Luis Enrique Mendoza Rojas

Expediente 2301/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2301/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Mendoza Rojas

Actuaciones

  1. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio PI 520/2023, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la resolución pronunciada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 106/2023, de cuyos puntos resolutivos se advierte lo siguiente: ".PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida, respecto a la negativa del amparo a ********** SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a **********, contra los actos atribuidos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que hizo consistir en la resolución incidental de liquidación de tres de octubre de dos mil veintidós, emitida en el expediente 321/2008 de su índice, para los efectos indicados en el último considerando de esta ejecutoria." En consecuencia, agréguese la citada resolución y hágase del conocimiento de las partes la recepción de la expresada ejecutoria y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través de Narciso Contreras Hernández, en su calidad de Magistrado Presidente, ********** en su calidad de Magistrada Representante de los Trabajadores. Para que dentro del término de tres días hábiles al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Para lo anterior, remítanse copia de la ejecutoria dictada por la superioridad en el amparo en revisión 106/2023 de su estadística, misma que se concedió para los efectos siguientes: Hecho que sea lo anterior, remita copia certificada de las constancias relativas que así lo acrediten.**********

  2. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio firmado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, a través del cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 383/2023 VI 1 número de orden 1035/2023 de nuestro índice, que fue enviada para notificar y emplazar a juicio a la tercera interesada ********** Atento a lo anterior, regístrese su llegada en el Libro de Gobierno correspondiente y dese de baja al mismo, para los efectos a que haya a lugar. Ahora, de la lectura de las razones actuariales realizadas por la actuaria adscrita al mencionado Juzgado, el veinte y veintitrés de octubre de este año, se advierte que, después de cerciorase con acuciosidad de que se constituía en los domicilios indicados, no realizó la respectiva diligencia, si bien los domicilios proporcionados resultaron correctos, no fue localizada la directa tercera interesada. Por tanto, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, por los medios que estime conveniente, emplace a la tercera interesada Maria Guadalupe Sosa Contreras, en cualquiera de los domicilios proporcionados por la parte quejosa, esto es, en ********** audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiséis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan para su celebración las diez horas con seis minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés**********

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión. De conformidad con los artículos 6°, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, 5°, fracción I, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Luis Enrique Mendoza Rojas, por propio derecho, contra actos de Dirección General de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y otra autoridad. No pasa inadvertido para este juzgador, el hecho de que en el proemio del escrito de demanda, se aprecia el nombre de Luis Enrique Mendiza Rojas, sin embargo de la revisión realizada a los anexos que adjuntó a la misma, se desprende que lo correcto es Luis Enrique Mendoza Rojas; lo que se toma en consideración para los efectos legales conduces. Aspectos Generales. - Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2301/2023-I. - Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. - Fórmese y tramítese por separado incidente de suspensión. - Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. - Se señalan las once horas con un minuto del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a la(s) autoridad(es) responsable(s). - Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. - Mismo que deberá rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. - Asimismo deberá acompañar de manera digitalizada las copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. - Se hace saber a la responsable, que el informe justificado deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. Apercibimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s). En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) , de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en su ocurso de cuenta, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como abogados. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Ahora, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase únicamente como medio de contacto el correo electrónico que menciona en el escrito de cuenta. De los terceros interesados. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, respecto de los terceros interesados que refiere la parte quejosa, por economía procesal y atendiendo el espíritu que anima el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional se reserva ordenar el emplazamiento de esa parte procesal, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado y remita las constancias relativas. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anuncuada las pruebas que refiere la parte quejosa, consistente en: No. Relación de prueba 1 Copia tarjeta de filiación expedida por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 2 Copa de hoja de trabajo expedida por la Dirección General de Seguridad Social para las fuerzas Armadas de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. 3 Copia del acta de divorcio 00027, expedida por la oficialía del registro civil 005 de Tepic, Nayarit 4 Copia de la hoja de trabajo expedida por la Dirección General de Seguridad Social para las fuerzas Armadas de veintisiete de enero de dos mil veintitrés 5 Copa de acta de matrimonio 00227 expedida por el registro civil de Villahermosa, Tabasco. 6 Copia del oficio de veintiséis de noviembre de dos mil veintidós. 7 Constancia de atención medica provisional de veintiuno de junio de dos mil veintitrés. 8 Acuse de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 9 Copia del oficio de quince de octubre de dos mil veintitrés. Sin perjuicio de su valoración dentro de la audiencia constitucional. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "MENDOZAROJAS" se encuentra registrado; instrúyase a la Oficial Judicial "A, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Inexistencia de autoridad Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.

  4. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 2301/2023-I, promovido por Luis Enrique Mendoza Rojas, por propio derecho, contra actos de Dirección General de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y otra autoridad; tramítese el incidente de suspensión. Ahora, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 136 párrafo primero, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, los que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído. En el entendido de que los informes respectivos deberán ser remitidos preferentemente de manera digital con la firma electrónica correspondiente o, en su caso, manifestar la imposibilidad que tenga para ello y remitirlo de manera física. Apercibidas que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, como lo dispone la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con un minuto del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer mediante la presentación de promociones físicas o electrónicas. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes, que no se apertura la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, al ser sustituido por el expediente electrónico, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 en relación con el 3, de la Ley de Amparo, 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos jurisdiccionales, y por el considerando Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Ahora, de la lectura y análisis de la demanda de amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: a) La dilación excesiva para realizar el trámite de afiliación de la derechohabiente de la parte quejosa (Diana Pérez Morales) así como los requerimientos excesivos y reiterados de documentación. b) La restricción y negativa de derechos de seguridad social de su derechohabiente Diana Pérez Morales (atención médica). c) La falta de fundamentación y motivación del oficio FSSSM/1556/32060 de quince de octubre de dos mil veintitrés, que declara la improcedencia del trámite de afiliación de su derechohabiente Diana Pérez Morales. d) La negativa de reexpedición de constancia provisional de atención médica solicitada. Asimismo, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que se le proporcione las prestaciones de salud y seguridad social que le concede la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas a su derechohabiente Diana Pérez Morales. NEGATIVA DE CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LOS INCISOS A) Y C). Ahora, respecto de los efectos de la suspensión de los actos reclamados, es pertinente aclarar que el impetrante de amparo solicita la suspensión para efectos de suspender la temporalidad excesiva de afiliación de su derechohabiente, los que se traducen en la parálisis del trámite de origen. De acuerdo al artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión del acto reclamado, deben cumplirse con los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b. Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés jurídico y la afectación; y, c. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así es, la naturaleza de la figura jurídica de la "suspensión" en el juicio de amparo, es el de una medida cautelar; esto es, que tiene como finalidad que de manera previa, se impida la realización del acto y objeto del juicio, que pueda causar un daño de difícil o imposible reparación para el quejoso. Así, debe indicarse que la suspensión no es susceptible de otorgarse contra actos de naturaleza omisiva; pues de otorgarse, se obligaría a la autoridad a actuar de manera positiva, lo cual es contrario a la naturaleza de la figura de la suspensión, la cual, se repite, sólo tiene efectos preventivos, no restitutorios. Con relación a la medida suspensional instada en contra del acto reclamado referido; dígase que no ha lugar a decretar la suspensión definitiva, por las siguientes razones: Primero cabe recordar que la suspensión en el juicio de amparo exige ciertos requisitos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo." El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." De los anteriores preceptos legales, se desprende que se dota a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia del juicio de amparo hasta la terminación del juicio; y que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora, en relación con los preceptos mencionados, destacan las consideraciones de la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 255/2015 1 , 1 De la ejecutoria referida derivó la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo I, página 672, con registro digital 2011829, de rubro y texto siguientes: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión en la que se consideró que, en razón de que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar, su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo, a fin de evitar que mientras se resuelve en definitiva el acto reclamado pueda consumarse de modo irreparable, así como proteger al agraviado de los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle durante la tramitación del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. Asimismo, los efectos de la suspensión pueden consistir en mantener las cosas en el estado que guardan (por ejemplo, en tratándose de actos que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento), o bien, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Este último aspecto, relativo a la posibilidad jurídica y material de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado, así como la forma en la que la naturaleza omisiva de los actos reclamados incide sobre la suspensión, fue materia de pronunciamiento en la contradicción de tesis 85/2018, resuelta por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de la que derivó la jurisprudencia "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA".2 . En la ejecutoria mencionada, la Primera Sala sostuvo que la naturaleza omisiva de los actos no es el factor determinante para la concesión o negativa de la medida suspensional, sino que condiciona el tipo de medida que deberá ordenarse; esto es, si deben mantenerse las cosas en el estado que guardan o si es necesaria una tutela provisional anticipada del derecho violado. Precisó que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" contenida en el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condicionante para la concesión o negativa de la medida en función de que el acto se califique como omisivo, sino como un elemento que defina el tipo de medida suspensiva que se requiere ante tal carácter. En ese tenor, estableció que lo relevante para otorgar la suspensión está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material. A partir de ello, puntualizó que en el caso concreto que resolvió uno de los tribunales contendientes, ". [el tribunal] pierde de vista que un acto reclamado de naturaleza omisiva respecto de un actuar de la autoridad que no se agota en un único momento (por ejemplo el 2 Se refiere a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 286, con registro digital 2021263, cuyos rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." incumplimiento de pagar pensión por viudez, en ese caso) produce consecuencias momento a momento, esto es, durante el procedimiento y después de concluido, ante lo cual resultaba irrelevante destacar si el acto es omisivo, pues lo determinante consistía en definir si el pago de la pensión, mientras duraba el juicio, prejuzgaba o impedía un pronunciamiento sobre el pago de pensiones después de concluido.". [Énfasis añadido]. En ese sentido, estimó que el "amparo provisional" pretendía que, con la suspensión, la persona alcanzara transitoriamente un beneficio que, al dictarse sentencia ejecutoria, pudiera confirmarse o revocarse, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes ni después del juicio. En consecuencia, estableció que para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible, es necesario que los efectos suspensorios puedan actualizarse de momento a momento, de modo que no coincidan exactamente, agoten o dejen sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo. Expuesto el marco jurídico aplicable, este órgano jurisdiccional considera que si bien la naturaleza omisiva del acto reclamado, por sí misma, no determina la procedencia o no de la medida cautelar, lo cierto es que el otorgamiento de la suspensión es improcedente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la inviabilidad de establecer algún tipo de medida, ya sea conservativa o de tutela anticipada. En efecto, como se explicó, el objeto de la suspensión es mantener "viva" la materia del amparo, para evitar que el acto reclamado se consume irreparablemente mientras se resuelve el juicio o proteger al quejoso de los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle, con la condición de que se demuestre la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en el excesivo plazo para realizar el trámite de afiliación de sus derechohabiente y requerimientos excesivos y reiterados de documentación; de ahí que si bien les asiste la apariencia del buen derecho y no se sigue perjuicio al interés social, no es material y jurídicamente posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, pues el juicio de amparo quedaría sin materia en caso de que, con motivo de una hipotética concesión de la medida suspensional, pues las responsables realizarían el trámite de afiliación de su derechohabiente sin verificar los requisitos que para tal efecto son indispensables; y por ende, cesarán los efectos de los actos reclamados, dejando sin materia el juicio constitucional. Ciertamente, no resulta factible conceder al disidente la suspensión con efectos conservativos; esto es, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, en tanto que, precisamente, la pretensión de la parte quejosa es que el estado de inacción que atribuye a las autoridades responsables cese; por tanto, ese tipo de efecto resulta inaplicable al caso. Por ende, el tipo de medida cautelar que pretende la parte quejosa es de tutela anticipada, en tanto que solo así podría obtener un beneficio con la concesión de tal medida. No obstante, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que en tratándose de actos de carácter omisivo, la procedencia de la suspensión con efectos restitutorios dependía de que el otorgamiento transitorio de ese beneficio pudiera confirmarse o revocarse al emitirse sentencia ejecutoria. Y que, la posibilidad material y jurídica de otorgar la medida suspensional con dichos efectos consistía en que éstos no coincidan exactamente, agoten o dejen sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo. En consecuencia, este resolutor advierte que, de otorgarse la suspensión provisional con efectos restitutorios, esto es, que la responsable realice la afiliación de su derechohabiente, coincide de manera total con la materia del juicio, por lo cual dejaría sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo. Lo anterior deja de relieve que, en el caso, existe imposibilidad jurídica y material para otorgar la suspensión provisional porque los posibles efectos suspensorios se agotan en un solo momento, ya que tiene lugar en un solo evento, no se prolonga de momento a momento, lo que imposibilitaría que dicho beneficio pudiera confirmarse o revocarse, y dejaría sin materia el juicio, pues sería ocioso pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las omisiones reclamadas, en la medida que la sentencia ya no produciría ningún efecto. Otorga soporte jurídico, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro digital: 199059, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.11 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, página 214, que dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada.". Similar criterio estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno al resolver el recurso de queja 224/2021, de su índice. Ahora, por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso c) consistente en la falta de fundamentación y motivación del oficio FSSSM/1556/32060 de quince de octubre de dos mil veintitrés, que declara la improcedencia del trámite de afiliación de su derechohabiente Diana Pérez Morales, no se cumple con el primero de los requisitos señalados en párrafos que anteceden. En efecto, como ya se indicó, la naturaleza de la figura jurídica de la "suspensión" en el juicio de amparo, es el de una medida cautelar, esto es, que tiene como finalidad que de manera previa, se impida la realización del acto y objeto del juicio, que pueda causar un daño de difícil o imposible reparación para el quejoso. En el caso, el ahora quejoso señaló como acto reclamado la falta de fundamentación y motivación del oficio FSSSM/1556/32060 de quince de octubre de dos mil veintitrés, que declara la improcedencia del trámite de afiliación de su derechohabiente Diana Pérez Morales; es decir, el acto materia de la controversia por sí solo carece de ejecución por ser meramente declarativo y no tener una ejecución real y material. Es aplicable por analogía, la tesis I.7o.A.48 K, Novena época, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, página 1145, registro digital 184386, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LOS EFECTOS DE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE CARECE DE EJECUCIÓN REAL Y MATERIAL. Cuando en la demanda de amparo se reclama de una autoridad la expedición de un documento en el que se informa al gobernado la imposibilidad de otorgarle la renovación de algún permiso, licencia, autorización o cualquier otro acto similar, y se pide la suspensión de sus efectos aduciéndose que con apoyo en esa determinación existe la posibilidad de que se emita una orden de clausura del establecimiento de que se trate, la medida suspensional resulta improcedente, pues el acto materia de la controversia por sí solo carece de ejecución por ser meramente declarativo, ya que para darse la afectación a su esfera jurídica se requiere, en todo caso, de un nuevo acto en el que se configure la hipótesis descrita por el quejoso en cuya situación tiene a su alcance los medios legales para combatir dicha orden, de tal suerte que al tratarse de un acto diverso, el juzgador está impedido legalmente para obsequiar la medida cautelar solicitada en esos términos" A mayor abundamiento, debe decirse que, atendiendo a la naturaleza propia y el sentido de la resolución impugnada en esta vía constitucional, no es dable conceder la suspensión solicitada, ya que acorde con la naturaleza de tal acto no es posible emitir un pronunciamiento al respecto, pues no hay nada que suspender, toda vez que, por sí misma, tal determinación, ya ha sido emitida y carece de ejecución material. En consecuencia, no ha lugar a conceder la suspensión provisional solicitada respecto a los actos precisados en los incisos a) y c). CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PRECISADA EN EL INCISO B) Y D) RESPECTO A LA RESTRICCIÓN Y NEGATIVA DE DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL A SU DERECHOHABIENTE DIANA PÉREZ MORALES (ATENCIÓN MÉDICA). Con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para efectos de que se respete la vida e integridad física de la derechohabiente de la parte quejosa Diana Pérez Morales, de manera correcta, pronta, oportuna y con la urgencia que amerita el caso, le proporcione, la atención médica adecuada, sea valorada por un especialista, se le dé el seguimiento y comunicación debida, clara y precisa de los procedimientos que se deben aplicar en su caso, proporcionándole los medicamentos y tratamientos necesarios, así como todos los demás trámites que sus padecimientos ameriten3 . Lo anterior, tomando en consideración que el aquí quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad por cuestiones ajenas a su persona, su derechohabiente Diana Pérez Morales, no ha sido afiliada a la Dirección General de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues indica que a pesar de que exhibió en tiempo y forma las constancias que le fueron requeridas fue declarado improcedente el trámite de afiliación y además le negaron la reexpedición de una constancia provisional de atención médica; por tanto, atendiendo al 3 Es de aplicación la tesis I.18o.A.33 K (10a.), visible en la página 2160, del Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud. artículo 4° Constitucional, se concede la suspensión provisional en los términos precisados. En consecuencia, gírese oficio a las autoridades responsables a fin de que se le proporcione a Diana Pérez Morales derechohabiente del quejoso, de ser necesaria la atención y tratamiento médico y le suministren los medicamentos de acuerdo al diagnóstico clínico que para tal efecto realice a su persona un especialista en la materia médica que se requiera y se le efectúen los estudios clínicos que requiera de conformidad con la valoración que emita dicho galeno, a fin de salvaguardar su integridad física. Con el apercibimiento de que, de no hacerlo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, independientemente de la responsabilidad penal en que puedan incurrir por el desacato a un mandamiento judicial; en el entendido de que las autoridades responsables deberán informar en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de que queden notificadas de este proveído, el cumplimiento dado a lo antes ordenado. Lo anterior es así, pues la circunstancia de que se le dé atención médica a la derechohabiente de la parte quejosa quejosa no vulnera el interés social ni contravienen disposiciones de orden público, ya que el derecho a la protección de la salud y subsistencia del mismo debe ser proporcionado de forma inmediata, al ser una garantía individual consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de lo contrario al no hacerlo así, se causarían daños de difícil reparación a la impetrante de amparo ya que de ninguna forma pueden ser restituidos con la probable concesión del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61 del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL." Más aún, porque el derecho a la salud previsto por el artículo 4º Constitucional ha sido complementado con tratados internacionales en materia de derechos humanos del que el Estado Mexicano forma parte 4 . Inexistencia de autoridades. 4 Se cita por su aplicación al caso en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, se les tendrá como inexistentes y se suspenderá comunicaciones procesales, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia. Ahora bien, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabara la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en su ocurso de cuenta, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como abogados. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Ahora, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase únicamente como medio de contacto el correo electrónico que menciona en el escrito de cuenta. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del juzgado. Se autoriza a los actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Copias. Ahora, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídasele a la citada parte procesal copia certificada del presente auto; ello, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la ley en comento

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano