancela la posibilidad de que la autoridad administrativa desarrolle ciertas facultades de apreciación al ejercer sus potestades de creación normativa en este ámbito, cuyo alcance se determina de acuerdo con las necesidades de la función regulatoria del Estado en cada época. Así, lo relevante desde la perspectiva de la seguridad jurídica, es adoptar un parámetro de control material y cualitativo que busque constatar que la conducta infractora, como está regulada, ofrece una predeterminación inteligible; desde el principio democrático de reserva de ley, se reconoce la posibilidad del legislador de prever formas de participación de órganos administrativos o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su control mediante la generación de lineamientos de política legislativa que la autoridad administrativa debe cumplir, tanto en la emisión de normas, como en los actos de aplicación, lo que permite el reconocimiento de un ámbito de proyección de espacios regulatorios adaptables a cada época." De igual forma, es aplicable la tesis 1a. CCCXVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 572, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio." Atendiendo a lo anteriormente expuesto, es que se concluye que no le asiste la razón a la parte quejosa debido a que como se ha visto se reconoce la posibilidad del legislador de prever formas de participación de órganos administrativos o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su control mediante la generación de lineamientos de política legislativa que la autoridad administrativa debe cumplir. Lo que en el caso acontece, debido a que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, sí delega las funciones para establecer los parámetros para aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento (clausula habilitante), toda vez que como podemos observar en el último párrafo del artículo 79 de la citada ley, establece que el Reglamento de esa Ley, establecerá los parámetros para la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley. Además, precisa que las sanciones que se aplicarán por contravenir las disposiciones a esa Ley, y las demás reglamentarias serán la amonestación o apercibimiento, multa, arresto hasta por treinta y seis horas, suspensión de licencia o permiso de conducir, revocación de licencia o permiso de conducir, retención de vehículos, y las demás que determine el reglamento. Aunado a lo anterior, en el artículo 40 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se prevé que los conductores deberán obedecer los dispositivos para el control del Tránsito y la Vialidad fijados para la autoridad correspondiente, las indicaciones de los agentes y respetar los límites de velocidad que establezca el Reglamento correspondiente, con lo cual es en la propia Ley donde se refiere la obligación de los gobernados de respetar los dispositivos para el control de Tránsito y la Vialidad fijados por la autoridad correspondiente y la sanción de multa por no hacerlo, por lo que no se presumen esas circunstancias en el Reglamento tal y como lo afirma la parte quejosa en su escrito de demanda. Por tanto, sí se le está delegando la facultad al Ejecutivo del Estado en la Ley para que pueda reglamentar los dispositivos para el control de tránsito y vialidad y las multas que en su caso se puedan llegar a imponer por infringir las normas de tránsito, entonces, el Reglamento no excede en su propio ámbito, y por tanto, no violenta el principio de legalidad, pues es la propia ley la que delega esa función al Reglamento para que la desarrolle en el ámbito sancionatorio correspondiente. Debido a lo anterior, es que no resulta inconstitucional el artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos respecto al artículo tildado de inconstitucional, se niega a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En el caso, toda vez que no se consideraron inconstitucionales los artículos reclamados por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que la boleta de tránsito transgrede sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que no se encuentra debidamente motivada, pues el agente de tránsito omitió justificar las razones que lo llevaron a imponer la sanción máxima, así como para retener la licencia de conducir de la aquí impetrante del amparo, con lo que transgrede sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, dejándola en un estado de incertidumbre jurídica. Dicho argumento resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, que precisamente sustentan el acto de molestia. Por su parte, en relación a la infracción prevista en el artículo 265, fracción X del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, relativa a estacionar un vehículo en una zona autorizada de carga y descarga o cajones de ascenso y descenso de pasajeros, se tiene que el Anexo I del catálogo de sanciones, en su apartado 2B del citado Reglamento, contempla sanciones de 6 a 8 días de salario mínimo vigente en la zona, señalando el criterio para la determinación de la sanción en que la primera en un año, será de 6 días de salario mínimo; la segunda en un año, 7 días de salario mínimo; y, la tercera sanción en un año, 8 días de salario mínimo. Por otro lado, en lo que respecta a la infracción contenida en el numeral 125 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, relativa a la vigencia de las licencias de conducir, el anexo en cita, en su apartado 2C, contempla sanciones de 9 a 12 días de salario mínimo vigente en la zona, señalando el criterio para la determinación de la sanción en que la primera en un año, será de 9 días de salario mínimo; la segunda en un año, 10.5 días de salario mínimo; y, la tercera sanción en un año, 12 días de salario mínimo. Finalmente, por lo que hace al artículo 465, fracción I del Reglamento de que se trata, establece que los agentes podrán retener la licencia de conducir a los conductores que comentan alguna infracción a la Ley y al propio Reglamento, atendiendo a la gravedad de la falta y sólo para dar cumplimiento a las disposiciones de los cuerpos normativos en cita. Ahora bien, en el caso concreto, si bien es cierto que está fundado el acto reclamado, pues la autoridad, por una parte, citó que se infringieron los artículos 265 fracción X, y 125 por lo que impuso las sanciones correspondientes a los grupos 2B y 2C de la tabla de sanciones del Anexo I del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Y por la otra, citó el diverso numeral 465, fracción I como fundamento para retener la licencia de conducir de la aquí quejosa. También lo es, que no motivó por qué impuso las sanciones máximas para las infracciones señaladas, así como la situación de gravedad que lo llevó a retener el documento en cita. Máxime que respecto a los infracciones citadas en primer término, en la boleta reclamada se advierte que el agente responsable las clasificó a ambas como leves; no obstante ello, como quedó establecido, impuso la sanción consistente en la multa más alta contemplada en el Reglamento de que se trata, lo que evidentemente se traduce en una incongruencia en la boleta de mérito. Esto es, las actas de infracción deben ser cuidadosamente motivadas, de manera que de su contenido pueda advertirse claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción. Se afirma lo anterior, en razón de que tal y como consta en la boleta de infracción 692821 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, documento público que tiene valor probatorio pleno de conformidad con los ordinarios 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en la especie conforme a lo que establece el numeral 2 de la ley reglamentaria; no se aprecia que el agente Edgar José Quiñones García, hubiere realizado la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Lo cual como se ha visto en el párrafo que antecede sí es necesario, pues es un requisito indispensable para la debida motivación del acto reclamado cuando se impone una sanción superior a la mínima, por lo que al no realizarlo la autoridad responsable contraviene el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 Constitucional. Lo anterior, pues en forma alguna precisó cómo llegó a la conclusión de que la conductora, ahora quejosa, se encontraba en el supuesto correspondiente a la tercera sanción en un año para imponerle como multa 8 y 12 días de salario mínimo, respectivamente, tal y como establece la tabla de sanciones del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado. Así como los motivos que lo llevaron a determinar que la falta cometida por ésta era de tal gravedad, que resultó necesario retener su licencia de conducir a fin de que se diera cumplimiento a las disposiciones señaladas. De manera que para considerar el acto reclamado suficientemente fundado y motivado, se debió expresar en forma sucinta tal cuestión a fin de que el sujeto receptor de la infracción tuviera conocimiento pleno del hecho por el que se ubicó en la hipótesis en la que se fundó. De ahí, que en esta parte de las infracciones reclamadas el acto no se encuentre motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "TRANSITO, MULTAS DE. Las infracciones levantadas a los conductores por cruzar la línea de alto después de cambio de luz, derivan de una apreciación muy subjetiva del conductor y del agente de tránsito, pues se trata de fracciones de segundo en que se debe apreciar si la distancia de la línea, la velocidad del auto y la duración de la luz ámbar da oportunidad o no de detener el vehículo antes de la línea sin crear una situación de peligro, y si la luz ámbar da oportunidad de terminar de cruzar antes de la luz roja. Y en esas condiciones, ante la ineludible disyuntiva en que se coloca el juzgador entre aceptar una versión u otra, y ante los evidentes peligros de error que hay en aceptar una de las versiones, lo menos que puede exigirse es que las actas de infracción sean cuidadosamente motivadas en estos casos, de manera que de ellas se desprende claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, quien resulta Juez y parte en la imposición de la multa, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la forma relativa. Y si el acta de infracción es demasiado lacónica y no proporciona elementos de juicio al respecto para que el Juez forme su criterio, no puede sino estimarse que hay una falta de motivación que se traduce en una violación del artículo 16 constitucional, conforme al cual se deben exponer los motivos que actualizan la hipótesis normativa y hacen aplicable la consecuencia pertinente. Y aunque esto implica una carga legal para los agentes de tránsito, ello se justifica, en primer lugar, porque se trata de una carga que les impone la Constitución Federal y, en segundo lugar, porque la prevalencia de su dicho puede dar lugar a arbitrariedades, que se deben tratar de reducir al mínimo posible." Igualmente, tiene aplicación a lo anterior en interpretación contraria, la tesis aislada IV.1o.A.30 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA. El artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos y dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresen las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Ahora bien, de los artículos 1, 2, fracción IV y 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el territorio de ese Municipio deberá ceñirse a lo establecido por el citado reglamento para la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten; asimismo, que los oficiales de tránsito son los servidores públicos facultados para la aplicación de dicho reglamento y los supuestos en los cuales los servidores públicos pueden imponer las multas cuando se cometan infracciones. De lo anterior se obtiene que para que una boleta de infracción se encuentre fundada y motivada, es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En ese tenor, si la responsable cumple con lo anterior, no se debe exigir mayor extensión en los argumentos vertidos para sustentar el acto reclamado, además de que sus actos gozan de la presunción de legalidad, para cumplir con la garantía prevista en el numeral 16 de la Constitución Federal." Por lo anterior, se advierte claramente que la imposición de la sanción consistente en la retención de la licencia de conducir y la multa efectuada a la parte quejosa en la boleta de infracción 692821, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que no se encuentra debidamente motivada, por lo que debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable: la deje insubsistente, así como todas las consecuencias legales surgidas a razón de la imposicion de la misma; esto es, deberá devolver la cantidad que se hubiera pagado con motivo de la multa aludida. Así como deberá entregar la licencia de conducir de la aquí impetrante del amparo. NOVENO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA JESÚS CAUICH MUKUL, en relación a los actos reclamados al Gobernador del Estado y Congreso de la Unión, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como los numerales 265, fracción X, 125, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 463 y 470, así como la tabla de sanciones 2-B y 2-C del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA JESÚS CAUICH MUKUL, en relación al acto reclamado al Gobernador del Estado y Congreso de la Unión, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a DIANA ELOISA NAVARRO ZAMARRIPA, en relación al acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública y agente de su adscripción Edgar José Quiñones García, todos con residencia en esta ciudad, consistente en la boleta de infracción 692821 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, y sus consecuencias jurídicas, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando octavo de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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