Luis Enrique Marquez Olvera
Expediente 1145/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Luis Enrique Marquez Olvera
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta que suscribe el quejoso ********************, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el trece de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, la juez acuerda: Es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda y escrito aclaratorio, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. Ahora, atendiendo que la resolución reclamada implica ataques a la libertad personal del quejoso, pues se trata de un auto de formal prisión dictado en su contra, se puede concluir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, estos es, tres de abril de dos mil trece, el amparista estaba en posibilidad de promover juicio de amparo biinstancial contra dicha resolución en cualquier momento, dado que se trata de un acto de aquéllos que la Ley de Amparo abrogada tenía como excepción del término de quince días para instar el juicio de amparo. Sin embargo, la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema especifica que la excepción de mérito es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en término del artículo 17 fracción IV de la Ley de Amparo; por ende, si en la especie el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por la parte quejosa en su demanda, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. Entonces, si el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, fue dictado por una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, pues fue el Juez Penal del Sistema Tradicional en Zacatecas, quien el dieciséis de mayo de dos mil catorce, dentro de la causa penal ********************, dictó auto de formal prisión en contra de ********************, la demanda de amparo debió presentarse en el término genérico de quince días. Debe precisarse además, que la anterior Ley de Amparo establecía en su artículo 22, fracción II, que cuando el acto reclamado consistiera en un ataque a la libertad personal, la demanda podía promoverse en cualquier momento, esto es, no existía diferencia en que ese ataque a la libertad fuera dictado dentro o fuera de procedimiento; sin embargo, a partir del tres de abril de dos mil trece, entró en vigor la nueva ley de amparo, donde el legislador fue claro al establecer que solo los ataques a la libertad fuera del procedimiento, tienen oportunidad a instar juicio de amparo en cualquier momento y se excluyeron de esa excepción precisamente, los ataques a la libertad dictados dentro de procedimiento. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), en la que determinó que cuando se reclamen actos restrictivos de libertad personal y éstos se dictaron en un proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, el plazo con el que cuenta el gobernado será el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley en comento, lo que en el caso se actualiza, pues de los antecedentes narrados por el propio promovente, se obtiene que el acto de molestia reclamado en este juicio, se emitió el dieciséis de mayo de dos mil catorce, fecha posterior a lo establecido en la jurisprudencia en cita, misma que es de observancia obligatoria para esta resolutora en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo y su contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Todo lo anterior permite concluir que si el dieciséis de mayo de dos mil catorce, ********************, tuvo conocimiento completo del acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión dictado en esa misma fecha, dentro de la causa penal ********************, emitido por el Juez Penal del Sistema Tradicional en Zacatecas y la demanda de amparo que ahora se atiende, fue presentada el once de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que transcurrió en exceso el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, y en consecuencia se consintió el acto que ahora reclama. (..)
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Zacatecas, Zacatecas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta que suscribe el quejoso ********************, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el trece de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, la juez acuerda: Es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda y escrito aclaratorio, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. Ahora, atendiendo que la resolución reclamada implica ataques a la libertad personal del quejoso, pues se trata de un auto de formal prisión dictado en su contra, se puede concluir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, estos es, tres de abril de dos mil trece, el amparista estaba en posibilidad de promover juicio de amparo biinstancial contra dicha resolución en cualquier momento, dado que se trata de un acto de aquéllos que la Ley de Amparo abrogada tenía como excepción del término de quince días para instar el juicio de amparo. Sin embargo, la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema especifica que la excepción de mérito es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en término del artículo 17 fracción IV de la Ley de Amparo; por ende, si en la especie el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por la parte quejosa en su demanda, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. Entonces, si el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, fue dictado por una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, pues fue el Juez Penal del Sistema Tradicional en Zacatecas, quien el dieciséis de mayo de dos mil catorce, dentro de la causa penal ********************, dictó auto de formal prisión en contra de ********************, la demanda de amparo debió presentarse en el término genérico de quince días. Debe precisarse además, que la anterior Ley de Amparo establecía en su artículo 22, fracción II, que cuando el acto reclamado consistiera en un ataque a la libertad personal, la demanda podía promoverse en cualquier momento, esto es, no existía diferencia en que ese ataque a la libertad fuera dictado dentro o fuera de procedimiento; sin embargo, a partir del tres de abril de dos mil trece, entró en vigor la nueva ley de amparo, donde el legislador fue claro al establecer que solo los ataques a la libertad fuera del procedimiento, tienen oportunidad a instar juicio de amparo en cualquier momento y se excluyeron de esa excepción precisamente, los ataques a la libertad dictados dentro de procedimiento. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), en la que determinó que cuando se reclamen actos restrictivos de libertad personal y éstos se dictaron en un proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, el plazo con el que cuenta el gobernado será el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley en comento, lo que en el caso se actualiza, pues de los antecedentes narrados por el propio promovente, se obtiene que el acto de molestia reclamado en este juicio, se emitió el dieciséis de mayo de dos mil catorce, fecha posterior a lo establecido en la jurisprudencia en cita, misma que es de observancia obligatoria para esta resolutora en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo y su contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Todo lo anterior permite concluir que si el dieciséis de mayo de dos mil catorce, ********************, tuvo conocimiento completo del acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión dictado en esa misma fecha, dentro de la causa penal ********************, emitido por el Juez Penal del Sistema Tradicional en Zacatecas y la demanda de amparo que ahora se atiende, fue presentada el once de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que transcurrió en exceso el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, y en consecuencia se consintió el acto que ahora reclama. (..)
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. VISTO; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se señalaron las once horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; la cual no pudo celebrarse en razón a que de conformidad con la Circular 28/2023 emitida el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la citada fecha, se determinó declarar como días inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veinticuatro de octubre de la anualidad en cita, debido al paro de labores, realizado por los trabajadores sindicalizados de los órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos laborales, lo que impidió la comparecencia de las partes a los juicios tramitados en los tribunales federales. Por lo anterior, se transfiere la fecha de la audiencia señalada y su lugar se fijan las once horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ********************de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Penal del Sistema Tradicional Zacatecas y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1145/2023-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVIENE. En virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues el quejoso señaló los actos reclamados de la siguiente forma: (...)
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