Luis Enrique Loera Noriega

Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
847/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Loera Noriega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintidós. Notifíquese por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y vía electrónica a la parte promovente.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta del quejoso, presentado por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley Amparo, XXXXXXXXXXXXXXX, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y atento a su contenido, infórmese al ocursante que se integrará de inmediato el oficio dirigido al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, junto con las constancias inherentes, para ser remitido conforme se ordenó en autos. Notifíquese por lista a la quejosa

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que adjunta los autos del juicio de amparo XXXXXXXX de su índice, con dos copias de demanda y un anexo en quince copias, lo anterior, ya que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado por razón de turno mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; en tal virtud, acúsese recibo correspondiente En este contexto, se procede a proveer sobre la demanda de amparo que originó el presente juicio de amparo en los siguientes términos: PERSONALIDAD La demanda la promueve XXXXXXXX por propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN E STUDIO. De la lectura de la demanda de amparo y escritos de desahogo, se advierte que el quejoso acude en su carácter de tercero extraño, reclamado todo lo actuado en el al juicio especial hipotecario XXXXXXXX, promovido por XXXXXXXX contra XXXXXXXX y XXXXXXXX, del índice del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, entre los que se encuentra los derechos de propiedad que aduce tener respecto del inmueble ubicado en el XXXXXXXX, Estado de México. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y escritos de desahogo, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de dicho asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto constitucional reproducido prevé la competencia territorial de los jueces de distrito, por lo que establece al efecto que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado se ejecute, siga ejecutando o trate de ejecutarse. Lo anterior, tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. El segundo dispositivo, concreta las reglas de competencia de los juzgados de distrito, a saber: a) A favor del juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto, alude a "ejecución material", éste se conceptualiza como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En el caso concreto, el quejoso ostentándose tercero extraño, señala como acto reclamado todo lo actuado en el al juicio especial hipotecario XXXXXXXX, promovido por XXXXXXXX contra XXXXXXXX, del índice del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, entre los que se encuentra los derechos de propiedad que aduce tener respecto del inmueble ubicado en el XXXXXXXX, Estado de México. De lo anterior, se evidencia que el quejoso promueve la demanda de amparo como tercero extraño al juicio natural, ya que no figura como parte formal y su derecho sobre el bien materia de la litis, lo basa en una resolución judicial que versa sobre el mismo. Dicha información resulta relevante, puesto que permite apreciar que lo que le causa perjuicio al peticionario del amparo y reclama en su calidad de tercero extraño en estricto sentido, es la propiedad sobre el inmueble del que aduce tener derechos, de modo que, lo que pretende lograr es que se le respeten los mismos y no se le prive de la propiedad que dice tener sobre el predio referido, ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Entonces, si el quejoso es ajeno al juicio de origen, de resultar en el amparo que éste efectivamente es tercero extraño, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto redundaría en que se le respeten sus derechos de propiedad que le fueron afectados y que previo a cualquier acto de molestia, se le dé su garantía de audiencia, por ello, es claro que no puede verse favorecida ni perjudicada por los actos que se lleven a cabo en la contienda. Por tanto, es dable concluir que la única intención del peticionario del amparo no es intervenir en el proceso, sino que se respete sus derechos de propiedad que dice tener sobre el predio materia de la litis, ya que no es de su incumbencia la nulidad del procedimiento, al ser ajeno. Sobre esa base, es que se considera que a fin de fijar la competencia, se debe atender a la calidad del quejoso que es de tercero extraño y el propósito de la demanda, relativo a lograr el derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en el XXXXXXXX, Estado de México, del cual aduce tener derechos de propiedad, de ahí que sea aplicable el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206167, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, mayo de 1992, página 94, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Asimismo, apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis número III.2o.P.194 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro 175281, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril de 2006, página: 1060 de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo. Asimismo, cobra aplicación la tesis con registro 245025, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 217- 228, Séptima Parte, página 88, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material - caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el presente juicio de amparo y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente a través del envío de documentos a órganos vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) y señalar si acepta o no la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. FORMACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia autógrafa de este acuerdo y con copia simple de la demanda de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del impetrante el que indica. No obstante lo anterior, a efecto de privilegiar los medios electrónicos proporcionados a fin de evitar el contacto físico entre las partes debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, como lo solicita, se le autoriza la práctica de notificaciones vía electrónica, a través de los usuarios "XXXXXXXX", "XXXXXXXX", "XXXXXXXX" y "XXXXXXXX", toda vez que se encuentran registrados en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, y se ordena darlos de alta en el rubro correspondiente, en términos de lo establecido en los artículos 3°, 26 y 30 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a XXXXXXXX y XXXXXXXX, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto a los diversos profesionistas que indica por no tener registradas sus cédulas en el referido Registro Único de Profesionales del Derecho, y que la cédula profesional XXXXXXXX corresponde a otra persona no autorizada de nombre XXXXXXXX, y a las demás personas que señala se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que los profesionistas inscriban su cédula profesional en el registro correspondiente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico a través de los usuarios "XXXXXXXX", "XXXXXXXX", "XXXXXXXX" y "XXXXXXXX", ya que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena darlos de alta en el sistema, autorizándoles el acceso al expediente electrónico, en términos de lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por oficio al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno y vía electrónica a la parte promovente.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones que está realizando a efecto de proveer sobre la incompetencia planteada por este juzgado por razón de turno, respecto a la demanda de amparo promovida por *******. Notifíquese por lista al quejoso.

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