Luis Enrique Padilla Castañeda

Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
470/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Enrique Padilla Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio 1016 suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, remite testimonio autorizado de la sesión ordinaria virtual de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, celebrada en autos del conflicto competencial 29/2021, de la que se advierte que se determinó lo siguiente: PRIMERO. Si existe conflicto de competencia. SEGUNDO.El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, es el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Luis Enrique Padilla Castañeda.. Por tanto, acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso k), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Maestro en Amparo JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ, quien actúa con el licenciado Francisco Castillo Hernández, Secretario que autoriza y da fe, quien, además, certifica que este auto se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la FIREL del personal actuante, empero, en caso de que haya contratiempos en el sistema digital, se rubricará físicamente en la primera oportunidad, en términos de los artículos 1 y 14 fracciones VIII y XI, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia derivada del virus COVID-19; con la modificación del primero de esos preceptos por el Acuerdo General 9/2021, del mismo Órgano. Doy fe. L'FCH/L'CEG. EL LICENCIADO FRANCISCO CASTILLO HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN URUAPAN, HAGO CONSTAR: QUE CON ESTA FECHA SE REMITE AL ARCHIVO DEFINITIVO EL CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 470/2021-I, POR ENCONTRARSE TOTALMENTE CONCLUIDO. URUAPAN, MICHOACÁN, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. CONSTE. EL SECRETARIO. LIC. FRANCISCO CASTILLO HERNÁNDEZ.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 4286/2021, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, en el que se trascribe el proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, del que se desprende que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mismo que quedó registrado con el número 29/2021. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 9798/2021, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, transcribe el auto dictado el diez de los actuales, por el que, determinó remitir el juicio de amparo 603/2021-III, así como el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Enrique Padilla Castañeda, por propio derecho, en razón de haberse declarado legalmente incompetente. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Registro de expediente. Por lo tanto, se ordena registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 470/2021-I, y se procede hacer el pronunciamiento correspondiente en los términos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Razones por las que se declinó la competencia. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante auto dictado el diez de los actuales, considera que corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, conocer de la demanda de amparo de que se habla, toda vez que, la parte quejosa se duele de la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, emitida en autos del toca penal 12/2021-E, del índice de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la cual confirmó el proveído dictado el once de abril del año en curso, dictado por el Juez de Ejecución Penal de Guanajuato, y por el cual se calificó de legal el traslado del quejoso Luis Enrique Padilla Castañeda, del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-MICHOACÁN"; traslado que ya se verificó, por lo cual el Juzgado declinante refiere que corresponde la competencia al juzgado de distrito de Uruapan, Michoacán, en turno, por tener jurisdicción respecto del centro de reclusión donde actualmente se encuentra recluido el quejoso (competencia territorial), evento el cual se estima no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia. Fundó su determinación en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Decisión sobre la aceptación de competencia. El suscrito Juez, respetuoso de la opinión del Juzgado declinante, considera que su determinación sobre la competencia por territorio para conocer de la presente demanda de amparo resulta desacertada, pues se estima que el juez declinante parte de un supuesto erróneo y contrario a la jurisprudencia, al considerar que se actualiza en la especie el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de la materia, cuando lo cierto es que en el presente caso, opera el segundo párrafo de dicho precepto legal, por las razones y fundamentos legales que en seguida se expondrán. Esto es, como lo indicó la Juez declinante, las reglas de competencia, para conocer de una de manda de amparo, se ubican en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, en el caso concreto, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; lo anterior corresponde al criterio de la jurisprudencia que se transcribirá posteriormente y la cual tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Por tanto, en congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 63/2019 (10ª.), aprobada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 933, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 35/2008 (10ª.), aprobada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 225, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno". De modo que, distinto a la opinión de la Juez declinante, el suscrito Juez considera que se actualiza el supuesto de competencia, previsto en el artículo 37, pero en su párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que como se vio, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda". Es así, ya que si el acto reclamado comenzó a ejecutarse en un Distrito ( San Felipe, Guanajuato), donde se localiza el centro de reclusión donde se encontraba el quejoso y continúa ejecutándose en otro (Buenavista Tomatlán, Michoacán), se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió la demanda de garantías, que tenga jurisdicción sobre el distrito donde se inició el acto reclamado, por tanto, es legalmente competente para conocer de la presente demanda la Juez declinante, en razón a que fue, en ese Distrito Judicial, en dónde inicialmente se presentó la demanda, lo que se corrobora con la boleta de turno, que se anexa, y en la cual se advierte que fue recibida el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, y turnada al Órgano Jurisdiccional declinante en la misma data. Ahora, si el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León Guanajuato, no aceptó la competencia que originalmente le remitió, ello, en nuestra opinión, no faculta a la autoridad declinante a remitir la demanda a un juzgado distinto para que se avoque a su conocimiento pues si, en su criterio, aquel juzgado era el competente lo que podía plantear era el conflicto negativo de competencia. Al no haberlo hecho así, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado no está facultado para avocarse al conocimiento de este asunto que se inició ante otro juzgado y después fue conocido, en competencia declinada que no aceptó, por otro juzgado que tendría la competencia legal para conocer del caso, en criterio de la autoridad declinante. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, segundo párrafo, y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, y en estricto cumplimiento a las jurisprudencias invocadas en párrafos que anteceden, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia legal, planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por lo que se ordena remitir el cuaderno de amparo 603/2021-III, del índice de ese Juzgado, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, de lo cual se solicita al Juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones relativas en el Libro de Gobierno. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

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