Luis Enrique Montero Martinez

Expediente 923/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
923/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Montero Martinez
  • Unidad de Gestión Judicial Numero Doce del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Unidad de Gestión Judicial Número Doce del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y otras autoridades. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: a) Auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial ********************, en audiencia celebrada quince y dieciséis de junio de dos mil veintidós, respectivamente. b) Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en audiencia de quince de junio de dos mil veintidós. c) Auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de enjuiciamiento ********************, en el que se establece la recepción del auto de apertura a juicio oral. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 923/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento respecto los actos identificados con los incisos a) y b). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, la aludida causal de improcedencia se origina, en la medida de que el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, señala que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones que alude la fracción IV de aquel numeral, referente a que podrá ser en cualquier tiempo, si el acto reclamado implica lo siguiente: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación. Deportación o expulsión. Proscripción o destierro. Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. En ese sentido, los actos reclamados identificados con los incisos a) y b), consistentes en el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial ********************, en audiencia celebrada quince y dieciséis de junio de dos mil veintidós, respectivamente y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en audiencia de quince de junio de dos mil veintidós, no se ubican en alguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. Ello es así, ya que de conformidad con tal precepto, en contra de actos emitidos dentro del procedimiento, como es el caso del auto de plazo constitucional dictado dentro de la audiencia inicial, el juicio de amparo debe promoverse en el plazo genérico de quince días, ya que establece en forma precisa que en contra de ese tipo de actos, el amparo se deberá promover en tal lapso. Sobre el tema que aborda, merece invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. 3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio por el que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora, este último precepto establece que el término de quince días, entre otros supuestos, contará al día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación conforme a la ley del acto. Por otro lado, a efecto de realizar tal cómputo, también se debe tomar en consideración, si la autoridad responsable no laboró o suspendió actividades. En la especie los actos reclamados le fueron notificados de forma personal al quejoso en la audiencia inicial que se celebró quince y su continuación el dieciséis de junio, ambos del año dos mil veintidós, en la carpeta judicial de origen, toda vez que se encontraban presentes. Lo anterior, tiene sustento en el ordinal 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la presencia del imputado en las audiencias, como la que se precisa en el párrafo que antecede, de ahí que la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados es el quince y su continuación el dieciséis de junio dos mil veintidós, respectivamente. Ahora bien, el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación.". (Énfasis añadido) Esto es, del citado precepto se desprende que las notificaciones que sean practicadas en forma personal en las audiencias, surtirán efectos al día siguiente en que se hayan practicado; por tanto, conviene destacar que el quejoso fue notificado de forma personal en las referidas audiencias, por lo que de conformidad con el citado artículo del Código Nacional Penal adjetivo, tal notificación surtió efectos el lunes veinte de junio de la pasada anualidad, por lo que a partir de esa fecha comenzó a correr el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, tal plazo se finca, tomando en consideración que es el benéfico para el promovente de amparo. Así, el término de quince días establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió para el quejoso del veinte de junio al ocho de julio del referido año, como se puede apreciar en el siguiente resumen: Junio 2022 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Se emite el acto reclamado identificado con el inciso b) y se notifica a los quejosos 17 Surte efectos el acto reclamado 18 19 20 Día 1 21 Día 2 22 Día 3 23 Día 4 24 Día 5 25 26 27 Día 6 28 Día 7 29 Día 8 30 Día 9 Julio 2022 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 Día 10 2 3 4 Día 11 5 Día 12 6 Día 13 7 Día 14 8 Día 15 Último día para la presentación de la demanda 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, esto es, el treinta de octubre de dos mil veintitrés (sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México), el término de quince días a que alude el artículo 18 de la ley de la materia, ya había transcurrido en exceso, por ende, el quejoso consintió tácitamente los referidos actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, respecto los actos identificados con los incisos a) y b). Desechamiento respecto el acto identificado con el inciso c). Ahora bien, en relación con el acto identificado con el inciso c), consistente en el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de enjuiciamiento ********************, en el que se establece la recepción del auto de apertura a juicio oral, no se hará análisis ni decisión al respecto, en razón de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". De lo antes expuesto, se advierte que el acto reclamado, esencialmente establece que el Tribunal de Enjuiciamiento que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá fijar la fecha para la celebración de la audiencia de debate, en términos del artículo 349, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia.". En tales circunstancias, el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la citada carpeta judicial, en el que se establece la recepción del auto de apertura a juicio oral reclamado no encuadra en alguna de las excepciones del precepto de la Ley de Amparo, dado que no implica un ataque a la libertad personal. Tampoco el quejoso es una persona extraña al procedimiento ya que es el imputado en la carpeta judicial. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni es una orden de aprehensión o reaprehensión, o alguna resolución que sea restrictiva de la libertad y; por ello, no se actualizan los casos de excepción mencionados para agotar el principio de definitividad. Por otro lado, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya legislación regula el acto reclamado, señala: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.". En tales circunstancias, el justiciable podía recurrir la determinación reclamada, mediante el recurso previsto en el precepto 465 transcrito, ante el juez del proceso, a quien le corresponde resolver horizontalmente dicho medio de impugnación conforme a los principios del sistema acusatorio. Efectivamente, pues el trascrito artículo, prevé la posibilidad de impugnar en cualquier etapa del procedimiento penal en la que intervenga la autoridad judicial (como es el caso), las resoluciones que se resuelvan sin sustanciación, cuyo objeto es que el propio juzgador que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte otra. Al efecto debemos recordar que "sin sustanciación", se refiere a determinación que son emitidas de plano; es decir, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico, como acontece en el presente asunto. Por tanto, el aquí quejoso podía impugnar ante la autoridad que conoce del proceso, el acto que aquí le reclama. En esas condiciones, al no haber acudido previamente al recurso de mérito, el acto carece de definitividad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, respecto el acto identificado con el inciso c). Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado a la persona que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 31 de octubre de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Unidad de Gestión Judicial Número Doce del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y otras autoridades. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: a) Auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial ********************, en audiencia celebrada quince y dieciséis de junio de dos mil veintidós, respectivamente. b) Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en audiencia de quince de junio de dos mil veintidós. c) Auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de enjuiciamiento ********************, en el que se establece la recepción del auto de apertura a juicio oral. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 923/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento respecto los actos identificados con los incisos a) y b). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, la aludida causal de improcedencia se origina, en la medida de que el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, señala que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones que alude la fracción IV de aquel numeral, referente a que podrá ser en cualquier tiempo, si el acto reclamado implica lo siguiente: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación. Deportación o expulsión. Proscripción o destierro. Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. En ese sentido, los actos reclamados identificados con los incisos a) y b), consistentes en el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial ********************, en audiencia celebrada quince y dieciséis de junio de dos mil veintidós, respectivamente y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en audiencia de quince de junio de dos mil veintidós, no se ubican en alguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. Ello es así, ya que de conformidad con tal precepto, en contra de actos emitidos dentro del procedimiento, como es el caso del auto de plazo constitucional dictado dentro de la audiencia inicial, el juicio de amparo debe promoverse en el plazo genérico de quince días, ya que establece en forma precisa que en contra de ese tipo de actos, el amparo se deberá promover en tal lapso. Sobre el tema que aborda, merece invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. 3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio por el que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora, este último precepto establece que el término de quince días, entre otros supuestos, contará al día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación conforme a la ley del acto. Por otro lado, a efecto de realizar tal cómputo, también se debe tomar en consideración, si la autoridad responsable no laboró o suspendió actividades. En la especie los actos reclamados le fueron notificados de forma personal al quejoso en la audiencia inicial que se celebró quince y su continuación el dieciséis de junio, ambos del año dos mil veintidós, en la carpeta judicial de origen, toda vez que se encontraban presentes. Lo anterior, tiene sustento en el ordinal 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la presencia del imputado en las audiencias, como la que se precisa en el párrafo que antecede, de ahí que la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados es el quince y su continuación el dieciséis de junio dos mil veintidós, respectivamente. Ahora bien, el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación.". (Énfasis añadido) Esto es, del citado precepto se desprende que las notificaciones que sean practicadas en forma personal en las audiencias, surtirán efectos al día siguiente en que se hayan practicado; por tanto, conviene destacar que el quejoso fue notificado de forma personal en las referidas audiencias, por lo que de conformidad con el citado artículo del Código Nacional Penal adjetivo, tal notificación surtió efectos el lunes veinte de junio de la pasada anualidad, por lo que a partir de esa fecha comenzó a correr el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, tal plazo se finca, tomando en consideración que es el benéfico para el promovente de amparo. Así, el término de quince días establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió para el quejoso del veinte de junio al ocho de julio del referido año, como se puede apreciar en el siguiente resumen: Junio 2022 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Se emite el acto reclamado identificado con el inciso b) y se notifica a los quejosos 17 Surte efectos el acto reclamado 18 19 20 Día 1 21 Día 2 22 Día 3 23 Día 4 24 Día 5 25 26 27 Día 6 28 Día 7 29 Día 8 30 Día 9 Julio 2022 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 Día 10 2 3 4 Día 11 5 Día 12 6 Día 13 7 Día 14 8 Día 15 Último día para la presentación de la demanda 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, esto es, el treinta de octubre de dos mil veintitrés (sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México), el término de quince días a que alude el artículo 18 de la ley de la materia, ya había transcurrido en exceso, por ende, el quejoso consintió tácitamente los referidos actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, respecto los actos identificados con los incisos a) y b). Desechamiento respecto el acto identificado con el inciso c). Ahora bien, en relación con el acto identificado con el inciso c), consistente en el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de enjuiciamiento ********************, en el que se establece la recepción del auto de apertura a juicio oral, no se hará análisis ni decisión al respecto, en razón de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". De lo antes expuesto, se advierte que el acto reclamado, esencialmente establece que el Tribunal de Enjuiciamiento que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá fijar la fecha para la celebración de la audiencia de debate, en términos del artículo 349, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia.". En tales circunstancias, el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la citada carpeta judicial, en el que se establece la recepción del auto de apertura a juicio oral reclamado no encuadra en alguna de las excepciones del precepto de la Ley de Amparo, dado que no implica un ataque a la libertad personal. Tampoco el quejoso es una persona extraña al procedimiento ya que es el imputado en la carpeta judicial. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni es una orden de aprehensión o reaprehensión, o alguna resolución que sea restrictiva de la libertad y; por ello, no se actualizan los casos de excepción mencionados para agotar el principio de definitividad. Por otro lado, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya legislación regula el acto reclamado, señala: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.". En tales circunstancias, el justiciable podía recurrir la determinación reclamada, mediante el recurso previsto en el precepto 465 transcrito, ante el juez del proceso, a quien le corresponde resolver horizontalmente dicho medio de impugnación conforme a los principios del sistema acusatorio. Efectivamente, pues el trascrito artículo, prevé la posibilidad de impugnar en cualquier etapa del procedimiento penal en la que intervenga la autoridad judicial (como es el caso), las resoluciones que se resuelvan sin sustanciación, cuyo objeto es que el propio juzgador que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte otra. Al efecto debemos recordar que "sin sustanciación", se refiere a determinación que son emitidas de plano; es decir, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico, como acontece en el presente asunto. Por tanto, el aquí quejoso podía impugnar ante la autoridad que conoce del proceso, el acto que aquí le reclama. En esas condiciones, al no haber acudido previamente al recurso de mérito, el acto carece de definitividad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, respecto el acto identificado con el inciso c). Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado a la persona que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente. ".

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