Luis Felipe Chi Cetina
Expediente 302/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Felipe Chi Cetina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II.Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 26/2018, de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Luis Felipe Chin Cetina, por conducto de su apoderado, contra el acuerdo dictado el quince de marzo del año en curso; sentencia de cuyo único punto resolutivo se advierte que la Superioridad declaró infundado el recurso de mérito. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, con relación al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1363/2018 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por José Genaro Aguilar Hidalgo, contra el acuerdo de quince de marzo del año en curso, formándose por tal motivo, el toca 26/2018.
- Principal
MESA I. Téngase por recibido el diverso oficio 2795/2018, suscrito por la Secretaria del Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente l-633/2017, del índice de este Juzgado, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada en autos del toca 576/2017, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en Cholula, Puebla, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Aurora Poot Miss y ortros, en contra de la sentencia firmada el veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo revocó la sentencia recurrida y en el segundo ordenó la reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto de dejar insubsistente la resolución controvertida, así como la audiencia constitucional y reponer el procedimiento hasta el momento en que se acordó la recepción de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, ordenar la notificación personal a la parte quejosa, respecto de dichas constancias y con su contenido la prevenga para que manifieste si es su deseo aclarar o ampliar su demanda, a fin de que se tengan como autoridades responsables a los titulares de los Ayuntamientos Municipales de Conkal, Hunucmá, Kahua, Seyé, Tekax y Tixkokob, y en su caso, respecto de los actos reclamados; y siguiendo la secuela procesal, celebrar la audiencia constitucional y resolver con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda. Por tal motivo, se deja sin efecto legal alguna la audiencia constitucional de veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, firmada el veintinueve de septiembre siguiente. Asimismo, en cuanto al oficio del Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con anexo, en atención al requerimiento efectuado en proveído de catorce de julio del año en curso, mediante el cual remitió el oficio LXI-SG-DJ-000/2017, con el cual fue notificado a DIEGO ADAN CHAN VIANA, apoderado de la parte quejosa, de la contestación de tres de abril del año dos mil diecisiete; prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de QUINCE DIAS siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste si desea aclarar o ampliar su demanda a fin de que se tengan como autoridades responsables a los titulares de los Ayuntamientos Municipales de Conkal, Hunucmá, Kahua, Seyé, Tekax y Tixkokob, y en su caso, señale el acto reclamado, y en caso afirmativo, exhiba seis copias más de su ampliación de demanda; apercibida que de no cumplir con lo requerido, en el término concedido, se seguirá el trámite del presente expediente tal únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Al respecto tiene aplicación, la siguiente tesis jurisprudencial: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Cabe puntualizar que en la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia transcrita, la suprema instancia determinó que por lo que hace a la ampliación de la demanda de amparo, el juzgador podría sobreseer en el juicio respecto al nuevo acto reclamado si estima que se acredita una causa de improcedencia, lo cual no irroga perjuicio al sistema dispuesto en la Ley de Amparo. Ello, al considerar que el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el nuevo acto de la responsable como corresponda y estime conveniente, pero si el quejoso opta por ampliar su demanda de amparo, al considerar que esta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizar si el juicio de control constitucional es procedente para tal impugnación; y de estimar que es así, debe resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del nuevo acto, todo lo cual resulta acorde al principio de economía procesal, pues no se obliga al quejoso a agotar un nuevo juicio de amparo. Lo expuesto con antelación, significa que antes de promover la ampliación de demanda respecto del nuevo acto con el que se le da vista a la parte quejosa, ésta debe verificar si no procede contra él algún medio de defensa ordinario por el cual pueda ser nulificado o se actualiza algún otro supuesto que genere su improcedencia en el amparo. Es así, porque la sola ampliación de demanda no genera, en automático, la procedencia del juicio respecto del acto por el que se amplía la petición del amparo, así como tampoco, la prevención relacionada con el nuevo acto implica que la parte quejosa deba necesariamente ampliar la demanda, sino que puede optar por otros medios de impugnación previos al amparo. Y en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, se señalan como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL OCHO DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los fines legales correspondientes; glósense a estos autos el cuadernillo formado con motivo del recurso de revisión en cita; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo y acúsese recibo al Tribunal revisor. ...
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por José Genaro Aguilar Hidalgo, quien se ostenta apoderado legal de Luis Felipe Chin Cetina, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce al ocursante el carácter de apoderado del citado quejoso, toda vez que en audiencia de cuatro de enero del año en curso, en autos del juicio laboral 786/2017, del índice de la citada autoridad responsable, se le reconoció tal carácter. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ésta última interpretada a contrario sensu, ambas de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el juez de Distrito a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que los actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan de manera directa derechos sustantivos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros, así como también, ha considerado como tales, algunas violaciones procesales, que afectan a las partes en un grado predominante o superior, lo que justifica homologarlas a las primeras citadas. Criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, de texto y rubro siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." De la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria de seis de febrero del año en curso, dictada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del juicio laboral 786/2017, mediante la cual declara improcedente el incidente de personalidad planteado por el mismo. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo del quejoso, así como tampoco se traduce en una violación procesal que implique una afectación de grado predominante o superior, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegue a presentar en contra del laudo dictado en la contienda laboral. Lo anterior, porque el criterio orientador para dilucidar si un acto de dicha naturaleza, reviste las características para ser considerado como de aquellos que causan una afectación a las partes en el juicio de grado predominante o superior; consiste en analizar si implican una situación, excepcional, de tal relevancia para el procedimiento, que su de su determinación depende la suerte de todo el juicio, sea para debida continuación o bien, para evitar el desarrollo ocioso de un juicio. Lo que encuentra sustento en el criterio del Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, página 10, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR JOSÉ GENARO AGUILAR HIDALGO, APODERADO LEGAL DE LUIS FELIPE CHIN CETINA, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio que señala en su demanda de amparo; y como autorizada con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lizeth de Jesús Pech Cejas, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Por otra parte se les autoriza, para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Con apoyo en el numeral 21 de la ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, en atención a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, se le tiene por opuesta a la publicación de sus datos personales
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