Luis Enrique Pineda Romero

Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1125/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Pineda Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Téngase a la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, acusando recibo del oficio por el que se le remitió la copia certificada del expediente **********, de su índice, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos para el caso de incumplimiento. Por otra parte, visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de **********, autorizada del quejoso *********, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se hace de su conocimiento que el veinte de octubre pasado se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio biinstancial, determinación que quedó firme el once de noviembre del año en curso. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra el auto del veinte de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones. Finalmente, devuélvanse al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Atento a lo anterior, requiérasele para que dentro del término de tres días legalmente computados, acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio por medio del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, remite copia certificada del laudo emitido el diecisiete de octubre del año en curso, dentro del expediente J.4/711/2020, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso que nos ocupa, el quejoso Luis Enrique Pineda Romero reclama la omisión de la Junta responsable al no emitir de forma pronta y expedita el laudo correspondiente en el juicio de origen arriba citado. Sin embargo, de las constancias anexadas al oficio que se provee, se advierte que el diecisiete de octubre de este año, la Junta responsable dictó el laudo dentro del juicio laboral de origen. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso Luis Enrique Pineda Romero reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, la omisión de no emitir de forma pronta y expedita el laudo correspondiente en el juicio laboral J.4/711/2020, de su índice ; empero, atento a las constancias que se agregan en el presente auto, se tiene que el diecisiete de octubre del año en curso, la responsable dictó el laudo correspondiente. Por lo que, al tenor de las constancias en comento, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable dictó el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, desapareciendo así perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte agraviada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del mismo, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, se dejan sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con ocho minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes y comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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