Luis Enrique Salvador Temoltzin Durante
Expediente 477/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Enrique Salvador Temoltzin Durante
Actuaciones
- Principal
Vistos el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven Luis Enrique Salvador Temoltzin Durante, Erick Eduardo Temoltzin Gracia, María Angélica Temoltzin Durante, José Juan Temoltzin Durante y María Dolores Durante, por propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 477/2017-I. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ... Con base en la jurisprudencia transcrita los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Bajo ese contexto, en el presente juicio el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, consiste en el auto de dieciséis de mayo del año en curso, dictado dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada - Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala -, dentro del expediente 767/2016 relativo al juicio reivindicatorio, en el cual se tuvo por ofrecida y admitida la prueba pericial en topografía y agrimensura. En ese sentido, el auto de mérito emitido por la autoridad responsable no constituye una resolución de imposible reparación, ya que únicamente causa una afectación a un derecho adjetivo, porque admitió la prueba pericial en topografía y agrimensura en el cuaderno de pruebas de la parte demandada derivado del juicio de origen. Por tanto, el acuerdo reclamado tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que la sentencia definitiva que en su momento se dicte, sea adversa a los intereses de los quejosos y el sentido de la misma haya derivado del desahogo de la prueba cuya admisión reclaman. Ello, en razón de que, en el supuesto de que el juez natural resuelva en favor de los aquí quejosos, la violación procesal que aducen quedaría subsanada, como si no hubiese existido. Así, el acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, pues sólo incide en el trámite del procedimiento de origen, que bien podría repararse si se dictara una sentencia que resulte favorable a las pretensiones de los inconformes. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la resolución definitiva resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en su momento a través del juicio de amparo directo, siempre que se agoten los recursos o medios de defensa ordinarios. En las relatadas circunstancias, el juicio de amparo es improcedente, al constituir el acto reclamado un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos tutelados constitucionalmente y, por ende, debe desecharse la demanda de amparo promovida. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia descrita, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Luis Enrique Salvador Temoltzin Durante, Erick Eduardo Temoltzin Gracia, María Angélica Temoltzin Durante, José Juan Temoltzin Durante y María Dolores Durante. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la Materia, téngase a Luis Enrique Salvador Temolzin Durante, como representante común de la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. Como lo solicitan expresamente los quejosos, hágase la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, mediante la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, teniéndose como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que designan, toda vez que éstos no cuentan con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito.
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