Luis Espinosa Juárez
Expediente 680/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Espinosa Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibo del oficio 20814/2021, de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, por el que se le remitieron los autos originales del juicio en que se actúa en un tomo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio de la cual, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, acusa recibo del oficio 18459/2021, remitido vía electrónica, e informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal y se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado con el juicio de amparo 1892/2021II, asimismo, solicita se le remita los autos originales del juicio en que se actúa. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. En atención a su solicitud, se ordena remitir los presentes autos al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, solicitando el acuse de recibo respectivo. Se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaria del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se ubica dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese
- Principal
En la Ciudad de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista el acta de comparecencia de siete de julio de dos mil veintiuno, en la que, ante la presencia judicial, el quejoso Luis Espinosa Juárez, ratificó la firma que calza el escrito aclaratorio recibido en este juzgado el veinticinco de junio del año en curso; por lo tanto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el acta de mérito, para todos los efectos legales a que haya lugar. Es pertinente señalar, en primer lugar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tiene encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta: a) Por materia, b) Por territorio, y c) Por grado. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola materia y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), de rubro y datos de localización siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (Registro 919,034, Jurisprudencia, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis 182, página 296). Puntualizado lo anterior, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda, se obtiene que los actos reclamados son: a) La resolución dictada en el recurso de inconformidad, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual confirmó el acuerdo 4-CA-10/2021, de siete de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a través de la cual negó la autorización de licencia sin goce de sueldo. De ahí que se considere que en el presente asunto los actos reclamados están circunscritos al ámbito laboral, de conformidad con el artículo 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del artículo transcrito se desprende que será competencia de los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo, entre otros supuestos, cuando el juicio de amparo se promueva contra actos de autoridad distinta de la judicial, en materia de trabajo. Así las cosas, dada la naturaleza de los actos reclamados, atendiendo al análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se considera que para analizar la constitucionalidad de los actos que se reclaman, el juzgador del conocimiento requiere necesariamente verificar el cumplimiento de aspectos de naturaleza netamente laboral. Lo anterior, es así, dado que de su capítulo de actos reclamados, así como de sus conceptos de violación y escrito de desahogo, se advierte que el quejoso se duele de la resolución dictada en el recurso de inconformidad, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual confirmó el acuerdo 4-CA- 10/2021, de siete de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a través de la cual negó la autorización de licencia sin goce de sueldo; sin que pase inadvertido para el suscrito que lo haya emitido una autoridad administrativa; sin embargo se trata de un acto de naturaleza laboral, dado que la parte quejosa aduce que le violan un derecho laboral. Sin que sea obstáculo a esta consideración, que la naturaleza de las autoridades responsables e incluso la ley reclamada, sean de carácter administrativa, ya que no solamente debe atenderse a ese criterio para determinar la competencia, sino como se indicó, a la naturaleza de los actos reclamados, de que se duele la quejosa, que en el caso desde la perspectiva planteada y desde la cual ha de resolverse, son del marco jurídico del Juez Federal especializado en derecho del trabajo. Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la Jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. (Registro 200158, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 55, Tesis: P./J. 12/96. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado aparentemente por Luis Espinosa Juárez, parte promovente en el presente asunto, por medio del cual, pretende desahogar las prevenciones formuladas en auto siete de junio de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que la firma que calza del escrito de mérito difiere de la que se encuentra estampada en el escrito inicial de demanda, lo que ocasiona incertidumbre sobre su autenticidad. Esto es así, ya que a simple vista no existe identidad entre las mismas, y si bien es cierto que el juzgador de amparo no es perito en grafoscopía también lo es que, ante la evidente, notoria e indudable diferencia de esas firmas (que a continuación se reproducen), se puede concluir que no se requiere de tales conocimientos para advertir esa circunstancia. En consecuencia, se le requiere para que se apersone ante la presencia judicial, con la finalidad de que ratifique el escrito que se provee, y proceda a estampar su firma en el acta circunstanciada que al efecto se levante con motivo de su comparecencia. En ese contexto, se impone destacar que el artículo 6, del artículo 21 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", en lo que interesa, señala lo siguiente: "Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. (.)". [Lo destacado es propio] Entonces, conforme a las disposiciones establecidas para "la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", en lo que interesa, tratándose de requerimientos formulados por el órgano jurisdiccional para que una de las partes comparezca ante él para el desahogo de algún requerimiento o diligencia, el juzgador deberá programar una cita para esa comparecencia, que tendrá verificativo el día del vencimiento del término otorgado; para lo anterior, se establecieron algunas reglas para la entrega del código QR, necesario para acudir a la referida cita. En consecuencia, SE REQUIERE a Luis Espinosa Juárez, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca ante el local de este órgano jurisdiccional plenamente identificado, a fin de que ratifique el escrito de mérito, y para tal efecto se señalan las catorce horas del día siete de julio de dos mil veintiuno; para lo cual, deberá exhibir el código QR que se anexa a continuación: La anterior fecha y hora se programaron así, tomando en consideración los dos días que tiene para darse por notificado personalmente una vez, dejando el citatorio respectivo, y que, de conformidad con el artículo 15, del citado Acuerdo General, a este Juzgado de Distrito le correspondió la jornada de labores presencial de las trece horas con quince minutos (13:15) a las diecinueve horas con quince minutos (19:15). No obstante, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y, procurar con el principio y obligación de la impartición de justicia completa, pronta y expedita, conforme al artículo 17 constitucional; se determina que, en caso de que no pueda acudir en la fecha y hora programadas, por causa justificada, deberá: ? Programar por sí, una nueva cita, dentro del término de los tres días que se le otorgaron, es decir, en el primer, segundo o tercer día, contados a partir de que se le notifique el presente auto y, así obtener el código QR, respectivo. Para lo anterior, deberá tomar en consideración el horario de la jornada de labores presenciales que le correspondió a este juzgado, precisado en párrafos anteriores. En el entendido de que, en caso de que las firmas de la ratificación del escrito de mérito y del escrito inicial de demanda, este Juzgado de Distrito tiene la facultad de tramitar, de oficio, la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 59/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1234, del rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a efecto de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a Luis Espinosa Juárez, en el domicilio ubicado en Avenida Juárez, número ocho (8), sexto piso, colonia Centro (Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México). Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
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