Luis Ernesto Rodriguez Martinez
Expediente 508/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Ernesto Rodriguez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, con el que acusa recibo del oficio 19408/2021, con el cual se notificó a dicha autoridad el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se remitió el original del juicio ejecutivo mercantil * en un tomo y un pagaré valioso por la cantidad de $*** (** 00/100 moneda nacional). Vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia definitiva por la que se sobreseyó en el presente asunto, no fue recurrida dentro del término legal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa no aportó documentos al presente asunto. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, devuélvase al Juzgado Segundo Menor Civil con residencia en esta ciudad, las constancias que allegó al presente sumario, consistentes en el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Por tanto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en audiencia constitucional de veinte de octubre del año en curso, se ordenó guardar en el secreto de este órgano constitucional el pagaré valioso por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional); en consecuencia, remítase el aludido documento al Juzgado Segundo Menor Civil con residencia en esta ciudad, dese de baja en el libro respectivo y háganse las anotaciones correspondientes; solicítese el acuse de recibo correspondiente. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo...
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En esa tesitura, se tiene que no son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades: - Juez Tercero Menor Civil. - Juez Primero Civil de Partido. - Juez Quinto Civil de Partido. - Juez Tercero del Ramo Civil. - Juez Segundo Civil de Partido. - Juez Quinto Menor Civil. - Juez Primero Menor Mixto. - Juez Cuarto Menor Civil. - Juez Cuarto Civil de Partido. - Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar. Todos con residencia en esta ciudad. Ello, pues dichas autoridades así lo manifestaron al rendir su informe justificado. En consecuencia, ante la negativa de los actos reclamados, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los mismos, lo que en la especie no acontece; razón por la cual es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Por su parte, con independencia de que la Directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de esta ciudad, al rendir su informe con justificación reconoció que tuvo intervención en la ejecución de los actos reclamados, tal aceptación queda desvirtuada con las constancias que integran el juicio de origen, remitidas por el Juez Segundo Menor Civil con residencia en esta ciudad, consistentes en el expediente ***, de su índice, en apoyo a su informe justificado; a las que se confiere valor probatorio pleno por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y no ser objetadas por las partes, pues de su revisión se advierte que fue diversa autoridad la que tuvo participación en la ejecución de tales actos. Lo que, además, se robustece con el contenido de los artículos 68 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Guanajuato y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues de su intelección se advierte que la cumplimentación de las resoluciones judiciales que deban tener lugar fuera del local del Juzgado corresponderá a un actuario que designe el Juez o al que corresponda por razón de turno. Esto, pues la Oficina Centra de Actuarios únicamente realiza funciones administrativas dado que les corresponde realizar el turno de las diligencias a los respectivos fedatarios. De ahí que la referida autoridad carece de facultades para ejecutar los actos impugnados en el ámbito de sus atribuciones. En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis ubicada en la página seis mil seiscientos setenta y tres, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXXIX, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Menor Civil de Partido de esta ciudad, consistentes en la orden de emplazamiento o embargo que se ordenó practicar en el bien inmueble que el quejoso defiende, dictada en el expediente M-16/2021, de su índice. Se afirma lo anterior, toda vez dicha autoridad así lo reconoció al rendir su informe justificado; aunado a que su certeza se encuentra acreditada con las documentales que la juzgadora remitió en apoyo a su informe de ley, a las que previamente se confirió pleno valor probatorio. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar el estudio del fondo del asunto, se debe realizar el estudio de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, para efectuar el análisis correspondiente, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se deducen de las constancias que obran en el juicio natural, a las que con anterioridad se concedió pleno valor probatorio y en lo que interesa, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común Civil, del Partido Judicial de esta ciudad, ***, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *** y otra, el pago de la cantidad de $¨***, por concepto de suerte principal, así como diversas anexidades. (Fojas 01 a 04, tomo I) 2. Por razón de turno, correspondió su conocimiento a la Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, el que lo radicó bajo el expediente M16/2021, y por auto de doce de enero del año en curso, se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de los codemandados, haciéndolo respecto del enjuiciado ***, en el domicilio ubicado en calle ***. 3. En diligencia de veintidós de abril del año en curso, se pretendió efectuar el auto de exequendo contra el demandado Luis Ernesto Rodríguez Martínez, y si bien se entendió con el propio enjuiciado, no pudo culminarse ante la negativa del propio buscado de permitir el ingreso al domicilio, según la constancia correspondiente. (Fojas 17 y 18). 4. Posteriormente, ante la imposibilidad de efectuarse dicha diligencia, en acuerdo de veintisiete de abril de la presente anualidad (foja 22), se ordenó efectuar dicha diligencia con el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras, la cual se trató de realizar el veintiuno de junio siguiente, con resultados negativos, pues los intervinientes ingresaron al domicilio, pero no se encontraba nadie en su interior. (Foja 27) Expuesto lo anterior, analizado el acto reclamado y las constancias que integran el juicio de origen, este juzgado, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, ni menos aún, por equiparación, en tanto que es parte en el juicio de origen en que aún no se dicta la sentencia definitiva. En efecto, los artículos 61, fracción XIII, y 107, fracción VI, en cita, prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". De la interpretación sistemática de los preceptos en estudio, se concluye que la causa de improcedencia en estudio se surte cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio afecten a personas que no son extrañas a él. Al respecto, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior, o bien, fue llamada de forma distinta a la legalmente establecida. Tienen sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 196932 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Página: 56 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Contradicción de tesis 11/95. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 7/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y ocho. En la especie, la parte quejosa acude a esta instancia aduciendo ser tercero extraño y reclama la orden de emplazamiento o embargo que se ordenó practicar en el bien inmueble que aduce habitar, ubicado en calle ***, de la Colonia Villas de San Clemente, de esta ciudad, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo Menor Civil con residencia en esta ciudad, así como su ejecución, precisando ser totalmente ajeno a ese asunto. De lo anterior, hecha la revision de los antecedentes reseñados, se advierte el veintidós de abril del año en curso, se pretendió efectuar el auto de exequendo contra el demandado Luis Ernesto Rodríguez Martínez, aquí quejoso, de cuya acta se advierte lo siguiente: - Que la actuaria que la llevó a cabo la entendió con el propio enjuiciado en el domicilio ubicado en ***, de esta ciudad, dado que la persona con quien se entrevistó refirió ser el buscado, bajo protesta de decir verdad. - El fedatario le hizo saber el motivo de la diligencia, dándole lectura íntegra al auto de radicación de doce de enero del año en curso y otro. - Enseguida, la actuaria procedió a requerirlo de pago respecto de la cantidad reclamada por concepto de suerte principal y le indicó que, de no hacerlo, tendría que señalar bienes para embargo, pero el requerido manifestó no tener dinero para hacer el pago reclamado e impidió el acceso al domicilio, por lo que no pudo culminarse dicha diligencia. Documentales a las que previamente se les confirió valor probatorio, aunado a que el quejoso no las objetó. Lo anterior, evidencia la existencia de una actuación en que se pretendió llevar a cabo el llamamiento del quejoso al juicio de origen, haciéndole del conocimiento la tramitación de ese asunto, toda vez que la actuario comisionada por el juzgado responsable se constituyó en el domicilio que se dijo, pertenecía al demandado -aquí quejoso-, a fin de realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, respecto de la cantidades reclamadas; la cual, entendió el propio enjuiciado a quien le hizo saber el motivo de esa diligencia y lo enteró del contenido del auto de radicación de doce de enero del año en curso, del cual se puede advertir, en lo que interesa, que hace referencia al número del expediente natural, el nombre de la parte que promovió dicho sumario, el juzgado que conoce de ese asunto, las prestaciones reclamadas y la orden de que fuera emplazado a ese asunto. En consecuencia, se colige que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, ni menos aún, por equiparación, en tanto que es parte demandada en el juicio de origen y tuvo conocimiento de su tramitación porque se realizó una diligencia judicial, en la cual se le hicieron del conocimiento los datos mínimos indispensables tales como el número del expediente natural, el nombre de la parte que promovió dicho sumario, el juzgado que conoce de ese asunto, las prestaciones reclamadas y la orden de que fuera emplazado a ese asunto. Además, en el citado sumario no se ha dictado sentencia, por lo que se considera que desde ese momento estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal a fin de hacer valer sus cargas procesales para que pueda obtener una sentencia favorable y de no ser así, en caso de existir alguna la violación en el procedimiento, hacerla valer en amparo directo. Lo que encuentra justificación en que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, que derivó en la jurisprudencia de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)."; determinó que NO tiene la calidad de persona extraña a juicio por equiparación, el quejoso con quien durante la tramitación del juicio de origen y antes de que se dictara sentencia, se hubiera practicado directamente con él una notificación personal con la cual tuviera conocimiento de su substanciación, pues consideró que tal actuación podía permitirle incorporarse a la relación procesal a fin de que hiciera valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. El criterio en cita puede consultarse con los siguientes datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2004274 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013. Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Tesis de jurisprudencia 67/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de junio de dos mil trece. Nota: La presente tesis deriva de la resolución dictada en la solicitud de modificación de jurisprudencia relativa al expediente 4/2013, en la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio contenido en la tesis 1a./J. 9/2012 (10a.), de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 681. En esas condiciones, como se adelantó, el quejoso dejó de tener el carácter de tercero extraño, en tanto que durante la substanciación del juicio de origen se practicó con él una diligencia de carácter personal por la cual tuvo conocimiento de su tramitación, en que a la fecha no se ha dictado sentencia. Por tanto, resulta incuestionable que el solicitante de la protección constitucional, con la diligencia reseñada en párrafos que anteceden tuvo conocimiento de la instauración del citado procedimiento y por ello, desde ese momento se encontró en aptitud de hacer valer sus cargas procesales para que pudiera obtener una sentencia favorable. Así, queda plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Así, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos consistentes en todo lo actuado en el juicio, entre lo que se encuentra el dictado de la sentencia definitiva, dado que no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la falta de llamamiento al juicio de origen. Robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, localizable en la página 50, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual, en esencia, solicita sea revocada la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa el dieciocho de agosto del año que transcurre al no haber exhibido la garantía fijada para ello. Atento a lo solicitado por la fiscal en cita y visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que al día en que se actúa el quejoso, no ha exhibido la garantía que se fijó a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en la interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento de las autoridades responsables que tienen expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. En el entendido que dicha circunstancia sólo impide que la suspensión surta plenamente sus efectos ante la falta del cumplimiento del requisito que se fijó para su efectividad, pues hasta en tanto no exista sentencia ejecutoriada en el amparo, se está en aptitud de allegar la respectiva garantía a fin de que vuelva a surtir efectos la medida cautelar, siempre y cuando no se haya ejecutado el acto reclamado. Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. No pasa desapercibido que la Fiscal adscrita se refiera a la suspensión provisional otorgada el veinte de agosto pasado, sin embargo, el resto de los datos de su pedimento son correctos, por lo que dicha circunstancia no incide en el sentido que se proveyó en párrafos anteriores, aunado a que de las constancias que integran el presente incidente, así como de la certificación realizada, se obtiene que la suspensión definitiva fue otorgada el dieciocho de agosto del presente año. Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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