Luis Enrique Reyes Leon
Expediente 382/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Enrique Reyes Leon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEE HA QUEDADO FIRME. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que esta resolución HA CAUSADO ESTADO, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. De este modo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 27, 29 y 30 del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse en su oportunidad junto con el expediente, al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente juicio, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con el expediente. Lo anterior, sin perjuicio de que también pueda solicitar la devolución de cualquier otro documento ofrecido en copia simple o certificada, pues el referido acuerdo, no señala prohibición alguna al respecto. En el entendido de que, el horario para la devolución de documentos, será de las trece horas con quince minutos a las dieciocho horas con treinta minutos de lunes a viernes; lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta la suscrita para administrar este Órgano Jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en este Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este Órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL AVISO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: PROVEÍDO DE 18-08-2021: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEE HA QUEDADO FIRME. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que esta resolución HA CAUSADO ESTADO, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. De este modo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 27, 29 y 30 del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse en su oportunidad junto con el expediente, al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente juicio, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con el expediente. Lo anterior, sin perjuicio de que también pueda solicitar la devolución de cualquier otro documento ofrecido en copia simple o certificada, pues el referido acuerdo, no señala prohibición alguna al respecto. En el entendido de que, el horario para la devolución de documentos, será de las trece horas con quince minutos a las dieciocho horas con treinta minutos de lunes a viernes; lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta la suscrita para administrar este Órgano Jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en este Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este Órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa".NOT.-
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, siendo las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto, número 382/2020-III, promovido por ***, por propio derecho, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Martín Adolfo Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido en audiencia pública con la Secretaria Karla Vianney Salgado Pérez, que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni legítimo representante de ésta. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, escrito inicial de demanda; auto admisorio de veinte de febrero de dos mil veinte; constancias de emplazamiento; informe justificados; proveído de cuatro de agosto del año en curso, por el que se reanudó el juicio de amparo y se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era de su interés ampliar el escrito inicial de demanda. Asimismo, la secretaria CERTIFICA que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, para ampliar su escrito inicial de demanda, fue notificado el veinticuatro del citado mes y año, razón por la que dicho término transcurrió del veintiséis de agosto al dieciocho de septiembre del año en curso, sin contar los días veintinueve y treinta de agosto, así como cinco, seis, doce, trece, catorce, quince y dieciséis de septiembre del año en curso, por haber sido inhábiles. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de agosto del año en curso y se declara precluído el derecho a la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo, por lo que la presente instancia constitucional se resolverá teniendo solo como autoridad responsable y acto reclamado los indicados en el escrito inicial de demanda. Abierto el período de pruebas: la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y exhibidas las probanzas de referencia, que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos: la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; además se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la constancia que antecede para los efectos legales a que haya lugar. En este acto se cierra tal periodo. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se levanta la presente acta y se procede al dictado de la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 382/2020-III, promovido por Luis Enrique Reyes León, por propio derecho, contra el acto que reclama del Director General de Procedimientos de Remoción del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, por considerarlo violatorio del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, turnado al día siguiente a este juzgado, Luis Enrique Reyes León, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE REMOCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. "ACTO RECLAMADO. Se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a mi petición elevada mediante escrito presentado el día 16 de enero del año 2020, tal y como se acredita con el acuse de recibo que anexo. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número ***, se solicitó a la responsable su informe con justificación y se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. QUINTO. REQUERIMIENTO PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Derivado del informe justificado rendido por la autoridad responsable, mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que señalara si era su interés ampliar la demanda respecto de la respuesta dada al escrito de petición impugnado; sin embargo, no obstante haber sido debidamente notificado el veinticuatro de agosto de la presente anualidad, no realizó manifestación alguna dentro del plazo previsto en la ley de la materia. SEXTO. VERIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la fecha que se fijó para la verificación de la audiencia constitucional se inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en razón de que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad administrativa residente en esta ciudad. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado. ? La omisión de dar respuesta al escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Director General de Procedimientos de Remoción adscrito al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación (fojas 18 a 19). CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA FUNDADAS. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Director General de Procedimientos de Remoción adscrito al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, señala que respecto de la omisión de dar respuesta al escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Sobre el tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado, ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: Que desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado consiste en el silencio administrativo por parte de la autoridad responsable, al no dar contestación al libelo de dieciséis de enero de dos mil veinte, cuya pretensión del quejoso era que se computara el término de la prescripción de la facultad sancionadora como servidor público, desde la fecha en que las autoridades tuvieron conocimiento de la probable conducta infractora que se pretendía sancionar contra el ahora quejoso. Al respecto, se tiene que el Director General de Procedimientos de Remoción adscrito al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, anexó al informe con justificación, copia certificada del acuerdo de seis de febrero del año en curso, dictado en el procedimiento de remoción ***, mediante el cual dio respuesta al escrito de petición de dieciséis de enero de la citada anualidad, el cual a su vez fue notificado al quejoso el doce de marzo siguiente, mediante diversa misiva ***, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2º. Con dicha probanza este juzgado dio vista y requirió a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de agosto de la presente anualidad, a fin de que manifestara si era de su interés ampliar el escrito inicial de demanda respecto de la aludida respuesta, lo cual fue debidamente notificado al quejoso el veinticuatro del mismo mes y año, sin que a la fecha en que se resuelve realizaran manifestación alguna, por lo que en el acta de audiencia que antecede, se tuvo por fenecido el derecho para ampliar la demanda. Expuesto lo anterior, resulta inconcuso que con la emisión del acuerdo de seis de febrero del año en curso, dictado en el procedimiento de remoción ***, se atendió la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito de dieciséis de enero del año en curso, en términos de lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de la omisión reclamada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo previsto por los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo.
- Principal
De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del presente juicio y que tácitamente se dejara sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio y se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para que conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los plazos establecidos en este juicio, empezarán a correr a partir que se notifique el presente acuerdo conforme a las reglas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo. En virtud de lo expuesto, se tiene por recibido el INFORME JUSTIFICADO signado por el Director General de Procedimientos de Remoción adscrito al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el informe de cuenta para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como delegados a las personas que precisan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señalan. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales exhibidas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. En consecuencia, con el contenido de las documentales exhibidas y con fundamento en el artículo 66, del segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Igualmente, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, se les autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, bajo el nombre de los usuarios Carmenlu, pyga224, LicVladimir, LICMAHA, diegoher.1604, alejandro.perez1987, Pacheco2017, Lictrejo, GERARDO1983, juanpablo.rodriguez y JPMERINO. Finalmente, tomando en consideración que las documentales que acompaña la citada autoridad responsable, están relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, infórmese a la misma que queda expedito su derecho para ampliar su demanda de amparo, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda respecto a alguno de los actos o autoridades que se adviertan de la información aludida, en el entendido de que si desea ampliar la demanda de amparo deberá promoverla dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108, 110 y 111 de la Ley de Amparo; lo anterior en el entendido que este juzgado valorará la procedencia de dicha ampliación. Apercibida que de no hacer manifestación al respecto, se tendrá por precluído el derecho de ampliar la demanda de amparo, por lo que se resolverá el juicio teniendo como autoridad y actos los señalados en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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