Luis Felipe Cantú Dávila

Expediente 1946/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1946/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Felipe Cantú Dávila
  • Presidente del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje de los Trabajadores Al Servicio del Estado Y de los Municipios, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Se deniega solicitud a quejosa pero se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres día informe sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibido que en cuya omisión se le impondrá una multa.

  2. Principal

    agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, a través del cual, remite copia certificada de los oficios 19952/2022 y 19953/2022 girados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Director Jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, con sello y firma de recibido, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria. En tal virtud, téngase a dicha autoridad informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector y se le reitera su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del proveído de cinco de diciembre de los corrientes, dictado dentro del expediente ********************, en el que se advierte requirió al Director Jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a efecto de que informe los trámites realizados para cumplir con el laudo. Ahora bien, se advierte que la autoridad responsable no justifica haber notificado los oficios 19952/2022 y 19953/2022 a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Director Jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, justifique a este órgano de control constitucional, haber enviado los oficios de referencia. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada. Ahora bien, resulta necesario se vincule al presente asunto, a la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado, toda vez que es la encargada de cumplir con el fallo protector de conformidad con el artículo 119 de la Ley de los Servidores Públicos en el Estado antes de su reforma. En atención a lo anterior, y toda vez que el estado procesal que guarda el presente asunto revela que en la sentencia dictada en este juicio el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: "...Realizar en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución de la resolución de liquidación de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio laboral ********************, es decir, para que se le cubra a la parte actora la cantidad de ******************** observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados." Determinación que se declaró ejecutoriada por acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, y en el propio acuerdo se requirió el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Sin embargo, no obstante los requerimientos efectuados al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, dicha sentencia no ha sido cumplida, lo que a decir de la responsable, se debe a que la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado, no ha cumplido con los requerimientos que le ha realizado. En tal virtud, como lo pide la autoridad responsable en el oficio de cuenta, y a fin de que no se siga retardando el cumplimiento de la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula como autoridad obligada al cumplimiento a la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, justifique ante este juzgado el cumplimiento a la sentencia de amparo, lo que deberá acreditar con las constancias correspondientes. Se apercibe a dicha autoridad que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá -a su titular- una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la ley invocada No es obstáculo para el requerimiento anterior, el que la referida autoridad no figure como responsable en este juicio, pues ésta, en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2007911, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 59/2014 (10a.), Página: 5, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda la licenciada Marcela González Arjona, representante legal de la parte quejosa, quien realiza diversas manifestaciones por el cual solicita se apliquen las multas a las responsables y se de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, es menester precisar que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: "... ".Realizar en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución de la resolución de liquidación de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 27/E/2010, es decir, para que se le cubra a la parte actora la cantidad de $222.920.88 (Doscientos veintidós mil novecientos veinte pesos 88/100 moneda nacional), observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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