Luis Enrique Ruíz Soto

Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
277/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Ruíz Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Ciudad de México, uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido vía juicio en línea por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, por medio del cual comunica el auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós y al efecto solicita sean enviadas las constancias requeridas mediante oficio 2605; atento a su contenido y visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obran la totalidad de las constancias del proveído de nueve de junio del año en curso, por el que se notificó el diverso auto de tres de junio del año en curso, dictado por el tribunal de alzada, particularmente las constancias de las autoridades responsables Director General, Director de Administración y Finanzas, Gerencia de Control Regional Noroeste todas adscritas al Centro Nacional de Control de Energía; en consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales gírese nuevo oficio anexando los proveídos de tres y nueve de junio ambos del año en curso, pronunciados tanto por este juzgado auxiliar, así como el tribunal oficiante, respectivamente. En ese sentido, comuníquesele al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la presente determinación e infórmesele que una vez que se cuente con la totalidad de dichas constancias serán remitidas de inmediato, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la copia certificada del proveído de esta misma fecha dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa y visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el catorce de enero de dos mil veintidós, se reservó proveer lo conducente respecto del archivo de este asunto, hasta en tanto se tuviera el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; circunstancia que acontece tal y como se advierte del acuerdo dictado en esta fecha en dicha incidencia, en consecuencia, se provee: Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado Acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 18 del referido Acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, inciso a), del mencionado Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que concedió la medida cautelar solicitada Notifíquese; y en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Incidental

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio que remite el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, devuelve el cuaderno original del incidente de suspensión y comunica el auto de tres de junio del año en curso, por el que determinó declarar sin materia el recurso de revisión hecho valer en autos; de lo anterior se toma conocimiento. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas, y glósense las constancias que en original obran en el duplicado del incidente de suspensión. En mérito de lo anterior, remítase copia certificada del presente proveído al juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. Ahora bien, como lo solicita el Tribunal oficiante, con copia del oficio de cuenta, notifíquese a las autoridades responsables, el acuerdo de tres de junio del año en curso, pronunciado por dicho Tribunal y, una vez que se cuente con las constancias respectivas, sin previo acuerdo remítanse al Tribunal Colegiado en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese a los autos el oficio registrado con el folio 12369 remitida por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, todos con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual atento a lo solicitado en auto de treinta de mayo del año en curso, remite la papeleta de turno, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, dado que en párrafos precedentes se tuvo por recibido la determinación judicial del recurso interpuesto en autos. Notifíquese y en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    EN DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE OCHO DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que por auto de cinco de octubre pasado se reserva proveer al respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo hasta en tanto se contara con la totalidad de las constancias para pronunciarse al respecto en relación con los juicios de amparo 4338/2016 y 4392/2019, los cuales se encuentran acumulados al juicio de amparo 4214/2016 en que se actúa, y en razón de que dicha situación acontece, se levanta la reserva y se provee: Visto el estado procesal que guardan los autos del que se advierte que las partes quejosas no hicieron manifestación respecto lo informado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a la ejecutoria de amparo, en atención a que no instauro procedimiento de revisión electrónica en contra de la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto.Por una parte, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, con residencia en Guerrero, en su resolución dictada en el amparo en revisión 2019/2018, en la parte que interesa determinó lo siguiente:ÚNICO. Se DESECHAN los recursos de revisión principal como el de revisión adhesiva, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente ejecutoria. Y por otra parte, del análisis del décimo tercer considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: ÉCIMO TERCERO.En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. De los elementos anteriores, este juzgador de Distrito considera que en relación con la quejosa *********, no existe materia para el cumplimiento de la sentencia de amparo.En primer orden, debe tenerse en cuenta que en este asunto se concedió el amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece y su reforma posterior publicada en el citado medio de comunicación el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomara en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente.Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas, se circunscribe a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece:"REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas.En la especie, el artículo 53B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación por el que se concedió el amparo estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que el treinta de noviembre de la citada anualidad se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación que entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete- 1 , por virtud de la cual se modificó la fracción IV del artículo 53-B y se derogó su segundo párrafo, en los términos siguientes: D.O.F. 9/12/2013 y su reforma de 18/11/2015 D.O.F. 03/11/2016 Artículo 53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base en la información que se cuente en el expediente. En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción II de este artículo, la resolución provisional y, en su caso, el oficio de preliquidación que se haya acompañado, se volverán definitivos y las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Artículo 53B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que:a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente; b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente, o c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso b) de este artículo para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la información o documentación aportada por el tercero. Segundo párrafo derogado. Del cuadro comparativo anterior, se desprende que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete el legislador modificó el esquema procesal conforme al cual la autoridad hacendaria puede llevar a cabo la revisión electrónica de los contribuyentes. De dicha modificación destaca, entre otras cosas, la derogación del párrafo respecto del cual se concedió el amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, del análisis de los oficios que exhibió la autoridad responsable se desprende que en relación con las quejosas ********* no ejerció facultades de comprobación conforme al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, al advertirse que la parte quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna al respecto de lo informado por la autoridad responsable y dado que esta última manifiesta que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichos contribuyentes y que la responsable no está en condiciones de sancionar a la citada parte por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual los quejosos ya están en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo quese insiste impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente proveído Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable. En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese personalmente a la quejosa esta determinación y una vez que transcurra el plazo establecido en artículo 202 de la Ley de Amparo, provéase lo que corresponde en relación con el archivo del presente asunto. Notifíquese personalmente a las partes quejosas****** (expediente 4214/2016) y ********(expediente 4392/2016), y por lista a ********(4338/2016) y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 4214/2016, A LA PARTE QUEJOSA. NOTIFÍQUESE.

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