Luis Espinosa González

Expediente 236/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
236/2020
Año
2020
Actuaciones
35
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Espinosa González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguense el escrito y anexos señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase al apoderado legal de BBVA BANCOMER S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, desahogando la prueba de informe solicitada en auto de veintidós de febrero del año en curso. Por otro lado, visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, haciendo del conocimiento que admitió a trámite los recursos de queja interpuestos por Daniel Fabila Montalvo, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por lo que se encuentra pendiente que el Tribunal de Alzada resuelva dichos medios de impugnación. En consecuencia, con apoyo en lo previsto por el artículo 102 de la ley de la materia, se ordena la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el medio de impugnación de referencia, pues la resolución que se dicte en el mismo, puede influir en el sentido de la sentencia, motivo por el cual se deja sin efectos la audiencia señalada para el veintiséis de julio y por el momento no ha lugar a señalar una nueva hora y fecha para la audiencia constitucional en el presente juicio. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 4/2012 (10a.) y Página: 6: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto Cita do en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguense el escrito y anexos señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase al apoderado legal de BBVA BANCOMER S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, desahogando la prueba de informe solicitada en auto de veintidós de febrero del año en curso. Por otro lado, visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, haciendo del conocimiento que admitió a trámite los recursos de queja interpuestos por Daniel Fabila Montalvo, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por lo que se encuentra pendiente que el Tribunal de Alzada resuelva dichos medios de impugnación. En consecuencia, con apoyo en lo previsto por el artículo 102 de la ley de la materia, se ordena la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el medio de impugnación de referencia, pues la resolución que se dicte en el mismo, puede influir en el sentido de la sentencia, motivo por el cual se deja sin efectos la audiencia señalada para el veintiséis de julio y por el momento no ha lugar a señalar una nueva hora y fecha para la audiencia constitucional en el presente juicio. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 4/2012 (10a.) y Página: 6: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto Cita do en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO)

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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