Luis Ernesto Aguilar Hernández
Expediente 721/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Luis Ernesto Aguilar Hernández
- Junta Especial Número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
-Ejecutoria- Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el siete de diciembre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. - Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020.... 721/2020-III.
- Principal
Visto el oficio del Presidente de la Junta Especial número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual cumple con el requerimiento de veintiséis del mes pasado. Por lo que hace a la copia certificada que remite la citada autoridad responsable, relativa a la notificación del laudo al quejoso Luis Ernesto Aguilar Hernández, dictado en el expediente laboral 662/2016 conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida dicha documental. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora, la parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo en el expediente laboral...., promovido por Luis Ernesto Aguilar Hernández, ya que fueron celebradas todas las etapas del juicio laboral conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, se concluyó con el desahogo de pruebas, no obstante que se cerró instrucción ordenando el dictado laudo, se turnaron los autos a proyecto de resolución, sin que a la fecha se haya dictado el laudo correspondiente. De lo anterior y del estado de autos, se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es para el efecto de que fuera revisado el procedimiento en términos legales a la queja iniciada el veinte de agosto de dos mil dieciocho; que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia ?? misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Se afirma lo anterior, toda vez que el veinte de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable emitió la resolución en el expediente laboral...., promovido por.... Hernández; laudo el anterior que fue notificado el uno de diciembre del presente año al impetrante, pues así se obtiene de las constancias anexas a su informe justificado y requerimiento formulado por este Tribunal, a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia, por estar certificadas. De tal manera, el presente sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad; es decir, la emisión de la resolución correspondiente en el juicio laboral de origen. ????????? En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE Finalmente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, mediante proveído de veintiséis de noviembre de este año, esto es las doce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las partes....
- Principal
Vista la certificación que antecede, advirtiéndose que el doce de noviembre del año en curso se emplazó a la parte tercera interesada "quien resulte responsable de la fuente de trabajo", sin que hayan transcurrido los ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido del informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las doce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, para su celebración. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable no acompañó la constancia de notificación hecha a la parte quejosa, del laudo dictado el veinte de octubre del presente año, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al en que se le notifique el presente proveído, remita a este Juzgado dicha constancia, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veinte, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $..........(..............moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $............(.......................moneda nacional). Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y por medio de lista a las partes ...721/2020-III.
- Principal
Vista la constancia levantada por el Actuario de este Juzgado de la que se advierte el emplazamiento del tercero interesado Unipress Mexicana, sociedad anónima de capital variable, al presente juicio de garantías; más no del diverso tercero interesado quien resulte propietario y responsable de la Fuente de Trabajo, toda vez que de la referida razón, se advierte lo siguiente: ". En el referido domicilio fui atendido por Anahí Nolasco, recepcionista en ese despacho, ante quien me identifique y le hice saber el motivo de mi presencia; acto seguido, se comunicó vía telefónica con uno de los abogados del despacho a efecto de corroborar si ellos llevaban asuntos de los mencionados terceros; enseguida, me comunicó vía telefónica con quien dijo llamarse Asael Hernández Valderas, encargado del área laboral del despacho Martínez Estébanez, quien me solicitó le indicara si en el auto admisorio o en la demanda de amparo se había señalado algún domicilio de la fuente de trabajo; previamente consultarlo con la licenciada Ana Karolina Reyna Schulte, le informe que así fue señalada por el quejoso en su demanda de amparo, proporcionando como domicilio legal el ubicado en Sierra de las Palomas 220. " En relación a ello, el licenciado Hernández Valderas, manifestó que efectivamente en ese despacho llevan la defensa juridica de la persona moral Unipres Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, en relación al diverso emplazamiento dirigido a "quien resulte propietario y responsable de la Fuente de Trabajo" refirió que al no especificar el lugar donde se localiza la fuente de trabajo, no podía recibir dicho el citatorio, pues debía corroborar previamente que en su caso la representen." Ahora bien, del informe justificado que obra en autos y de las constancias que se acompañan, emerge que el domicilio de la tercera interesada últimamente indicada, es Avenida Japón número ciento veintiocho, del Parque Industrial San Francisco, en el Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que practique el emplazamiento de la fuente de trabajo tercero interesada en el domicilio antes señalado; o bien, dado el sentido de la razón de cuenta, verifique si en el domicilio señalado en la demanda ubicado en calle Sierra de las Palomas 220, fraccionamiento Bosques del Prado Sur, correspondiente al despacho jurídico que se indica, efectivamente representa a la fuente de trabajo y, en caso afirmativo, verifique el emplazamiento ordenado. Cúmplase. 721/2020-III.
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