Luis Esteban Rodríguez Mora

Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
31/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Esteban Rodríguez Mora
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de siete de junio de dos mil veintidós, se concedió a Luis Esteban Rodríguez Mora, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: Dejara insubsistente el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio especial oral familiar 544/2020, sobre cesación de pago de pensión alimenticia, promovido por el quejoso frente a Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud que realizó de emplazar por edictos a la parte demandada; hasta en tanto justifique el desconocimiento del domicilio de dichas personas con elementos de prueba idóneos, eficaces y suficientes; En su lugar, emitiera otro en el que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la procedencia de emplazar por edictos a la parte demandada; y, Solo en el caso de llegar a resolver injustificado el desconocimiento del domicilio de las demandadas, y considerar razonablemente necesario el desahogo de diversos medios institucionales para localizar su domicilio, deberá precisar cuáles son esos elementos de prueba idóneos, eficaces y suficientes que debe ofrecer o promover el quejoso para justificar el desconocimiento del domicilio de las demandadas. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El quince de julio de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado el oficio suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán, mediante el cual informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo y emitió un acuerdo en los siguientes términos: ". se deja insubsistente el auto de 20 veinte de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio natural; procediéndose a dictar otro en su lugar, en los siguientes términos: Dada cuenta con el escrito presentado por el licenciado Arturo Avalos Herrera, apoderado jurídico del actor, el 15 quince de diciembre de 2021 dos mil veintiuno [foja 112 del expediente principal], téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere, en relación a ordenar se lleve a cabo el emplazamiento a las demandadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, por medio de edictos; infórmesele que ciertamente el numeral 745 del código familiar estatuye que ante el desconocimiento del domicilio, el emplazamiento se realizará por edictos; empero, para ello, es necesario agotar todos los medios necesarios para la localización del demandado; ello tomando en consideración que el emplazamiento al ser la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, siendo el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento a la parte demandada sobre la existencia de un juicio en su contra, del contenido de la demanda, y de las consecuencias legales de no acudir a dar contestación; de ahí que, ante la falta de ello, se generaría una infracción al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional; colocando a la parte demandada en un estado de indefensión; de ahí que, no obstante a que se hayan girado los oficios a las diversas instituciones, resulta necesario agotar todos los medios a su alcance para establecer el desconocimiento del domicilio de las demandadas; y para tal fin debe justificar el desconocimiento del domicilio de dichas personas con prueba testimonial a cargo de por lo menos 2 dos testigos. En tal sentido, se le requiere para que ofrezca prueba testimonial a fin de acreditar el desconocimiento del domicilio de las accionadas; en la inteligencia que dicho ofrecimiento deberá reunir los requisitos, señalados en el artículo 971, fracción II, del código familiar del estado; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, no será admitido. Ya que no puede tener como acreditado el desconocimiento con los informes recabados de las diversas dependencias, así como de las razones levantadas el ministro notificador de este juzgado, al momento de constituirse en los domicilios que fueron señalados como de las demandadas; con lo cual no se puede tener por probado que existe un desconocimiento general del domicilio de la accionada. Lo anterior se determina de esa manera dado que no basta manifestar que se ignora tal domicilio, sino que es indispensable que ese desconocimiento -se insiste- sea general y haga imposible su localización, lo que se traduce en que no debe ser de manera exclusiva y personal de la parte interesada, sino de todas las demás personas que pudieran informar sobre tal cuestión. No obstante, el hecho de que la legislación familiar, específicamente el numeral 746 no establezca como se ha de acreditar el desconocimiento de un domicilio o bien la indagatoria que habría de realizarse, ya que la finalidad de esa indagación es tener la certeza de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido y de no hacerlo de tal manera se afectaría gravemente la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .". 4. Defecto en cumplimiento a la ejecutoria. En dos de agosto del año que transcurre, este juzgado declaró defectuoso el cumplimiento al fallo protector. Esto es así, toda vez que la responsable fue omisa en considerar y exponer el motivo por el cual el contenido de los informes que obran en autos y las razones actuariales resultaron insuficientes para determinar la procedencia del emplazamiento por edictos, como se consideró en la sentencia de amparo. Lo anterior es así, ya que se limitó a expresar en torno a ello que, "no obstante a que se hayan girado los oficios a las diversas instituciones, resulta necesario agotar todos los medios a su alcance para establecer el desconocimiento del domicilio de las demandadas; y para tal fin debe justificar el desconocimiento de dichas personas con prueba testimonial a cargo de por lo menos 2 dos testigos." de lo que no se advirtió, el análisis de cada informe, ni de las razones actuariales, dado que debió especificar el motivo por el cual no resultan suficientes y se requiere de diverso medio de convicción. Asimismo, que requirió para que la parte quejosa ofreciera una prueba testimonial a efecto de acreditar el desconocimiento del domicilio de las accionadas, con la que en primer término se arroja la carga de la prueba a la parte aquí quejosa, y en segundo término el objeto de dicho medio de convicción es demostrar un hecho negativo, máxime que como se precisó en la ejecutoria de amparo, "se estima que corresponde a la autoridad responsable y no al actor justificar el desconocimiento del domicilio," por lo que requerir que el actor oferte medio de convicción a efecto de demostrar el desconocimiento del domicilio, es contrario a lo señalado en la resolución de amparo. Por lo que se requirió nuevamente el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 5. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El nueve de agosto de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado el oficio suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán, mediante el cual informa cumplir cabalmente con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y emitió un acuerdo en los siguientes términos: ". Se deja insubsistente el auto de 20 veinte de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio natural, así como el dictado el 12 doce de julio de esta anualidad (este último dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo); procediéndose a dictar otro en su lugar, en los siguientes términos: Dada cuenta con el escrito presentado por el licenciado Arturo Avalos Herrera, apoderado jurídico del actor, el 15 quince de diciembre de 2021 dos mil veintiuno (foja 112 del expediente principal), téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere, en relación a ordenar se lleve a cabo el emplazamiento a las demandadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, por medio de edictos. En ese tenor, y atento a las acotaciones que realiza, tomando en consideración que en autos obran los informes remitidos por diversas dependencias, como lo son: Al vocal ejecutivo de la junta distrital del Instituto nacional electoral, con sede en esta ciudad, y domicilio conocido. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de esta ciudad. Al Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al Gerente regional de teléfonos de México (TELMEX), de esta ciudad. Al Director Municipal de seguridad pública, de esta municipalidad. Al Administrador de Rentas de esa ciudad. Al Comité y/o sistema de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio. Con el objeto de Investigar los domicilios de las accionadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González; habiendo obtenido un resultado negativo sobre lo comunicado por aquellas instituciones; excepto la información remitida por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el que revela el registro de 2 dos domicilios, de los cuales, 1 uno de ellos, coincide con el que fue aportado por la parte actora. Documentales a las que se les concede valor probatorio, a la luz de los artículos 1020, 1021, 1042 y 1043 del código familiar del Estado, toda vez que se trata de instrumentos públicos y privados (estos últimos correspondientes a los emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Teléfonos de México (TELMEX); pues se encuentran expedidos y certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; en tanto que de las últimas morales, fueron expedidas por sus representantes legales. Asimismo, tenemos que en cada uno de los domicilios aportados en autos, el actuario de este juzgado acudió a ellos, sin haber tenido éxito en la localización de las demandadas, como se desprende de las actuaciones del 12 doce de abril y 4 cuatro de agosto, todas de 2021 dos mil veintiuno (fojas 52, 98, 99 y 100 del expediente); así como la de 27 veintisiete de octubre de ese mismo año (foja 111 de autos); actuaciones a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 1042 y 1043 Código Familiar del Estado, toda vez que se trata de instrumentos públicos, pues fue levantada por un funcionario del estado en ejercicio de sus funciones. Medios de prueba con los cuales se tiene acreditado el desconocimiento del domicilio de Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, se ordena llamarlas a juicio, mediante edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado, así como en los estrados del juzgado, de acuerdo al arábigo 745 del Código Familiar del Estado; haciéndole saber a las partes demandadas que cuentan con el término de 30 treinta días, computables a partir del día siguiente al de la publicación del último edicto en el periódico que corresponda, a fin de que comparezcan ante este tribunal, a producir contestación a la demanda enderezada en su contra, apercibiéndoles legalmente de que en caso de no hacerlo, les precluirá el derecho para ello. Prevéngasele para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, ya que de no hacerlo las mismas le correrán por lista. Queda a su disposición en la secretaría relativa las copias del escrito de demanda y documentos adjuntos. Se deja a disposición de la interesada el edicto de mérito a fin de que se realice las correspondientes publicaciones. ." 6. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Bajo ese tenor, se tiene que con las constancias remitidas por la citada responsable, se advierte que ésta dio cumplimiento con el fallo protector, toda vez que el Juez Segundo de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro del juicio especial oral familiar 544/2020, que sobre cesación de pago de pensión alimenticia, promovido por el quejoso frente a Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, dejó sin efectos el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el cual declaró improcedente la solicitud que realizó de emplazar por edictos a la parte demandada. Por lo cual, emitió otro con data cinco de agosto que transcurre, en el que al tomar en consideración las consideraciones vertidas por el apoderado legal de la parte quejosa, debidamente motivado y fundado ordenando llamar a la parte demandada mediante edictos. 7. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 8. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 8.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, la depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 9. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 10. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de siete de junio de dos mil veintidós, se concedió a Luis Esteban Rodríguez Mora, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: Dejara insubsistente el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio especial oral familiar 544/2020, sobre cesación de pago de pensión alimenticia, promovido por el quejoso frente a Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud que realizó de emplazar por edictos a la parte demandada; hasta en tanto justifique el desconocimiento del domicilio de dichas personas con elementos de prueba idóneos, eficaces y suficientes; En su lugar, emitiera otro en el que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la procedencia de emplazar por edictos a la parte demandada; y, Solo en el caso de llegar a resolver injustificado el desconocimiento del domicilio de las demandadas, y considerar razonablemente necesario el desahogo de diversos medios institucionales para localizar su domicilio, deberá precisar cuáles son esos elementos de prueba idóneos, eficaces y suficientes que debe ofrecer o promover el quejoso para justificar el desconocimiento del domicilio de las demandadas. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El quince de julio de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado el oficio suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán, mediante el cual informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo y emitió un acuerdo en los siguientes términos: ". se deja insubsistente el auto de 20 veinte de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio natural; procediéndose a dictar otro en su lugar, en los siguientes términos: Dada cuenta con el escrito presentado por el licenciado Arturo Avalos Herrera, apoderado jurídico del actor, el 15 quince de diciembre de 2021 dos mil veintiuno [foja 112 del expediente principal], téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere, en relación a ordenar se lleve a cabo el emplazamiento a las demandadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, por medio de edictos; infórmesele que ciertamente el numeral 745 del código familiar estatuye que ante el desconocimiento del domicilio, el emplazamiento se realizará por edictos; empero, para ello, es necesario agotar todos los medios necesarios para la localización del demandado; ello tomando en consideración que el emplazamiento al ser la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, siendo el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento a la parte demandada sobre la existencia de un juicio en su contra, del contenido de la demanda, y de las consecuencias legales de no acudir a dar contestación; de ahí que, ante la falta de ello, se generaría una infracción al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional; colocando a la parte demandada en un estado de indefensión; de ahí que, no obstante a que se hayan girado los oficios a las diversas instituciones, resulta necesario agotar todos los medios a su alcance para establecer el desconocimiento del domicilio de las demandadas; y para tal fin debe justificar el desconocimiento del domicilio de dichas personas con prueba testimonial a cargo de por lo menos 2 dos testigos. En tal sentido, se le requiere para que ofrezca prueba testimonial a fin de acreditar el desconocimiento del domicilio de las accionadas; en la inteligencia que dicho ofrecimiento deberá reunir los requisitos, señalados en el artículo 971, fracción II, del código familiar del estado; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, no será admitido. Ya que no puede tener como acreditado el desconocimiento con los informes recabados de las diversas dependencias, así como de las razones levantadas el ministro notificador de este juzgado, al momento de constituirse en los domicilios que fueron señalados como de las demandadas; con lo cual no se puede tener por probado que existe un desconocimiento general del domicilio de la accionada. Lo anterior se determina de esa manera dado que no basta manifestar que se ignora tal domicilio, sino que es indispensable que ese desconocimiento -se insiste- sea general y haga imposible su localización, lo que se traduce en que no debe ser de manera exclusiva y personal de la parte interesada, sino de todas las demás personas que pudieran informar sobre tal cuestión. No obstante, el hecho de que la legislación familiar, específicamente el numeral 746 no establezca como se ha de acreditar el desconocimiento de un domicilio o bien la indagatoria que habría de realizarse, ya que la finalidad de esa indagación es tener la certeza de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido y de no hacerlo de tal manera se afectaría gravemente la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .". 4. Defecto en cumplimiento a la ejecutoria. En dos de agosto del año que transcurre, este juzgado declaró defectuoso el cumplimiento al fallo protector. Esto es así, toda vez que la responsable fue omisa en considerar y exponer el motivo por el cual el contenido de los informes que obran en autos y las razones actuariales resultaron insuficientes para determinar la procedencia del emplazamiento por edictos, como se consideró en la sentencia de amparo. Lo anterior es así, ya que se limitó a expresar en torno a ello que, "no obstante a que se hayan girado los oficios a las diversas instituciones, resulta necesario agotar todos los medios a su alcance para establecer el desconocimiento del domicilio de las demandadas; y para tal fin debe justificar el desconocimiento de dichas personas con prueba testimonial a cargo de por lo menos 2 dos testigos." de lo que no se advirtió, el análisis de cada informe, ni de las razones actuariales, dado que debió especificar el motivo por el cual no resultan suficientes y se requiere de diverso medio de convicción. Asimismo, que requirió para que la parte quejosa ofreciera una prueba testimonial a efecto de acreditar el desconocimiento del domicilio de las accionadas, con la que en primer término se arroja la carga de la prueba a la parte aquí quejosa, y en segundo término el objeto de dicho medio de convicción es demostrar un hecho negativo, máxime que como se precisó en la ejecutoria de amparo, "se estima que corresponde a la autoridad responsable y no al actor justificar el desconocimiento del domicilio," por lo que requerir que el actor oferte medio de convicción a efecto de demostrar el desconocimiento del domicilio, es contrario a lo señalado en la resolución de amparo. Por lo que se requirió nuevamente el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 5. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El nueve de agosto de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado el oficio suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán, mediante el cual informa cumplir cabalmente con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y emitió un acuerdo en los siguientes términos: ". Se deja insubsistente el auto de 20 veinte de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio natural, así como el dictado el 12 doce de julio de esta anualidad (este último dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo); procediéndose a dictar otro en su lugar, en los siguientes términos: Dada cuenta con el escrito presentado por el licenciado Arturo Avalos Herrera, apoderado jurídico del actor, el 15 quince de diciembre de 2021 dos mil veintiuno (foja 112 del expediente principal), téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere, en relación a ordenar se lleve a cabo el emplazamiento a las demandadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, por medio de edictos. En ese tenor, y atento a las acotaciones que realiza, tomando en consideración que en autos obran los informes remitidos por diversas dependencias, como lo son: Al vocal ejecutivo de la junta distrital del Instituto nacional electoral, con sede en esta ciudad, y domicilio conocido. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de esta ciudad. Al Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al Gerente regional de teléfonos de México (TELMEX), de esta ciudad. Al Director Municipal de seguridad pública, de esta municipalidad. Al Administrador de Rentas de esa ciudad. Al Comité y/o sistema de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio. Con el objeto de Investigar los domicilios de las accionadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González; habiendo obtenido un resultado negativo sobre lo comunicado por aquellas instituciones; excepto la información remitida por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el que revela el registro de 2 dos domicilios, de los cuales, 1 uno de ellos, coincide con el que fue aportado por la parte actora. Documentales a las que se les concede valor probatorio, a la luz de los artículos 1020, 1021, 1042 y 1043 del código familiar del Estado, toda vez que se trata de instrumentos públicos y privados (estos últimos correspondientes a los emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Teléfonos de México (TELMEX); pues se encuentran expedidos y certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; en tanto que de las últimas morales, fueron expedidas por sus representantes legales. Asimismo, tenemos que en cada uno de los domicilios aportados en autos, el actuario de este juzgado acudió a ellos, sin haber tenido éxito en la localización de las demandadas, como se desprende de las actuaciones del 12 doce de abril y 4 cuatro de agosto, todas de 2021 dos mil veintiuno (fojas 52, 98, 99 y 100 del expediente); así como la de 27 veintisiete de octubre de ese mismo año (foja 111 de autos); actuaciones a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 1042 y 1043 Código Familiar del Estado, toda vez que se trata de instrumentos públicos, pues fue levantada por un funcionario del estado en ejercicio de sus funciones. Medios de prueba con los cuales se tiene acreditado el desconocimiento del domicilio de Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, se ordena llamarlas a juicio, mediante edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado, así como en los estrados del juzgado, de acuerdo al arábigo 745 del Código Familiar del Estado; haciéndole saber a las partes demandadas que cuentan con el término de 30 treinta días, computables a partir del día siguiente al de la publicación del último edicto en el periódico que corresponda, a fin de que comparezcan ante este tribunal, a producir contestación a la demanda enderezada en su contra, apercibiéndoles legalmente de que en caso de no hacerlo, les precluirá el derecho para ello. Prevéngasele para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, ya que de no hacerlo las mismas le correrán por lista. Queda a su disposición en la secretaría relativa las copias del escrito de demanda y documentos adjuntos. Se deja a disposición de la interesada el edicto de mérito a fin de que se realice las correspondientes publicaciones. ." 6. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Bajo ese tenor, se tiene que con las constancias remitidas por la citada responsable, se advierte que ésta dio cumplimiento con el fallo protector, toda vez que el Juez Segundo de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro del juicio especial oral familiar 544/2020, que sobre cesación de pago de pensión alimenticia, promovido por el quejoso frente a Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, dejó sin efectos el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el cual declaró improcedente la solicitud que realizó de emplazar por edictos a la parte demandada. Por lo cual, emitió otro con data cinco de agosto que transcurre, en el que al tomar en consideración las consideraciones vertidas por el apoderado legal de la parte quejosa, debidamente motivado y fundado ordenando llamar a la parte demandada mediante edictos. 7. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 8. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 8.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, la depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 9. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 10. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LUIS ESTEBAN RODRIGUEZ MORA LA DETERMINACION DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Autoridad cumple con ejecutoria de amparo. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual, hace del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional el cumplimiento al requerimiento realizado el dos de agosto del año en curso, remitiendo las constancias que así lo acreditan. En ese sentido, la autoridad responsable, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cinco de agosto del año en curso, emite un acuerdo en los siguientes términos: ". Se deja insubsistente el auto de 20 veinte de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio natural, así como el dictado el 12 doce de julio de esta anualidad (este último dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo); procediéndose a dictar otro en su lugar, en los siguientes términos: Dada cuenta con el escrito presentado por el licenciado Arturo Avalos Herrera, apoderado jurídico del actor, el 15 quince de diciembre de 2021 dos mil veintiuno (foja 112 del expediente principal), téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere, en relación a ordenar se lleve a cabo el emplazamiento a las demandadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, por medio de edictos. En ese tenor, y atento a las acotaciones que realiza, tomando en consideración que en autos obran los informes remitidos por diversas dependencias, como lo son: Al vocal ejecutivo de la junta distrital del Instituto nacional electoral, con sede en esta ciudad, y domicilio conocido. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de esta ciudad. Al Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al Gerente regional de teléfonos de México (TELMEX), de esta ciudad. Al Director Municipal de seguridad pública, de esta municipalidad. Al Administrador de Rentas de esa ciudad. Al Comité y/o sistema de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio. Con el objeto de Investigar los domicilios de las accionadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González; habiendo obtenido un resultado negativo sobre lo comunicado por aquellas instituciones; excepto la información remitida por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el que revela el registro de 2 dos domicilios, de los cuales, 1 uno de ellos, coincide con el que fue aportado por la parte actora. Documentales a las que se les concede valor probatorio, a la luz de los artículos 1020, 1021, 1042 y 1043 del código familiar del Estado, toda vez que se trata de instrumentos públicos y privados (estos últimos correspondientes a los emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Teléfonos de México (TELMEX); pues se encuentran expedidos y certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; en tanto que de las últimas morales, fueron expedidas por sus representantes legales. Asimismo, tenemos que en cada uno de los domicilios aportados en autos, el actuario de este juzgado acudió a ellos, sin haber tenido éxito en la localización de las demandadas, como se desprende de las actuaciones del 12 doce de abril y 4 cuatro de agosto, todas de 2021 dos mil veintiuno (fojas 52, 98, 99 y 100 del expediente); así como la de 27 veintisiete de octubre de ese mismo año (foja 111 de autos); actuaciones a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 1042 y 1043 Código Familiar del Estado, toda vez que se trata de instrumentos públicos, pues fue levantada por un funcionario del estado en ejercicio de sus funciones. Medios de prueba con los cuales se tiene acreditado el desconocimiento del domicilio de Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, se ordena llamarlas a juicio, mediante edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado, así como en los estrados del juzgado, de acuerdo al arábigo 745 del Código Familiar del Estado; haciéndole saber a las partes demandadas que cuentan con el término de 30 treinta días, computables a partir del día siguiente al de la publicación del último edicto en el periódico que corresponda, a fin de que comparezcan ante este tribunal, a producir contestación a la demanda enderezada en su contra, apercibiéndoles legalmente de que en caso de no hacerlo, les precluirá el derecho para ello. Prevéngasele para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, ya que de no hacerlo las mismas le correrán por lista. Queda a su disposición en la secretaría relativa las copias del escrito de demanda y documentos adjuntos. Se deja a disposición de la interesada el edicto de mérito a fin de que se realice las correspondientes publicaciones. ." Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento aludido. Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y, personalmente a las partes, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa, para desahogar la vista otorgada en auto de quince de julio de dos mil veintidós, respecto de las actuaciones de la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria, sin que la hubiera desahogado; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el siete de junio de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: Dejara insubsistente el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio especial oral familiar 544/2020, sobre cesación de pago de pensión alimenticia, promovido por el quejoso frente a Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud que realizó de emplazar por edictos a la parte demandada; hasta en tanto justifique el desconocimiento del domicilio de dichas personas con elementos de prueba idóneos, eficaces y suficientes; En su lugar, emitiera otro en el que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la procedencia de emplazar por edictos a la parte demandada; y, Solo en el caso de llegar a resolver injustificado el desconocimiento del domicilio de las demandadas, y considerar razonablemente necesario el desahogo de diversos medios institucionales para localizar su domicilio, deberá precisar cuáles son esos elementos de prueba idóneos, eficaces y suficientes que debe ofrecer o promover el quejoso para justificar el desconocimiento del domicilio de las demandadas. La sentencia causó ejecutoria el siete de julio de dos mil veintidós; y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Actos realizados por la autoridad responsable. Mediante oficio 1726 de doce de julio de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán, hizo del conocimiento que dentro del juicio especial familiar oral 544/2020, el doce de julio del año en curso, emitió un acuerdo en los siguientes términos: ". se deja insubsistente el auto de 20 veinte de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio natural; procediéndose a dictar otro en su lugar, en los siguientes términos: Dada cuenta con el escrito presentado por el licenciado Arturo Avalos Herrera, apoderado jurídico del actor, el 15 quince de diciembre de 2021 dos mil veintiuno [foja 112 del expediente principal], téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere, en relación a ordenar se lleve a cabo el emplazamiento a las demandadas Ana Bertha González Cervantes y Sandy Rodríguez González, por medio de edictos; infórmesele que ciertamente el numeral 745 del código familiar estatuye que ante el desconocimiento del domicilio, el emplazamiento se realizará por edictos; empero, para ello, es necesario agotar todos los medios necesarios para la localización del demandado; ello tomando en consideración que el emplazamiento al ser la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, siendo el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento a la parte demandada sobre la existencia de un juicio en su contra, del contenido de la demanda, y de las consecuencias legales de no acudir a dar contestación; de ahí que, ante la falta de ello, se generaría una infracción al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional; colocando a la parte demandada en un estado de indefensión; de ahí que, no obstante a que se hayan girado los oficios a las diversas instituciones, resulta necesario agotar todos los medios a su alcance para establecer el desconocimiento del domicilio de las demandadas; y para tal fin debe justificar el desconocimiento del domicilio de dichas personas con prueba testimonial a cargo de por lo menos 2 dos testigos. En tal sentido, se le requiere para que ofrezca prueba testimonial a fin de acreditar el desconocimiento del domicilio de las accionadas; en la inteligencia que dicho ofrecimiento deberá reunir los requisitos, señalados en el artículo 971, fracción II, del código familiar del estado; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, no será admitido. Ya que no puede tener como acreditado el desconocimiento con los informes recabados de las diversas dependencias, así como de las razones levantadas el ministro notificador de este juzgado, al momento de constituirse en los domicilios que fueron señalados como de las demandadas; con lo cual no se puede tener por probado que existe un desconocimiento general del domicilio de la accionada. Lo anterior se determina de esa manera dado que no basta manifestar que se ignora tal domicilio, sino que es indispensable que ese desconocimiento -se insiste- sea general y haga imposible su localización, lo que se traduce en que no debe ser de manera exclusiva y personal de la parte interesada, sino de todas las demás personas que pudieran informar sobre tal cuestión. No obstante, el hecho de que la legislación familiar, específicamente el numeral 746 no establezca como se ha de acreditar el desconocimiento de un domicilio o bien la indagatoria que habría de realizarse, ya que la finalidad de esa indagación es tener la certeza de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido y de no hacerlo de tal manera se afectaría gravemente la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .". Remitiendo la constancia que acredita su actuar. Pronunciamiento. En efecto, este órgano jurisdiccional, determina que existe defecto en el cumplimiento de ejecutoria. Se considera de esa manera toda vez que la autoridad responsable no acató la totalidad de los lineamientos contenidos en la ejecutoria de amparo como se advierte a continuación. Dentro de la referida ejecutoria se analizaron dos aspectos torales que la responsable debió considerar al pretender dar cumplimiento a lo ordenado, y que son: "También carecen de la debida fundamentación y motivación los diversos argumentos en los que restar valor de manera categórica a lo desahogado en autos, desconociendo todo lo actuado; es decir, las gestiones realizadas para la búsqueda y localización de las demandadas, como son el contenido de los informe de las diversas dependencias e instituciones y los hechos constatados por el actuario de su adscripción en las diversas actas circunstanciadas, de las que esencialmente se obtiene el desconocimiento del domicilio de las demandadas. No conforme con ello, impone al quejoso la carga procesal de que tal desconocimiento debe ser de todas las demás personas que pudieran informar sobre tal cuestión, lo que también resulta ilegal." Mientras que como se ha señalado la responsable si bien dejó insubsistente el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio especial oral familiar 544/2020, no acató la totalidad de los puntos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, se evidencia toda vez que la responsable fue omisa en considerar y exponer el motivo por el cual el contenido de los informes que obran en autos y las razones actuariales resultan insuficientes para determinar la procedencia del emplazamiento por edictos, como se consideró en la sentencia de amparo. Se advierte ya que se limitó a expresar en torno a ello que, "no obstante a que se hayan girado los oficios a las diversas instituciones, resulta necesario agotar todos los medios a su alcance para establecer el desconocimiento del domicilio de las demandadas; y para tal fin debe justificar el desconocimiento de dichas personas con prueba testimonial a cargo de por lo menos 2 dos testigos." de lo que no se advierte, el análisis de cada informe, ni de las razones actuariales, dado que debió especificar el motivo por el cual no resultan suficientes y se requiere de diverso medio de convicción. Asimismo, se advierte que requirió para que la parte quejosa ofreciera una prueba testimonial a efecto de acreditar el desconocimiento del domicilio de las accionadas, con la que en primer término se arroja la carga de la prueba a la parte aquí quejosa, y en segundo término el objeto de dicho medio de convicción es demostrar un hecho negativo, máxime que como se precisó en la ejecutoria de amparo, "se estima que corresponde a la autoridad responsable y no al actor justificar el desconocimiento del domicilio," por lo que requerir que el actor oferte medio de convicción a efecto de demostrar el desconocimiento del domicilio, es contrario a lo señalado en la resolución de amparo. Por ello es que se estima un cumplimiento defectuoso por parte de la autoridad responsable. Requerimiento. En ese contexto, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que en el TÉRMINO DE TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del oficio que derive del presente proveído, cumpla con lo anterior; esto es: Deberá dejar sin efecto el auto de doce de julio de dos mil veintidós, y en su lugar dictar uno nuevo en el que reitere que deja insubistente el diverso de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, y se pronuncie sobre la petición elevada por el quejoso respecto al emplazamiento por edictos. Realice el análisis del contenido de los informes que obran en autos y las razones actuariales para determinar si resultan suficientes o no para determinar la procedencia del emplazamiento por edictos. En caso de no considerar suficientes los informes y razones actuariales, deberá proveer de manera justificada sobre la prueba que considere idónea y pertinente para acreditar el desconocimiento del domicilio, la que no podrá ser a cargo del quejoso. Lo anterior, para estar en condiciones de analizar si la ejecutoria se encuentra cumplida; para lo cual deberá remitir constancia que acredite su dicho. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá, una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurran en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

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