Luis Felipe Acosta Vázquez
Expediente 1197/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Felipe Acosta Vázquez
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. I. Quejoso. Luis Felipe Acosta Vázquez. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veinte minutos del tres de enero de dos mil veinte para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídanse informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se le solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibida que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. VI. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo la autoridad señalada como responsable o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remita, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Asimismo, se le informa a la autoridad responsable y autoridad con carácter de tercero interesado, que sólo se les notificará por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de la autoridad responsable que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrá como inexistente y se suspenderá la comunicación con ella, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. VII. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. VIII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y autorizadas en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. IX. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia.
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