Luis Ernesto Corona Martínez

Expediente 155/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
155/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Luis Ernesto Corona Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese el oficio de referencia, que remite la Administradora de Operación de Padrones "2", de la Administración General de Servicios al Contribuyente, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo y anexa la constancia respectiva para acreditar su dicho. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de cuenta y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del lapso que se les concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tengan para ello; este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con el que remite copia autógrafa de la diligencia de aceptación y protesta de cargo de perito de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 682/2021/L1/CD/IND de su índice. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase admitidas y desahogadas las documentales aludidas, en razón a su propia y especial naturaleza. Del análisis de las constancias que integran el expediente laboral citado, se advierte una causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues la razón que justifica esta determinación, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. En efecto, en autos se aprecia que el acto reclamado es la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio 682/2021/L1/CD/IND, de procurar la designación de un perito oficial en materia caligráfica, grafoscopica y grafométrica a favor de la parte actora -aquí quejosa-; no obstante de que dicho medio de convicción fue admitido desde el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. No obstante, en las constancias recibidas en esta fecha, se observa que el nueve de marzo de dos mil veintitrés, la ingeniera Jaqueline Martínez Cortés aceptó y protesto el cargo como perito designado por la parte actora, con el objeto de desahogar la prueba pericial precitada. También se advierte que la junta responsable fijó las diez horas con treinta minutos del veinticuatro del marzo próximo para que tenga verificativo la toma de muestra de la estructura que es objeto de la citada prueba pericial. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable ya designó perito oficial a favor de la parte actora -aquí quejosa-, para el desahogo de la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscopica y grafométrica admitida en el juicio laboral aludido. Por ende, las cosas han vuelto al estado que guardaban hasta antes de la afectación reclamada por el quejoso en esta instancia, por lo que el presente juicio deviene improcedente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las doce horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal del presente juicio y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional está programada para hoy; sin embargo, no puede desahogarse, en razón de que no obra el informe justificado del titular de la Dirección General del Trabajo del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre; tampoco el acuse de recibo de oficio a través del cual se le requirió. En esa medida, para dar margen a su recepción, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********, en representación de Luis Ernesto Corona Martínez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 155/2023-VII. Admisión Con apoyo en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 33, fracción IV, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión, dado que no fue solicitado expresamente. Solicitud de informes justificados Solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación del presente proveído, al que deberán acompañar copia autenticada, completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibidas con que de no hacerlo, se entenderá que su actuación es de mala fe y, en consecuencia, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades responsables Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito Con este acuerdo, dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como la intervención que legalmente le corresponde en este juicio. De igual manera, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el usuario FRANCISCOGOCE acceda al expediente electrónico de este asunto y reciba las notificaciones que le atañen por dicha vía. Información sobre el "Juicio en línea" De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para tal efecto, requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Resérvese el reconocimiento de terceros interesados, hasta que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables y, en su caso, las constancias que alleguen como soporte al mismo, de las cuales se podrá deducir a quiénes les surge tal carácter. Habilitación de días y horas inhábiles De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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