Luis Enrique Morales Pérez
Expediente 386/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Enrique Morales Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre en autos los acuses de recibo de la notificación a la autoridad responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la Junta Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba; devuélvase las mismas a su lugar de origen.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre en autos los acuses de recibo de la notificación a la autoridad responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la Junta Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba; devuélvase las mismas a su lugar de origen.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, Querétaro, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 11/2023 (orden 64/2023), girado a efecto de emplazar a la tercero interesada,********** por tanto, dese de baja el citado exhorto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0). Acúsese recibo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en relación al emplazamiento, dado que por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual, remite el auto de veinticuatro de enero del año en curso, dictado en el expediente 1001/2017 de su índice y el oficio de diecinueve de enero de este año, en el que determinó que no quedaba prueba pendiente que diligenciar, por lo que se otorgó a las partes el término de dos días para que formularan alegatos. Ahora, en el presente asunto se reclama en esencia la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz de emitir resoluciones y medidas para concluir la etapa de desahogo del material probatorio dentro del expediente laboral 1001/2017, de su índice. Atento a lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto que se combate. El artículo y la fracción invocada establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. La improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En el asunto que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia citada, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de enero de este año, determinó que no quedaba prueba pendiente que diligenciar en el juicio laboral 1001/2017 y otorgó a las partes el término de dos días para que formularan alegatos, de conformidad con el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, concluyo el periodo de desahogo de las pruebas, cuya omisión reclamó el quejoso en su demanda de amparo. Documentales a las que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°. Luego, al haber cesado el acto reclamado en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También se invoca la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y, por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercera interesada
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