Luis Enrique Reyes León
Expediente 454/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 51 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 13/11/2018
Partes del expediente
- Luis Enrique Reyes León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 329 a 331), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y devuélvanse las constancias que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo en este juicio (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VI)= Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en representación del Procurador General de la República, a través del cual en cumplimiento al proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho y como superior jerárquico de la autoridad responsable, remite copia certificada del oficio DGAJ/03278/2018 y copia certificada del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, relacionados con el expediente VG/PR/075/2013, constancias con las cuales acredita haber requerido a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de diez de los actuales, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento decretado en el auto de mérito. Notifíquese.
- Principal
VI)( Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 298), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso acudió al presente juicio de amparo, reclamando el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento administrativo de remoción VG/PR/075/2013 en el que la autoridad responsable ordenadora no acuerda favorable su solicitud de determinar que prescribió la facultad sancionadora y, en consecuencia, dejar inexistente el referido procedimiento. 2. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 216 a 221), este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Enrique Reyes León, contra del acto reclamado y autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución, en términos de lo expuesto en el diverso sexto del presente fallo y para los efectos indicados en la parte final de esta resolución." Los efectos de la referida concesión fueron para que la autoridad responsable Director General de Procedimiento de Remoción de la Procuraduría General de la República se pronunciara expresamente conforme a la legislación aplicable si se actualiza o no la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento de remoción de origen. 3. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 134/2018, en el que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Luis Enrique Reyes León, contra el acto y las autoridades responsables que quedaron precisadas en el resultando primero de este fallo, términos del considerando último del mismo." 4. Mediante oficio VG/DGPR/1203/2018 (foja 285), presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República informó el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo VG/PR/075/2013, en el que dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó el escrito de catorce de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por Luis Enrique Reyes León, por el cual solicitó se determinara que la facultad sancionadora por parte de la autoridad responsable prescribió y en consecuencia se deje inexistente el procedimiento VG/PR/075/2013, y emitió una nueva determinación en la que determino lo siguiente: En términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en relación con el diverso 77 de la Ley Orgánica de la Institución, legislación que la responsable consideró aplicable a la temporalidad de los hechos que dieron origen al procedimiento respectivo, no acordó favorable la petición del ahora quejoso en razón de que estimó que su facultad sancionadora aún no prescribe, con lo cual, en su momento atendió los efectos indicados en la ejecutoria en comento (foja 221). Por tanto, de la confrontación realizada del actuar de la responsable con los efectos indicados en la ejecutoria de amparo, permiten concluir que en el caso la sentencia ha quedado cumplida, pues la responsable dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la que analizó la petición formulada por el quejoso mediante escrito de catorce de febrero de dos mil diecisiete; esto es, analizó si se actualizaba o no la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento de remoción de origen, circunstancia que realizó bajo la aplicación del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en relación con el diverso 77 de la Ley Orgánica de la Institución, legislación que estimó aplicable a la temporalidad de los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". No pasa inadvertido para este juzgador, que mediante promoción 18913, recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 300 a 324), la parte quejosa haya realizado diversas manifestaciones sustancialmente en el sentido de que la responsable no dio cumplimiento al fallo protector, pues para emitir el proveido de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho y determinar que la facultad sancionadora aun no prescribe, analizó la gravedad de la conducta atribuida al ahora quejoso en un acuerdo que no corresponde al inicio de procedimiento de remoción; ya que es criterio reiterado de nuestro máximo tribunal que conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las facultades punitivas de la autoridad administrativa tienen un plazo de prescripción genérico de tres años y otro de cinco años para el caso de que la infracción se considere grave. Asimismo, agregó que la postura de la responsable es incorrecta porque no analizó la prescripción de su actuar e introdujo análisis de la gravedad de la conducta, a fin de perfeccionar vías formales en el procedimiento de remoción. Tales manifestaciones no son propias de considerarse con el objeto pretendido por el quejoso, ya que estas se encuentran encaminadas al sentido de la resolución emitida por la responsable en el procedimiento de remoción VG/PR/075/2013, circunstancia que no formó parte de los efectos de la sentencia concesoria, porque estos se hicieron consistir en que el Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, se pronunciara expresamente conforme a la legislación aplicable si se actualizaba o no la prescripción de la facultad sancionadora en dicho procedimiento, con independencia del sentido en el cual la responsable determinara resolver dicha situación; por ende, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que estime prudente. Notifíquese personalmente.
- Principal
VII (SE LISTA AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA) VI)( Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 298), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso acudió al presente juicio de amparo, reclamando el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento administrativo de remoción VG/PR/075/2013 en el que la autoridad responsable ordenadora no acuerda favorable su solicitud de determinar que prescribió la facultad sancionadora y, en consecuencia, dejar inexistente el referido procedimiento. 2. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 216 a 221), este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Enrique Reyes León, contra del acto reclamado y autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución, en términos de lo expuesto en el diverso sexto del presente fallo y para los efectos indicados en la parte final de esta resolución." Los efectos de la referida concesión fueron para que la autoridad responsable Director General de Procedimiento de Remoción de la Procuraduría General de la República se pronunciara expresamente conforme a la legislación aplicable si se actualiza o no la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento de remoción de origen. 3. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 134/2018, en el que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Luis Enrique Reyes León, contra el acto y las autoridades responsables que quedaron precisadas en el resultando primero de este fallo, términos del considerando último del mismo." 4. Mediante oficio VG/DGPR/1203/2018 (foja 285), presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República informó el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo VG/PR/075/2013, en el que dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó el escrito de catorce de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por Luis Enrique Reyes León, por el cual solicitó se determinara que la facultad sancionadora por parte de la autoridad responsable prescribió y en consecuencia se deje inexistente el procedimiento VG/PR/075/2013, y emitió una nueva determinación en la que determino lo siguiente: En términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en relación con el diverso 77 de la Ley Orgánica de la Institución, legislación que la responsable consideró aplicable a la temporalidad de los hechos que dieron origen al procedimiento respectivo, no acordó favorable la petición del ahora quejoso en razón de que estimó que su facultad sancionadora aún no prescribe, con lo cual, en su momento atendió los efectos indicados en la ejecutoria en comento (foja 221). Por tanto, de la confrontación realizada del actuar de la responsable con los efectos indicados en la ejecutoria de amparo, permiten concluir que en el caso la sentencia ha quedado cumplida, pues la responsable dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la que analizó la petición formulada por el quejoso mediante escrito de catorce de febrero de dos mil diecisiete; esto es, analizó si se actualizaba o no la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento de remoción de origen, circunstancia que realizó bajo la aplicación del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en relación con el diverso 77 de la Ley Orgánica de la Institución, legislación que estimó aplicable a la temporalidad de los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". No pasa inadvertido para este juzgador, que mediante promoción 18913, recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 300 a 324), la parte quejosa haya realizado diversas manifestaciones sustancialmente en el sentido de que la responsable no dio cumplimiento al fallo protector, pues para emitir el proveido de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho y determinar que la facultad sancionadora aun no prescribe, analizó la gravedad de la conducta atribuida al ahora quejoso en un acuerdo que no corresponde al inicio de procedimiento de remoción; ya que es criterio reiterado de nuestro máximo tribunal que conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las facultades punitivas de la autoridad administrativa tienen un plazo de prescripción genérico de tres años y otro de cinco años para el caso de que la infracción se considere grave. Asimismo, agregó que la postura de la responsable es incorrecta porque no analizó la prescripción de su actuar e introdujo análisis de la gravedad de la conducta, a fin de perfeccionar vías formales en el procedimiento de remoción. Tales manifestaciones no son propias de considerarse con el objeto pretendido por el quejoso, ya que estas se encuentran encaminadas al sentido de la resolución emitida por la responsable en el procedimiento de remoción VG/PR/075/2013, circunstancia que no formó parte de los efectos de la sentencia concesoria, porque estos se hicieron consistir en que el Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, se pronunciara expresamente conforme a la legislación aplicable si se actualizaba o no la prescripción de la facultad sancionadora en dicho procedimiento, con independencia del sentido en el cual la responsable determinara resolver dicha situación; por ende, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que estime prudente. Notifíquese personalmente.
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