Luis Enrique Matías Gutiérrez

Expediente 1101/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 71 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1101/2016
Año
2016
Actuaciones
71
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Matías Gutiérrez
  • Luis Enrique Matías Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 71.

  1. Principal

    MESA 1-A.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del fedatario judicial de la adscripción, al que anexó la razón actuarial cinco de agosto del presente año, por medio de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso XXX, el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, por las razones ahí expuestas. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos la determinación de tres de agosto de dos mil veintidós, el presente proveído, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; tres de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anexo que acompaña. Atento a su contenido, se tiene al tribunal colegiado remitiendo el juicio de amparo 1101/2016, en tres tomos, así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución 5/2022, de su índice, y copias certificadas de los oficios FGE/FJ/2016/2022, 80/1661/2022, SGG/DGM/0077/2022, FGE/FDFS/620/2022 y FDFS/SUB-AF/172/2022, que se adjuntan al mismo. Acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al resolver el recurso de revisión interpuesto, el referido tribunal resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara improcedente el incidente de inejecución 6/2020. - - - SEGUNDO. Es innecesario remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido por el Pleno del Máximo Tribunal del País, el veintiuno de junio de dos mil uno, y de acuerdo con lo informado a través de la circular 20/2011-AGP, envíese al portal de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el archivo electrónico del presente asunto. - - - CUARTO. Toda vez que a este expediente de incidente de inejecución de sentencia, diversas autoridades remitieron constancias mediante las cuales pretenden acreditar que están realizando actos tendentes a cumplir con el fallo protector, se estima necesario que se desglosen copias certificadas de los oficios de información y constancias anexas, para que sean enviadas al juzgado de distrito de origen, para que las glose al expediente de amparo indirecto, para los efectos legales a que haya lugar." Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Asimismo, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias. En tales condiciones, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, es importante destacar que, como lo precisó el Tribunal Colegiado oficiante en la ejecutoria en comento, la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del tres del mismo mes y año, regula la abrogación de la ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, y derogación de las disposiciones que se opongan a lo previsto en la nueva ley; así como la continuación de la tramitación de los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley, hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En ese sentido, los artículos 95, 97 y 98, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 95.- El recurso de queja es procedente: I.- Contra los autos dictados por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes; II.- Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; III.- Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley; IV.- Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo; V.- Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98; VI.- Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley; VII.- Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario. VIII.- Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados; IX.- Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso; X.- Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento substituto de las sentencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determinación sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113, y XI.- Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional. (.) Artículo 97.- Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes: I.- En los casos de las fracciones II y III del artículo 95 de esta ley podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme; II.- En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida; III.- En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro a de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo. IV.- En el caso de la fracción XI del referido artículo 95, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida. Artículo 98.- En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo. Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda." Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 1957-1958), se dio vista a la parte quejosa con los oficios signados por el Subdirector de Amparo de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que fue notificado el treinta y uno de diciembre del año próximo pasado; de igual forma, el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós (fojas 1960-1969), se determinó la existencia de una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, para los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, dese vista de nueva cuenta a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, en relación a las actuaciones descritas en el párrafo que antecede. En el entendido que transcurrido el plazo que alude la fracción III, del artículo 97, de la citada ley de amparo, este Juzgado procederá conforme a derecho proceda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Exal Aguilar Velázquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, asistido del secretario que autoriza, Arturo Gómez Castro, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de uno de febrero del año en curso, mediante el cual, se declaró la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia amparadora dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley en cita, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que determine la existencia de la imposibilidad para el cumplimiento del amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque a pesar de que se había venido implementado puestos móviles y estratégicos, así como la participación de diversas corporaciones policiales, tales como la policía municipal, sectorial y federal de caminos, no se ha cumplido en su totalidad la orden de aprehensión dictada en la causa penal 52/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Motozintla, Chiapas y, que ello obedece particularmente a que los implicados pertenecen a una organización social, que dificulta su detención. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis de la documentales remitidas por la autoridad responsable, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparador no se encuentra cumplido. Lo anterior se afirma así, puesto que si bien de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que fue cumplimentada la orden de aprehensión girada en contra de 1 Simón Pedro Ramos Hernández, 2 Leandro García López, 3 Pedro Francisco Ramos Ramos, 4 Rodrigo Pérez Rodríguez, 5 Hernán Suárez Hernández o Hernán Juárez Hernández y 6 Juan Mejía Verdugo, por el delito de robo con violencia agravado, en el expediente 52/2010, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Ciudad de Motozintla, Chiapas (1767-1770, 1772-1775, 1777-1810 y 1813- 1822). Sin embargo, de los informes allegados por las autoridades responsables particularmente del Fiscal General del Estado, por conducto del Subdirector de Amparos, se arriba a la conclusión de que respecto al diverso indiciado 7 Roberto González Roblero, no será posible ejecutarse dicha orden de aprehensión, puesto que desde el nueve de mayo de dos mil trece, tal mandamiento de captura fue cancelado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Motozintla, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 1183/2012, de la estadística del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. De ahí que existe objetivamente una imposibilidad jurídica para ejecutar dicha orden de aprehensión en contra de Roberto González Roblero. Es así, pues como ha quedado demostrado en autos, si tal mandato ya fue cancelado, ya no es jurídicamente posible ejecutarlo. Establecido lo anterior, cabe precisar que el acto reclamado en este juicio de amparo, el quejoso lo hizo consistir en: La falta de cumplimiento de la orden de aprehensión girada en contra de 1 Simón Pedro Ramos Hernández, 2 Leandro García López, 3 Pedro Francisco Ramos Ramos, 4 Rodrigo Pérez Rodríguez, 5 Hernán Suárez Hernández o Hernán Juárez Hernández 6 Juan Mejía Verdugo y 7 Roberto González Roblero, por el delito de robo con violencia agravado dictada en el expediente 52/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Motozintla, Chiapas; y, La omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de ocho de junio de dos mil once. De ahí que la circunstancia que actualmente prevalece respecto de Roberto González Roblero, genera la existencia de una imposibilidad jurídica para que se cumpla íntegramente con la ejecutoria de amparo, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión del referido indiciado. Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, en la inteligencia que no existir inconformidad alguna manifiesta, una vez transcurrido el plazo previsto en el numeral citado, de conformidad con el artículo 196, último párrafo de la Ley de Amparo, se remitirá este juicio al Tribunal Colegiado Competente, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 202 de la citada ley, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chapas, para los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Fórmese el expedientillo respectivo con las copias necesarias.

  4. Principal

    MESA 1-A.- Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por el Subdirector de Amparo de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue hecho en proveído de nueve del mes y año en curso, informa el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada de las constancias relativas. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado de cuenta y anexos que acompaña; así como los diversos con registros 14621 y 14784, signados por el Jefe de Grupo de la Policía Especializada, con sede en Motozintla, Chiapas y Comandante Regional Fronterizo Sierra, con sede en Comitán, Chiapas; dése vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; en apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1º.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:

Quedan 67 actuaciones en este expediente

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