Luis Fabián Castro Canales
Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Luis Fabián Castro Canales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar de la Capital y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. Notifíquese.
- Principal
Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos de la Juez Tercero de lo Familiar y otra autoridad. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 467/2021. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) No se agotó el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ahora, es pertinente advertir que los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, puesto que, como se precisó, el juicio de amparo se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En este sentido, la propia Constitución y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole el carácter de instancia extraordinaria; es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado las medidas ordinarias de defensa. La lectura integral de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno que aduce le fue notificada al día siguiente, dictada por la Juez Tercero de lo Familiar en el Juicio de Controversia Familiar 651/2020, mediante la cual declaró improcedente la excepción de conexidad. Ahora, los artículos 677, 680, 685, 686, 689 y 690 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, disponen: "ARTÍCULO 677.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior" "ARTÍCULO 680.- La apelación debe interponerse por escrito, o verbalmente en el acto de notificarse ante el Juez que pronunció la sentencia, dentro de cinco días improrrogables si la sentencia fuere definitiva, o dentro de tres si fuere auto o interlocutoria, salvo cuando se tratare de la apelación extraordinaria" "ARTÍCULO 685.- De los autos y de las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio, se admitirán las apelaciones en el efecto devolutivo" "ARTÍCULO 686.- Si la apelación devolutiva fuere de auto o sentencia interlocutoria, el testimonio que haya de remitirse al superior, se formará con las constancias que señale el apelante al interponer el recurso, adicionadas con las que indique la contraria dentro del término de tres días y las que el juez estime pertinentes. De no hacerse el señalamiento por el apelante precisamente al interponer el recurso, éste no será admitido. Al remitirse las constancias al Supremo Tribunal de Justicia, se emplazará a las partes para que se presenten ante éste a efecto de substanciar el recurso dentro del término de seis días. Entre tanto no transcurra el término del emplazamiento, no podrá iniciarse la substanciación del recurso. La expedición del testimonio no causa pago de derechos" "ARTÍCULO 689.- Además de los casos determinados expresamente en la Ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I.- De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo tratándose de interdictos, alimentos y controversias familiares, en los que la apelación será admitida en el efecto devolutivo; II.- De los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio; y III.- De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación" "ARTÍCULO 690.- Admitida la apelación en ambos efectos, el juez remitirá los autos originales desde luego al Supremo Tribunal, citando a las partes para que dentro de los seis días siguientes comparezcan ante dicho Tribunal" Por otro lado, en relación con el recurso de apelación tratándose de las controversias del orden familiar, los numerales 982 a 984 de la citada codificación, dicen: "ARTÍCULO 982.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el Artículo 680 de este Código. Si la parte recurrente careciere de abogado, la Sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore". "ARTÍCULO 983.- Salvo los casos previstos en el Artículo 689, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza". "ARTÍCULO 984.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes" Del análisis de los citados numerales, se advierte que la apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; que el recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos; que en el primer caso no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia, y si esta es definitiva se dejará en el juzgado, para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias, remitiéndose desde luego los autos originales al Tribunal Superior; que la apelación admitida en ambos efectos, suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria o la tramitación del juicio, cuando se interponga contra auto. Asimismo se advierte que en contra de los autos y las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio, la apelación se admitirá en el efecto devolutivo. De la interpretación de los aludidos numerales, se advierte que los recursos contemplados por la ley, se excluyen unos a otros, en tanto que cada uno de ellos tiene su propio ámbito de procedencia, en función del tipo de resoluciones que tienden a impugnar, sin que cualquiera de ellos invada el ámbito de otro; de ahí la exclusión, ya sea simultánea o sucesiva, de la procedencia de dos o más recursos contra una misma resolución o auto. Esto es, el sistema de impugnación adoptado por el legislador local, no permite que contra un mismo acto judicial procedan dos recursos ordinarios, promovidos ya sea contemporánea o sucesivamente, pues interpretarlo de diversa manera implicaría, por un lado, el retardo injustificado en la impartición de justicia, pero sobre todo, la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión, lo que implicaría una grave alteración en la seguridad jurídica de los litigantes. Así se consideró en la tesis siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. SE EXCLUYEN UNOS A OTROS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación armónica de los artículos 471, 477 y 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se llega a la conclusión de que los recursos contemplados por la ley se excluyen unos a otros, en tanto que la redacción de dichos numerales así lo informa. En efecto, el artículo 471 dispone: "La revocación procede, salvo que la ley niegue el recurso, contra las resoluciones que no sean recurribles en apelación o en queja."; por su parte, el diverso 477 establece: "La apelación procede contra las sentencias definitivas o interlocutorias."; y el numeral 514 dice: "Procede el recurso de queja: I. Cuando expresamente la ley lo conceda. II. En caso de retardo en el despacho de los negocios. III. Por exceso, defecto o incumplimiento en la ejecución de las resoluciones del superior.". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte con meridiana claridad que el legislador primeramente estableció que la revocación sólo procede contra las resoluciones no susceptibles de ser combatidas a través de apelación o queja, esto es, que encontrando cauce legal cualquiera de alguno de los últimos citados medios de impugnación, el primero ya no puede promoverse. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, en el caso de la apelación, su procedencia se encuentra limitada a las sentencias, ya sean definitivas o interlocutorias, por lo que en contra de tales resoluciones únicamente puede interponerse el mencionado recurso de apelación y, por ello, no procederá ninguno de los otros dos medios de defensa; en tanto que el recurso de queja procede únicamente en tres supuestos: 1) Cuando la ley expresamente lo disponga; 2) En caso de retardo en el despacho de los negocios; y, 3) Por exceso, defecto o incumplimiento en la ejecución de las resoluciones del superior. En este contexto, se aprecia que cada uno de los recursos mencionados tiene su propio ámbito de procedencia, en función del tipo de resoluciones que tienden a impugnar, sin que cualquiera de ellos invada el ámbito de otro; de ahí la exclusión ya sea simultánea o sucesiva de la procedencia de dos o más recursos contra una misma resolución o auto. Esto es, el sistema de impugnación adoptado por el legislador local no permite que contra un mismo acto judicial procedan dos recursos ordinarios, promovidos ya sea contemporánea o sucesivamente, pues interpretarlo de diversa manera implicaría, por un lado, el retardo injustificado en la impartición de justicia, pero sobre todo, la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión, lo que implicaría una grave alteración en la seguridad jurídica de los litigantes" Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª./J. 10/2001, visible en la página 138, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha considerado que la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal, que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses; que con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De lo anterior, es dable establecer que cuando una de las partes en el procedimiento estime que una determinación es lesiva a sus intereses, procede en contra de la misma, alguno de los recursos establecidos en la ley. Lo anterior encuentra apoyo en tesis que a continuación se transcribe: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" Consecuentemente, como el acto que se reclama admite recurso de apelación y no consta que éste haya sido agotado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, fracción de la Ley de Amparo, ya que previamente al juicio de garantías debió agotarse el citado medio de defensa, a fin de cumplir con el principio de definitividad que es rector del juicio de amparo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" En las relatadas condiciones, al actualizarse el motivo de improcedencia en comento, con fundamento en el artículo 113 de la ley en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención de las partes. 1. Quejoso. ***, por propio derecho. i. Domicilio. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en *** de esta ciudad. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza realizar las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de Asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con las partes se exhorta a las partes a efecto de que, si lo estiman pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcionen un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En el entendido de que la notificación del presente proveído de los subsecuentes, se realizarán de manera electrónica, hasta en tanto se atienda la sugerencia. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "amarillo" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO: PROMOVENTE. ACUERDO 04-MAYO-2021 ...Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos de la Juez Tercero de lo Familiar y otra autoridad. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 467/2021. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) No se agotó el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ahora, es pertinente advertir que los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, puesto que, como se precisó, el juicio de amparo se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En este sentido, la propia Constitución y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole el carácter de instancia extraordinaria; es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado las medidas ordinarias de defensa. La lectura integral de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno que aduce le fue notificada al día siguiente, dictada por la Juez Tercero de lo Familiar en el Juicio de Controversia Familiar 651/2020, mediante la cual declaró improcedente la excepción de conexidad. Ahora, los artículos 677, 680, 685, 686, 689 y 690 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, disponen: "ARTÍCULO 677.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior" "ARTÍCULO 680.- La apelación debe interponerse por escrito, o verbalmente en el acto de notificarse ante el Juez que pronunció la sentencia, dentro de cinco días improrrogables si la sentencia fuere definitiva, o dentro de tres si fuere auto o interlocutoria, salvo cuando se tratare de la apelación extraordinaria" "ARTÍCULO 685.- De los autos y de las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio, se admitirán las apelaciones en el efecto devolutivo" "ARTÍCULO 686.- Si la apelación devolutiva fuere de auto o sentencia interlocutoria, el testimonio que haya de remitirse al superior, se formará con las constancias que señale el apelante al interponer el recurso, adicionadas con las que indique la contraria dentro del término de tres días y las que el juez estime pertinentes. De no hacerse el señalamiento por el apelante precisamente al interponer el recurso, éste no será admitido. Al remitirse las constancias al Supremo Tribunal de Justicia, se emplazará a las partes para que se presenten ante éste a efecto de substanciar el recurso dentro del término de seis días. Entre tanto no transcurra el término del emplazamiento, no podrá iniciarse la substanciación del recurso. La expedición del testimonio no causa pago de derechos" "ARTÍCULO 689.- Además de los casos determinados expresamente en la Ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I.- De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo tratándose de interdictos, alimentos y controversias familiares, en los que la apelación será admitida en el efecto devolutivo; II.- De los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio; y III.- De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación" "ARTÍCULO 690.- Admitida la apelación en ambos efectos, el juez remitirá los autos originales desde luego al Supremo Tribunal, citando a las partes para que dentro de los seis días siguientes comparezcan ante dicho Tribunal" Por otro lado, en relación con el recurso de apelación tratándose de las controversias del orden familiar, los numerales 982 a 984 de la citada codificación, dicen: "ARTÍCULO 982.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el Artículo 680 de este Código. Si la parte recurrente careciere de abogado, la Sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore". "ARTÍCULO 983.- Salvo los casos previstos en el Artículo 689, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza". "ARTÍCULO 984.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes" Del análisis de los citados numerales, se advierte que la apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; que el recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos; que en el primer caso no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia, y si esta es definitiva se dejará en el juzgado, para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias, remitiéndose desde luego los autos originales al Tribunal Superior; que la apelación admitida en ambos efectos, suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria o la tramitación del juicio, cuando se interponga contra auto. Asimismo se advierte que en contra de los autos y las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio, la apelación se admitirá en el efecto devolutivo. De la interpretación de los aludidos numerales, se advierte que los recursos contemplados por la ley, se excluyen unos a otros, en tanto que cada uno de ellos tiene su propio ámbito de procedencia, en función del tipo de resoluciones que tienden a impugnar, sin que cualquiera de ellos invada el ámbito de otro; de ahí la exclusión, ya sea simultánea o sucesiva, de la procedencia de dos o más recursos contra una misma resolución o auto. Esto es, el sistema de impugnación adoptado por el legislador local, no permite que contra un mismo acto judicial procedan dos recursos ordinarios, promovidos ya sea contemporánea o sucesivamente, pues interpretarlo de diversa manera implicaría, por un lado, el retardo injustificado en la impartición de justicia, pero sobre todo, la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión, lo que implicaría una grave alteración en la seguridad jurídica de los litigantes. Así se consideró en la tesis siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. SE EXCLUYEN UNOS A OTROS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación armónica de los artículos 471, 477 y 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se llega a la conclusión de que los recursos contemplados por la ley se excluyen unos a otros, en tanto que la redacción de dichos numerales así lo informa. En efecto, el artículo 471 dispone: "La revocación procede, salvo que la ley niegue el recurso, contra las resoluciones que no sean recurribles en apelación o en queja."; por su parte, el diverso 477 establece: "La apelación procede contra las sentencias definitivas o interlocutorias."; y el numeral 514 dice: "Procede el recurso de queja: I. Cuando expresamente la ley lo conceda. II. En caso de retardo en el despacho de los negocios. III. Por exceso, defecto o incumplimiento en la ejecución de las resoluciones del superior.". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte con meridiana claridad que el legislador primeramente estableció que la revocación sólo procede contra las resoluciones no susceptibles de ser combatidas a través de apelación o queja, esto es, que encontrando cauce legal cualquiera de alguno de los últimos citados medios de impugnación, el primero ya no puede promoverse. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, en el caso de la apelación, su procedencia se encuentra limitada a las sentencias, ya sean definitivas o interlocutorias, por lo que en contra de tales resoluciones únicamente puede interponerse el mencionado recurso de apelación y, por ello, no procederá ninguno de los otros dos medios de defensa; en tanto que el recurso de queja procede únicamente en tres supuestos: 1) Cuando la ley expresamente lo disponga; 2) En caso de retardo en el despacho de los negocios; y, 3) Por exceso, defecto o incumplimiento en la ejecución de las resoluciones del superior. En este contexto, se aprecia que cada uno de los recursos mencionados tiene su propio ámbito de procedencia, en función del tipo de resoluciones que tienden a impugnar, sin que cualquiera de ellos invada el ámbito de otro; de ahí la exclusión ya sea simultánea o sucesiva de la procedencia de dos o más recursos contra una misma resolución o auto. Esto es, el sistema de impugnación adoptado por el legislador local no permite que contra un mismo acto judicial procedan dos recursos ordinarios, promovidos ya sea contemporánea o sucesivamente, pues interpretarlo de diversa manera implicaría, por un lado, el retardo injustificado en la impartición de justicia, pero sobre todo, la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión, lo que implicaría una grave alteración en la seguridad jurídica de los litigantes" Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª./J. 10/2001, visible en la página 138, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha considerado que la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal, que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses; que con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De lo anterior, es dable establecer que cuando una de las partes en el procedimiento estime que una determinación es lesiva a sus intereses, procede en contra de la misma, alguno de los recursos establecidos en la ley. Lo anterior encuentra apoyo en tesis que a continuación se transcribe: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" Consecuentemente, como el acto que se reclama admite recurso de apelación y no consta que éste haya sido agotado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, fracción de la Ley de Amparo, ya que previamente al juicio de garantías debió agotarse el citado medio de defensa, a fin de cumplir con el principio de definitividad que es rector del juicio de amparo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" En las relatadas condiciones, al actualizarse el motivo de improcedencia en comento, con fundamento en el artículo 113 de la ley en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención de las partes. 1. Quejoso. ***, por propio derecho. i. Domicilio. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en *** de esta ciudad. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza realizar las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de Asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con las partes se exhorta a las partes a efecto de que, si lo estiman pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcionen un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En el entendido de que la notificación del presente proveído de los subsecuentes, se realizarán de manera electrónica, hasta en tanto se atienda la sugerencia. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "amarillo" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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