Luis Erick Salas Velázquez
Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Erick Salas Velázquez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese la razón Actuarial, por medio de la cual el fedatario de la adscripción señala la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la determinación de seis de octubre de este año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la aludida determinación, la presente, así como las subsecuentes, por medio de lista consultable en la página del Consejo de la Judicatura Federal y fijada en los estrados del edificio en el que se localiza este Juzgado; hasta en tanto sea señalado domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista al quejoso este auto y el diverso de seis de octubre de este año. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Luis Erick Salas Velázquez, por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 1297/2023-V, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: El auto mediante el cual, la responsable ordenó el desalojo y entrega del inmueble que aduce es de su propiedad, ubicado en: ***, dictado en el expediente *** relativo al juicio especial de desahucio, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. DESECHAMIENTO En ese sentido, este juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el número 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado, es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste, contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora bien, a fin de justificar la actualización de manera notoria e indudable de la causa de improcedencia invocada, es importante destacar los antecedentes más relevantes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, de los que se aprecia lo siguiente: 1. El Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, admitió la demanda promovida contra Luis Erick Salas Velázquez -aquí quejoso- bajo el número de expediente *** y ordenó su emplazamiento. 2. El quejoso compareció al juicio ***, toda vez que sus propias manifestaciones que narró bajo protesta de decir verdad, adujo que fue emplazado legalmente y contestó la demanda instada en su contra. 3. Seguido el juicio en sus etapas correspondientes, se emitió la sentencia correspondiente. 4. Posteriormente, se emitió la orden de desalojo y entrega del inmueble que el quejoso defiende en ésta vía constitucional. En ese contexto, es evidente para el suscrito que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de un juicio en el que el quejoso fue parte procesal -por haber sido emplazado y comparecido al mismo, previo al dictado de la sentencia-, pues la orden de desalojo y entrega del bien materia de litis, es un acto precisamente encaminado a lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia dictada en el procedimiento jurisdiccional, lo que es facultad del Estado para tutelar la impartición de justicia. Por tanto, la parte quejosa deberá esperar al dictado del acto conclusivo de la etapa de ejecución, a fin de combatir las violaciones que considere hayan sido cometidas durante la misma. En ese sentido, también debe decirse que no se advierte que en el caso se actualice un supuesto de excepción que haga procedente el juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio, específicamente en el periodo de ejecución de sentencia, mismos que consisten en: 1. Aquellos actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Pues como se dijo, el acto reclamado tiene relación directa con la ejecución de la sentencia, debido a que prepara la ejecución de la misma, por lo que no es uno autónomo ajeno, por el contrario, se trata de una actuación que tiene como fin lograr la ejecución de la sentencia definitiva. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J.19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, página 34, con número de registro 189344, de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciarían material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." No se soslaya que la parte quejosa refiera que no se le notificó de manera personal la sentencia emitida en el juicio de origen; sin embargo, inclusive por tal cuestión resulta improcedente el presente juicio de amparo, pues al ser parte del procedimiento el quejoso, tenía a su alcance un medio ordinario de defensa para combatir tal cuestión. En efecto, por tal acto se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: ".61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Así, de la transcripción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. Lo anterior, salvo cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En el entendido de que, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K2, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Entonces, tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional; no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia o inclusive el propio fallo. De ese modo, al ser parte del procedimiento, el quejoso tenía a su alcance un medio ordinario de defensa para combatir la ilegal notificación se la sentencia del juicio de origen, pues pudo interponer incidente de nulidad de notificaciones en su contra, como lo contemplan los artículos 1.187 y 1.188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dicen: "Nulidad de notificaciones Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Artículo 1.188.- El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento." Al respecto se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 1991, página 251, con registro digital 221428, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE DESPUES DE CONCLUIDO EL JUICIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo.". Sin que pase desapercibido que para que se dé la causa de improcedencia mencionada, se requiere que además de que en contra del acto la ley ordinaria contemple algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; dicho acto no sea un supuesto de excepción de los antes enunciados. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no se actualiza ninguno de esos supuestos excepcionales dado que el acto reclamado a) no pone en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; tampoco es un auto de vinculación a proceso; pues los actos reclamados son de naturaleza civil. Además, como se dijo, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño en el procedimiento de origen, pues es parte formal y material en el mismo, dado que es el demandado en dicha instancia En ese sentido, se concluye que el quejoso se encuentra obligado a observar el principio de definitividad de que se habla, es decir, a agotar los medios ordinarios de defensa que la ley establece para combatir los actos reclamados, previo a acudir al juicio constitucional. Al respecto, resulta aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 77/2006 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 111, Novena Época, con registro digital 173621, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Luis Erick Salas Velázquez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; así como las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo a Jesús Francisco Soriano Díaz, toda vez que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final del citado numeral, a Juan Omar Bermúdez Rivas, Andrés Omar Osorio Gómez, José Guadalupe Solís Martínez y José Filiberto Solís Copado toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en dicho sistema. Se tienen únicamente como medios de comunicación los correos electrónicos y número telefónico indicados en el escrito de cuenta, sin que éstos constituyan un mecanismo de notificación, por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo. (...) Notifíquese personalmente a la parte actora.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés.****************************************ANOTACIONES****************************************Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 1297/2023-V, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado.****************************************ACTO RECLAMADO****************************************Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama:****************************************El auto mediante el cual, la responsable ordenó el desalojo y entrega del inmueble que aduce es de su propiedad, ubicado en: ***, Estado de México, dictado en el expediente *** relativo al juicio especial de desahucio, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. DESECHAMIENTO (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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