Luis Enrique Marquez Espinoza
Expediente 52/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 32 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 08/03/2018
Partes del expediente
- Luis Enrique Marquez Espinoza
- Luis Enrique Marquez Espinoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
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En tal virtud reenvíese la misiva en comento vía oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en Tijuana, Baja California, previa copia fotostática simple que quede en autos...
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Ensenada, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa recurriera el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia la demanda de garantías en el expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo sobreseyó fuera de audiencia y que con motivo de la petición formulada por el quejoso se abrió por duplicado un incidente, en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, por ello, se estima que este expediente carece de relevancia documental; y, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es DEPURABLE y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. NOTIFÍQUESE.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LUIS ENRIQUE MÁRQUEZ ESPINOZA, EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO...
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Ensenada, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que por auto de seis de junio de la presente anualidad (fojas 270 y 271), se ordenó el emplazamiento por edictos al tercero interesado Roberto Arangure Sánchez y, se otorgó al quejoso el término de tres días para recogerlos, mismo que comenzaría a contar a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación personal que se le efectuara. Debe decirse que el proveído de referencia se notificó por lista al quejoso (previo citatorio), el trece de junio del año en curso (foja 275); lo que indica que la notificación surtió efectos al día siguiente martes catorce; luego, el plazo de tres días mencionado empezó a correr del día miércoles quince y feneció el diecisiete del presente mes y año; lapso dentro del cual no se presentó el quejoso o alguno de sus autorizados a recibir los edictos para su publicación, no obstante que se hizo el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el referido término, se decretaría el sobreseimiento en el presente asunto. Ahora bien, en virtud de la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no haberse presentado a recibir los edictos, lo que trajo como consecuencia que se exhibieran sus publicaciones para emplazar a juicio al tercero interesado Roberto Arangure Sánchez, se traduce en incumplimiento de un presupuesto procesal que se establece como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. Esto es así, dado que la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la búsqueda se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos; en esta hipótesis, mediante auto de trece de abril del año en curso (foja 237), y por virtud de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtuvo que a Roberto Arangure Sánchez le revestía el carácter de tercero interesado, se le reconoció tal calidad, ordenando su emplazamiento en el domicilio que se advirtió de dichas constancias, de lo que resultó que el tercero ya no habitaba en él; de consiguiente, mediante auto de nueve de mayo de la presente anualidad (242), se requirió al quejoso para que en el término de tres días, proporcionara domicilio cierto y actual en el que se pudiera llevar a cabo la diligencia, sin que el impetrante aportara un nuevo domicilio para ello, por lo que solicitó se iniciaran los medios de localización para emplazar al tercero interesado referido. Por proveído de doce de mayo del año que transcurre (foja 244), este órgano jurisdiccional ordenó agotar los medios de localización a fin de obtener un domicilio en que se pudiera emplazarse al tercero de mérito, sin que las dependencias de servicios requeridas hubiesen aportado domicilio del tercero interesado; en consecuencia, el seis de junio del año que transcurre, se ordenó el emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, como quedó descrito con antelación. Debe decirse que el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está aquí condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o bien, a que manifieste su imposibilidad para cubrir un casto de esa naturaleza, siendo que el incumplimiento de ello provoca que no pueda tenerse por llamado a un gobernado al juicio de garantías, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercera antes referida, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, en el caso, es atribuible a la parte quejosa, debido a la omisión de recoger los edictos para el pago de su publicación, así como por no haber manifestado alguna imposibilidad para cumplir con ello, motivo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y por ende, torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de los corrientes, y con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA; lo anterior motiva que resulte innecesario celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción número 2ª./J.64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, de Julio de dos mil dos, página doscientos once, del siguiente rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Finalmente, en relación al escrito de cuenta presentado por el quejoso Luis Enrique Márquez Espinoza, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para solventar los gastos del emplazamiento a la parte tercero interesada Roberto Arangure Sánchez, por medio de edictos ordenado en autos; dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de tres días que este Órgano Judicial le otorgó por proveído de seis del mes y año que transcurren, para recoger los edictos o, en su caso, manifestar la imposibilidad de hacer la publicación de los mismos; consecuentemente, deberá el ocursante estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
Quedan 28 actuaciones en este expediente
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