Luis Enrique Pesquera Hernández

Expediente 42/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
42/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Luis Enrique Pesquera Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que remite el Secretario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual acusa recibo de los diversos 2626/2017 y 1998/2017 del índice de este juzgado, con el que se le devolvieron los autos originales del toca de apelación 604/2016, y el juicio C-659/2015 de la estadística del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve el diverso 1998/2017 del índice de este juzgado, conjuntamente con los anexos que se acompañan, los cuales se encuentran dirigidos a la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; lo anterior, en virtud de haber sido entregados en la dependencia a su cargo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y en obvio de mayores dilaciones procesales, reenvíese el oficio aludido a la autoridad correcta, con los autos originales del juicio C-659/2015 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, los autos del toca de apelación 604/2016 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, así como el sobre cerrado, que remitió la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital; solicítesele acuse de recibo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Como resulta innecesario que obren en este Juzgado los autos originales del juicio C-659/2015 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, los autos del toca de apelación 604/2016 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, así como el sobre cerrado, que remitió la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, devuélvanse todos estos documentos a la Cuarte Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por ser la autoridad ante la cual se interpuso el juicio de amparo; solicítesele acuse de recibo. En ese sentido, se ordena extraer del resguardo de la secretaria que conoce del presente asunto, el sobre cerrado que remitió la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a efecto de darle el destino citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Presidenta de dicho Órgano Colegiado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de mandatario judicial de ********** y **********, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, remite: el original y copia de la demanda de amparo, copia certificada del oficio 128, mediante el cual la Magistrada responsable rinde su informe justificado y adjunta el Toca 604/2016, expediente C659/2015 en dos tomos y un sobre cerrado, oficio 3327/2016, mediante el cual la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, rinde su informe justificado; asimismo, adjunta las constancias relativas a los terceros interesados, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 42/2017-II; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca del conocimiento del asunto; y c) En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Civil ********, del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que conformó la diversa de nueve de septiembre del año pasado, pronunciada por la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente ********, en la que se decretó la reposición del procedimiento al actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario para el efecto de llamar a juicio a ********** y **********, en su carácter de adjudicatarias de los bienes del caudal hereditario; así como a la licenciada **********, en su calidad de Notaria Pública número 34. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Civil ********, del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que conformó la diversa de nueve de septiembre del año pasado, pronunciada por la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente ********, en la que se decretó la reposición del procedimiento al actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario, cuya determinación no constituye un acto en el juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Ello en virtud, de que dicha reposición se limita únicamente a llamar a juicio a ********** y **********, en su carácter de adjudicatarias de los bienes del caudal hereditario; así como a la licenciada **********, en su calidad de Notaria Pública número 34, con el objeto de verificar que se cumpla con uno de los presupuestos procesales, para poder emitir una sentencia válida y eficaz que vincule a todos los que intervinieron en los actos jurídicos que de origen reclama su nulidad; por lo que, se itera que dicho acto no puede ser considerado como de imposible reparación. Resta destacar, que el suscrito no inadvierte el criterio jurisprudencial 1ª./J. 106/2004, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual medularmente se indicó que la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo sentencia favorable. Sin embargo, a consideración del suscrito el mismo ya no resulta aplicable en la actualidad porque: Fue emitido conforme al texto de la Ley de Amparo actualmente abrogada, donde de acuerdo a la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país al precepto 114 fracción IV, el juicio de amparo no sólo era procedente contra actos dictados dentro de juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino también contra aquéllos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; Empero, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual regula este controvertido, ya no prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio que afecten a las partes en grado predominante o superior, sino sólo respecto de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y Con base en ello es que la misma ya no resulta aplicable por oponerse con lo establecido en la presente Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio. Bajo ese contexto, se estima que respecto al acto reclamado que se analiza, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Ángel Ángel Oliver, Leopoldo Gasca Guerrero y Edgar Alejandro Casca Elías, al encontrarse sus cedulas profesionales números 7564211, 2496270 y 7403137, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas que menciona por no encontrarse en el citado supuesto. Asimismo, tomando en consideración que de la interpretación del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se establece que los estrados no son un domicilio procesal, así como que de los autos del juicio que se recibe, se advierte que la parte quejosa, señaló como domicilio para recibir notificaciones personales los estrados del Tribunal que correspondiera conocer del asunto; en tales condiciones, téngaseles como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, pues el precepto legal en cita, faculta a las partes en el juicio de amparo, para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) los estrados del Tribunal o Juzgado que conozca del asunto; lo que nos lleva a considerar que al avocarse este Juzgado al conocimiento del juicio de referencia, se tiene al citado señalando el mismo domicilio que tiene señalado, esto es, la lista que se fija en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto, señale uno en esta ciudad para recibir notificaciones personales. En otro orden, dado lo voluminoso de las constancias remitidas, se ordena formar tres tomos de prueba, para el mejor manejo del expediente. Respecto al sobre cerrado, que remitió la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, se ordena su resguardo en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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