Luis Enrique Juárez Del Valle

Expediente 959/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
959/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Juárez Del Valle
  • Ángel Eduardo Bernal Fernández
  • Francisco Flores Cervantes
  • Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    L Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    sentencia: se sobresee en el presente juicio de amparo

  3. Principal

    L.- Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el escrito signado por Luceli del Carmen Mendoza Martínez, defensora pública, quien acepta y protesta el cargo de asesora jurídica de los aquí quejosos en el presente asunto, para lo cual adjunta copia de la cedula profesional 11104381, expedida por la Secretaría de Educación Pública; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona correos electrónicos y números telefónicos para entablar comunicación; además, solicita autorización para la consulta del expediente electrónico bajo el usuario Luceli.Mendoza. . ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO Atento a lo anterior, se le tiene aceptando el cargo de asesora jurídica de los aquí quejosos para efectos del presente juicio de amparo. AUTORIZACIÓN USUARIO Se autoriza la consulta del expediente electrónico con nombre de usuario Luceli.Mendoza; en virtud de que dicho usuario que proporcionó, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Del escrito de cuenta se advierte que la promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle General Emiliano Zapata número 207, Colonia Universidad, en esta ciudad; no obstante lo anterior, como está señalado en el párrafo que antecede, y fundamento en el artículo 30 fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le harán vía electrónica mediante el usuario "Luceli.Mendoza". Notifíquese.

  4. Principal

    P Toluca, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que no se encuentra la constancia de notificación realizada a Ángel Eduardo Bernal Fernández, representante común de los quejosos, del auto de veintidós de octubre pasado, con el cual se le dio vista con el informe justificado rendido por las autoridades responsables Director General del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, el Jefe de Custodia Penitenciaria de dicho Centro Preventivo. REQUERIMIENTO A LOS ACTUARIOS Atento a lo anterior, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que notifique personalmente al representante común de los quejosos, en el lugar donde se encuentra interno, el proveído de veintidós de octubre pasado, para que se imponga del contenido del informe justificado en comento. SE REQUIERE DEFENSOR PÚBLICO Ahora, tomando en consideración que no se ha hecho una designación de defensor público que funja como asesor de los quejosos quienes se encuentran privados de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México; y toda vez que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia número 43/2019 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la referida jurisprudencia cobra aplicación obligatoria a partir de la fecha de su publicación y por tanto, en su acatamiento y con el afán de evitar posibles reposiciones de procedimiento, se requiere a la Directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que les designe un defensor público que los asista en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de identificación 2020495, tesis 1ª/J 43/2019, de epígrafe y texto: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. DIFERIMIENTO A fin de permitir lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese; y, personalmente al representante común en el lugar de su reclusión.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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