Luis Enrique Tellez Perez
Expediente 724/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Enrique Tellez Perez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a once de agosto de dos mil veintitrés. Como según la certificación secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de julio último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME, para todos los efectos procedentes. De igual forma, como de la constancia secretarial de cuenta, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; asimismo, se realiza su valoración documental como DESTRUÍBLE, en un plazo de tres años, toda vez que se desechó la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita, ni este Juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial que antecede, no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Finalmente, háganse las anotaciones del caso, en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacan, treinta y uno de julio de dos mil veintitres. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Hidalgo, Michoacán, por el que da cumplimiento al auto de doce de junio del presente año y remite las constancias relativas a la libertad del aquí quejoso. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclamó de las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Ciudad Hidalgo, Michoacán. (ordenadora). Director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán. (ejecutora). LA INCOMUNICACIÓN DE DETENIDO. En el particular el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo invocado en la fracción señalada, dispone lo siguiente: ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ahora bien, para acreditar la postura anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Ahora, de las constancias que remitió el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, se desprende lo siguiente: Que mediante oficio de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ******************** fue puesto a disposición del Director de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo, Michoacán, por el licenciado -, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede esa ciudad, dentro de la carpeta de investigación ********************, instruida en contra del quejoso por la comisión del delito de Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo en el Supuesto de Posesión Simple, en agravio de la sociedad; como así se advierte del oficio de esa misma fecha que obra en la foja 15 del presente juicio. Asimismo, se aprecia que el dos de junio del presente año, el citado Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede esa ciudad, giró oficio al Director de Seguridad Pública para que ordenara a quien corresponde la inmediata libertad del aquí quejoso -. Asimismo, del oficio de cuenta, se desprende que por auto de veintiocho de julio del presente año, el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Hidalgo, Michoacán, ordenó remitir por vía de correo electrónico, a este órgano jurisdiccional, la notificación personal que se realizó al quejoso a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos, del dos de junio del año en curso, por el que se le hace saber que queda en inmediata libertad y que le fue remitida por la responsable. Consecuentemente, es evidente que cesaron los efectos del acto de incomunicación de detenido reclamado, esto es, se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, al haberse obtenido el dos de junio del dos mil veintitrés la inmediata libertad del acusado, como se advierte de la constancia de notificación respespectiva. Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR, en términos del diverso 113 de la propia ley, respecto del acto consistente en incomunicación de detenido que reclamó el representante del quejoso, al haber cesado los efectos del acto reclamado.. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, la boleta de turno, enviada por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta un oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, al que adjunta diversas constancias relativas a la demanda de amparo presentada por -, en representación de -, virtud a que en proveido de cinco de junio en curso, ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, correspondiendo a este Órgano Jurisdiccional conocer del mismo. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, y acepta la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-724/2023-2. Ahora bien, del análisis de las constancias recibidas, se advierte que el promovente -, en representación de - presentó demanda de garantías, ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, quien en auto de dos de junio en curso, la tuvo por recibida, y solicitó a las responsables sus respectivos informes de ley; de igual forma, le concedió al quejoso directo, la suspensión de plano, así como la provisional de los actos en reclamo, y ordenó al actuario adscrito procediera a su localización, para que en caso de ser así, lo requiriera para la ratificación de la demanda de amparo de que se trata, lo cual aconteció en la misma data, como quedó asentado en la actuación judicial realizada por el fedatario judicial adscrito a aquél Juzgado; en ese orden de ideas, se tuvieron por recibidos los informes respectivos, de los que se desprende que el quejoso fue detenido por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo; asimismo, mediante oficio de dos del mes que transcurre, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de Hidalgo, Michoacán, ordenó la libertad bajo reservas de ley, del quejoso -. De tal forma, previo a proveer lo que en derecho proceda, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que reciba el oficio respectivo, recabe ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de esa ciudad, la constancia que acredite la libertad del quejoso directo -, esto es, el documento en el cual obre su firma y salida del área de internación de esas oficinas, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 237 fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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