Luis Fabian Ubaldo Infante

Expediente 1558/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1558/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Fabian Ubaldo Infante

Actuaciones

  1. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 1558/2023-VII, promovido por Luis Fabián Ubaldo Infante, por su propio derecho, contra un acto del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la responsable y se vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniere. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario hace constar que las partes no las ofrecieron procede a dar cuenta con la documental, instrumen; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por emitidas las alegaciones de cuenta; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 1558/2023-VII. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Luis Fabián Ubaldo Infante, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en la falta de contestación a su ocurso de ocho de agosto de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Por proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la citada demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 1558/2023-VII; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza omisiva y, por ende, carece de ejecución material; por tanto, para fincar la competencia para conocer de él, debe estarse al lugar de residencia de la autoridad ordenadora, que en la especie tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Es aplicable al caso, la tesis que a la letra dice: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." , resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: - La falta de contestación a su ocurso de ocho de agosto de dos mil veintitrés. TERCERO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en un acto omisivo, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de la demanda de amparo, pues se trata de una omisión en el actuar de la autoridad responsable, respecto de la cual la parte quejosa desconoce los motivos y razones que ésta tiene para proceder en ese sentido; de ahí que el amparo pueda promoverse en el momento en que la peticionaria de amparo estime que la citada responsable viola en su perjuicio sus derechos públicos subjetivos. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del titular de dicha dependencia, al rendir su informe con justificación, admitió la existencia del acto reclamado; por tanto, debe tenerse por cierto el acto que de dicha responsable se reclama. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Estudio de fondo. Al no haber hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." En ese sentido, debe decirse que es fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa. Como se adelantó, de la interpretación integral de la demanda se obtiene que, en el caso, se reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la falta de respuesta a la petición de la parte quejosa, contenida en el escrito de ocho de agosto de dos mil veintitrés; acto que combate por considerarlo violatorio a sus derechos tutelados por el artículo 8° Constitucional, entre otros. Ahora bien, el artículo 8° de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la trascripción anterior se advierte que los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición, al que debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirija y deberá hacerla del conocimiento en breve término al peticionario. En relación a aquel derecho fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no basta que la autoridad a quien se eleva la petición, dé respuesta a aquélla y la notifique al solicitante, sino que además, debe verse satisfecho efectivamente tal derecho, de manera que la respuesta que recaiga debe ser congruente con lo planteado, pues solo así, materialmente se da cabal atención a la solicitud del gobernado, ya que admitirlo de otro modo equivaldría a permitir que una simple atención formal de lo solicitado, se tome como respuesta, aun cuando no aborde la cuestión formulada, evadiendo el requerimiento instado. Pero sin que lo anterior implique que la respuesta dada deba ser favorable a la petición del requirente, sino solamente, que se dé contestación a lo efectivamente planteado. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXXIV, tercera parte, Sexta Época, página 49, que prevé: "PETICIÓN, DERECHO DE. Aunque la garantía constitucional de petición sea tal que no libre a los particulares de las exigencias de la legislación secundaria en cada caso, la verdad es que ocurre también que a pesar de ello las autoridades, conforme al artículo 8o. constitucional estén siempre obligadas a respetar el derecho de petición cuando el mismo se ejercite por escrito, de modo pacífico y respetuoso, y que por obra de esa garantía a toda petición del particular debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido el escrito de solicitud, acuerdo que deberá ser congruente con lo pedido y debiendo la respectiva autoridad hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Con la circunstancia de que si por demora suya, la responsable se viere obligada a dictar su acuerdo respectivo con mayor premura, ello no es obstáculo para que se cumpla con la repetida garantía." De lo anterior se colige que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la garantía a favor de los gobernados, consistente en que los funcionarios y empleados públicos deberán acordar las solicitudes que les hicieren, siempre y cuando sean por escrito, de manera pacífica y respetuosa, haciéndoselas saber en breve término. En la especie, se comprobó que por escrito de ocho de agosto de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó la devolución de un teléfono celular del que se ostentó propietario. Una vez sentado lo anterior, y entrando al estudio de los datos de convicción que obran en el sumario, los cuales tienen la validez que les confieren los numerales 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se advierte que, como admitió la autoridad responsable en su informe de ley, recibió el escrito de ocho de agosto de dos mil veintitrés, mismo que le fuera presentado por la parte quejosa, sin que en autos se justifique que, hasta el día en que se celebró la audiencia constitucional, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, hubiese dado contestación al referido ocurso, haciéndole saber al peticionario, el acuerdo recaído al mismo. Máxime, que han transcurrido aproximadamente tres meses desde que el escrito fue presentado, sin que se haya obtenido respuesta alguna al respecto por parte de la responsable. En esas condiciones, se arriba al convencimiento de que el proceder de la responsable resulta violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, por lo que lo procedente en el caso es concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos precisados en el considerando siguiente. SEXTO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDE EL AMPARO. El artículo 77, fracción II, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho reclamado y cumplir, por su parte, lo que aquél exija. En el caso, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, deberá realizar lo siguiente: Dar contestación en forma congruente, exhaustiva y completa a la petición formulada mediante escrito de ocho de agosto de dos mil veintitrés, debiendo fundar y motivar su determinación. Hecho lo anterior, deberán hacer del conocimiento del solicitante del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que esté en aptitud de ejercitar sus derechos, de estimarlo pertinente. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo II, página 1672, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Fabián Ubaldo Infante, contra el acto que reclamó del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y para los efectos precisados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 386/2023, signado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que expone, solicita, por una parte, se sobresea en este juicio de amparo y, por otra, se niegue la protección constitucional impetrada por la parte quejosa; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas dichas manifestaciones y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que indica; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que ésta actuación al ser emitida posterior a dicha fecha, no obra en el expediente impreso y sólo obra en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera y las que cuenten con evidencia criptográfica, tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Luis Fabián Ubaldo Infante, contra el acto que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; se provee: Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, regístrese en el Libro de Gobierno Electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1558/2023-VII; y dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir privilegiando los medios electrónicos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que mediante oficio DEY/4458/20, el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, designó a la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionando como correo electrónico para realizarle notificaciones el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios, mediante el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el Acuerdo General citado, así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, el precisado en su ocurso de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En diverso orden, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3°, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo, en atención a que no se solicitó. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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