LUIS ERIK ALMAGUER LINARES y Otros.
Expediente 1442/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1442/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2016
Partes del expediente
- LUIS ERIK ALMAGUER LINARES y Otros.
- Luis Erik Almaguer Linares
- Juez de Control del Sisteman Penal Acusatorio En Cadereyta de Montes, Querétaro
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 31/08/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 30/08/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida *******, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1442/2016-I; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, misma que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa combate la resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, en la que el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, resuelve el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra de la determinación de misma fecha, a través de la cual se amplia el plazo de investigación complementaria hasta el veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, fecha en la que se agota el plazo máximo de seis meses otorgado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto reclamado: El dos de julio de dos mil quince, la Agente del Ministerio Público de Investigaciones y Procesos en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, inició la carpeta de investigación de número 4-03663-15, en contra del ahora quejoso y/o quien resulte responsable de la comisión del delito de Fraude Genérico y Abuso de Confianza, en agravio de Isidro Aguilar Sánchez y Otros; así, el diecinueve de febrero del actual, dicha agente solicitó la captura del quejoso; Posteriormente, el veintidós de febrero del presente año, ante la captura del quejoso, se celebró la audiencia inicial, en la cual se formuló imputación en contra del quejoso; se le concedió el derecho a declarar; y se solicitó la suspensión de la audiencia inicial por parte del mismo, a fin de ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos manifestados por el Fiscal Acusador; Luego, el veintiséis de febrero de presente año, la responsable dictó auto de vinculación a proceso del quejoso, por la probable comisión del delito de Peculado, cometido en agravio de Aguilar Sánchez y Otros; En contra de dicha determinación, el imputado ahora quejoso interpuso, recuso de apelación del cual conoció la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, registrándolo bajo el número de toca penal 14/2016; el cual fue resuelto el veintiocho de abril del actual, confirmando el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable. En contra de la citada resolución el quejoso interpuso amparo indirecto, el cual fue radicado en este Juzgado con el número 1115/2016-I, el cual se encuentra pendiente por resolver. Así las cosas, el veintiocho de julio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo una audiencia en la que se resolvió la solicitud de prórroga solicitada por el Fiscal Acusador, en el sentido de ampliarla hasta el cinco de agosto del mismo año. En cinco de agosto del actual, tuvo verificativo una audiencia en la que el Aquo, resolvió la solicitud de prórroga de investigación complementaria solicitada por el representante legal de la víctima ahora tercero interesado Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, así como por el Asesor Jurídico de todas las victimas indirectas del proceso del que emana el acto reclamado, en la cual se decidió ampliarla hasta el veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, fecha en la que se agota el plazo máximo de seis meses otorgado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Inconforme contra dicha resolución, en ese mismo acto, la defensa de imputado ahora quejoso, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto por la autoridad responsable en el sentido de confirmarla. Siendo esta última, la resolución se combate por vía de amparo. De lo anterior, se desprende que dicho acto combatido no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución absolutoria en el proceso penal del que emana el acto reclamado; pues, puede dictarse una sentencia definitiva favorable. Por lo que, de resultarle adversa la resolución que se dicte en el juicio de origen, puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí se reclama, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Se estima así, porque el acto combatido es de carácter intra-procesal, ya que en ninguna forma se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como los que pudieran ser entre otros, la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues las consecuencias que acarrean tal determinación, es únicamente para que se amplié la etapa de investigación complementaria, lo que en su momento podría culminar, con el sobreseimiento parcial o total, que en su caso haga el Ministerio Público que interviene en la causa, o bien, en la audiencia de juicio el Fiscal Acusador podría solicitar la absolución, o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, lo cual lleva a concluir que con el acto reclamado, no se produce una actual y real que afecte materialmente a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo cual, se reitera se trata de cuestiones intra-procesales que no violan derechos fundamentales. En consecuencia, el acto que se reclama constituye una violación al procedimiento reclamable únicamente en el amparo uniinstancial, pues por el momento no se tiene la certeza de que el acto reclamado trascienda al resultado del fallo definitivo, ya que aún con amplitud del plazo de investigación complementaria, pudiese llegarse a un resultado favorable para el quejoso, o en caso contrario, podrá hacerlo valer en vía de agravio a través del recurso de apelación correspondiente, incluso estará en aptitud de impugnar dicha violación mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada bajo el número 82, consultable en la página 107, Sexta Parte, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917 - 1985, bajo la voz: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.". Por otra parte, a mayor abundamiento, si las actuaciones del Fiscal Acusador son con el fin de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, resulta evidente que la continuidad de la indagación de dicho órgano, es un acto desplegado por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, que tiene por objeto indagar si hay elementos para determinar la existencia o no de conductas delictiva, así como, en su caso, a sus probables responsables. Por lo tanto, al encontrarse la facultad investigadora de la representación social dentro del marco constitucional, y constituir ésta un mandato de la misma norma suprema; de ahí que sea improcedente el juicio de garantías en que se señale como acto reclamado tales diligencia ministeriales. Lo anterior es así, ya que en términos del artículo 21 Constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, quien en ejercicio de ella, practica diligencias a fin de probar la comisión de un delito, sus circunstancia y la responsabilidad de inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que, por sí mismas, no causan daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues son de orden público, desde luego, siempre y cuando con ellas no se ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos del gobernado, lo cual, en el caso esto último no ha sucedido. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Publico por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una proceso o indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público; por lo que el acto reclamado por el impetrante, a criterio del suscrito, no le irroga perjuicio y menos aún viola sus derechos fundamentales, por lo que es improcedente el juicio de amparo. Tiene aplicación por analogía, la tesis aislada(X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, Décima Época, con número de registro 2012423, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". Así como la tesis, con número de registro 203374, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, visible en la página 264, que a la letra reza: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." Asimismo, surte efectos la tesis con número de registro 180028, sustentado por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, visible en la página 351, que a continuación se transcribe: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indica. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal..I
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Vista la demanda de amparo promovida LUIS ERIK ALMAGUER LINARES, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1442/2016-I; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, misma que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa combate la resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, en la que el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, resuelve el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra de la determinación de misma fecha, a través de la cual se amplia el plazo de investigación complementaria hasta el veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, fecha en la que se agota el plazo máximo de seis meses otorgado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto reclamado: El dos de julio de dos mil quince, la Agente del Ministerio Público de Investigaciones y Procesos en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, inició la carpeta de investigación de número 4-03663-15, en contra del ahora quejoso y/o quien resulte responsable de la comisión del delito de Fraude Genérico y Abuso de Confianza, en agravio de Isidro Aguilar Sánchez y Otros; así, el diecinueve de febrero del actual, dicha agente solicitó la captura del quejoso; Posteriormente, el veintidós de febrero del presente año, ante la captura del quejoso, se celebró la audiencia inicial, en la cual se formuló imputación en contra del quejoso; se le concedió el derecho a declarar; y se solicitó la suspensión de la audiencia inicial por parte del mismo, a fin de ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos manifestados por el Fiscal Acusador; Luego, el veintiséis de febrero de presente año, la responsable dictó auto de vinculación a proceso del quejoso, por la probable comisión del delito de Peculado, cometido en agravio de Aguilar Sánchez y Otros; En contra de dicha determinación, el imputado ahora quejoso interpuso, recuso de apelación del cual conoció la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, registrándolo bajo el número de toca penal 14/2016; el cual fue resuelto el veintiocho de abril del actual, confirmando el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable. En contra de la citada resolución el quejoso interpuso amparo indirecto, el cual fue radicado en este Juzgado con el número 1115/2016-I, el cual se encuentra pendiente por resolver. Así las cosas, el veintiocho de julio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo una audiencia en la que se resolvió la solicitud de prórroga solicitada por el Fiscal Acusador, en el sentido de ampliarla hasta el cinco de agosto del mismo año. En cinco de agosto del actual, tuvo verificativo una audiencia en la que el Aquo, resolvió la solicitud de prórroga de investigación complementaria solicitada por el representante legal de la víctima ahora tercero interesado Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, así como por el Asesor Jurídico de todas las victimas indirectas del proceso del que emana el acto reclamado, en la cual se decidió ampliarla hasta el veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, fecha en la que se agota el plazo máximo de seis meses otorgado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Inconforme contra dicha resolución, en ese mismo acto, la defensa de imputado ahora quejoso, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto por la autoridad responsable en el sentido de confirmarla. Siendo esta última, la resolución se combate por vía de amparo. De lo anterior, se desprende que dicho acto combatido no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución absolutoria en el proceso penal del que emana el acto reclamado; pues, puede dictarse una sentencia definitiva favorable. Por lo que, de resultarle adversa la resolución que se dicte en el juicio de origen, puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí se reclama, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Se estima así, porque el acto combatido es de carácter intra-procesal, ya que en ninguna forma se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como los que pudieran ser entre otros, la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues las consecuencias que acarrean tal determinación, es únicamente para que se amplié la etapa de investigación complementaria, lo que en su momento podría culminar, con el sobreseimiento parcial o total, que en su caso haga el Ministerio Público que interviene en la causa, o bien, en la audiencia de juicio el Fiscal Acusador podría solicitar la absolución, o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, lo cual lleva a concluir que con el acto reclamado, no se produce una actual y real que afecte materialmente a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo cual, se reitera se trata de cuestiones intra-procesales que no violan derechos fundamentales. En consecuencia, el acto que se reclama constituye una violación al procedimiento reclamable únicamente en el amparo uniinstancial, pues por el momento no se tiene la certeza de que el acto reclamado trascienda al resultado del fallo definitivo, ya que aún con amplitud del plazo de investigación complementaria, pudiese llegarse a un resultado favorable para el quejoso, o en caso contrario, podrá hacerlo valer en vía de agravio a través del recurso de apelación correspondiente, incluso estará en aptitud de impugnar dicha violación mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada bajo el número 82, consultable en la página 107, Sexta Parte, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917 - 1985, bajo la voz: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.". Por otra parte, a mayor abundamiento, si las actuaciones del Fiscal Acusador son con el fin de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, resulta evidente que la continuidad de la indagación de dicho órgano, es un acto desplegado por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, que tiene por objeto indagar si hay elementos para determinar la existencia o no de conductas delictiva, así como, en su caso, a sus probables responsables. Por lo tanto, al encontrarse la facultad investigadora de la representación social dentro del marco constitucional, y constituir ésta un mandato de la misma norma suprema; de ahí que sea improcedente el juicio de garantías en que se señale como acto reclamado tales diligencia ministeriales. Lo anterior es así, ya que en términos del artículo 21 Constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, quien en ejercicio de ella, practica diligencias a fin de probar la comisión de un delito, sus circunstancia y la responsabilidad de inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que, por sí mismas, no causan daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues son de orden público, desde luego, siempre y cuando con ellas no se ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos del gobernado, lo cual, en el caso esto último no ha sucedido. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Publico por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una proceso o indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público; por lo que el acto reclamado por el impetrante, a criterio del suscrito, no le irroga perjuicio y menos aún viola sus derechos fundamentales, por lo que es improcedente el juicio de amparo. Tiene aplicación por analogía, la tesis aislada(X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, Décima Época, con número de registro 2012423, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". Así como la tesis, con número de registro 203374, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, visible en la página 264, que a la letra reza: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." Asimismo, surte efectos la tesis con número de registro 180028, sustentado por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, visible en la página 351, que a continuación se transcribe: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indica. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal..I
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