LUIS ENRIQUE ROSAS SANDOVAL y Otros.
Expediente 772/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- LUIS ENRIQUE ROSAS SANDOVAL y Otros.
- Luis Enrique Rosas Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto es susceptible de depuración - dado que se concedió la definitiva. Como lo dispone el Capítulo Décimo Segundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y una vez que transcurran tres años, procédase a la transferencia del presente asunto. Documentos originales y/o garantía. Se advierte que no obran documentos originales, ni billete de depósito exhibido por las partes, por lo que no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Se advierte que transcurrió el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse sobreseído fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Segundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que, en el presente se formó el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dicho cuaderno. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Escrito signado por ********************, defensor particular de la parte quejosa.12/09/2023 09:0016231 Sin mayor acuerdo, toda vez que por auto de once de septiembre actual, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Oficio 36975/2023/JC signado por la Juez de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución sede Regional Puebla.08/09/2022 09:0016082 Informa que en audiencia oral y pública celebrada el siete de los corrientes, relativa a la carpeta judicial administrativa ***, se decretó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que tenía impuesta el quejoso Luis Enrique Rosas Sandoval, por el delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313 inicio I, 314 inciso I, 323, 326 fracción II y 331, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, ordenando su inmediata libertad única y exclusivamente por cuanto a esa causa penal, imponiéndole diversas medidas cautelares. A criterio de quien ahora resuelve, se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de éste, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido, la improcedencia de referencia está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicho derecho le exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la audiencia oral y pública remitida en disco compacto formato (DVD) por la Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla, Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), a la que por ser documento público se concede pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se advierte que el siete de los corrientes, se celebró audiencia oral y pública en la carpeta judicial administrativa ***, en la cual se decretó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que tenía impuesta el quejoso Luis Enrique Rosas Sandoval, por el delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313 inicio I, 314 inciso I, 323, 326 fracción II y 331, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, ordenando su inmediata libertad única y exclusivamente por cuanto a esa causa penal, imponiéndole diversas medidas cautelares. En ese sentido, es incuestionable que el acto que reclamó el amparista a la autoridad responsable dejó de existir, por ello es que este juzgado de distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, ya que el acto del cual se dolía el impetrante de garantías, desapareció del mundo fáctico y jurídico. Lo anterior da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados. En consecuencia, al advertirse la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 77, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado a la responsable; lo anterior, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal, puesto que ni con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
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