Luis Enrique Gomez Gonzalez

Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
20/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Gomez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, transcurrió del veinte al veintiséis de enero del año en curso, con exclusión de los días veintiuno y veintidós del mismo mes y año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche doce de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Edward Morales Sarmiento, en su carácter de apoderado legal de Luis Ernesto Gomez Gonzalez, contra actos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través de su titular Luisa María Alcalde Lujan, con sede en Ciudad de México, radíquese con el número de expediente 20/2023-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a la demanda de amparo una carta poder firmada por Luis Ernesto Gomez Gonzalez, ante dos testigos de asistencia, de la que se advierte que otorgó poder amplio, cumplido y bastante, al licenciado Edward Morales Sarmiento, para que en su nombre y representación entablara juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado con el que se ostenta. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 3 existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 4 rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 5 IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto, como sucede cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, hipótesis en la que el plazo para presentar la demanda de amparo será de treinta días contados a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 6 Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que la demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que la parte quejosa manifestó tener conocimiento de la existencia de la norma impugnada, a saber, el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En efecto, la quejosa reclama el "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022", emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, el "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022" emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veintidós. El aludido acuerdo entró en vigor el uno de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con su artículo primero transitorio, que dice: "PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1° de diciembre de 2022." A través del mencionado Acuerdo se suprimió la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y se 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 7 modificó la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para que los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se tramitaran en la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. En esa medida, si el acuerdo reclamado entró en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días con que contaban los quejosos para promover demanda de amparo en contra de dicho acuerdo, transcurrió a partir del día hábil siguiente al en que entró en vigor el mencionado Acuerdo, esto es, el dos de diciembre de dos mil veintidós y feneció el veintidós de diciembre del citado año, con exclusión de los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si el apoderado legal de la parte quejosa hasta el once de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo en contra del "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022", resulta claro que, el plazo de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues tuvo hasta el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para presentar su demanda de amparo. Cabe precisar que el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican", no tiene el 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 8 carácter de norma general autoaplicativa, por ende, no le resulta aplicable el plazo de treinta días previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican", en atención a su naturaleza, constituye un acto meramente administrativo tendente a orientar la operatividad y distribución de competencias de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para que se cumplan con los fines específicos que realiza la administración pública, esto es, se trata de una disposición emitida por un servidor público en la esfera administrativa, para el correcto funcionamiento de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Bajo esas consideraciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen I, Tercera Parte, página 9, Sexta Época, intitulada: "ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y LEYES, AMPARO CONTRA LOS. El artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo se refiere concretamente "a los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo". Para precisar la aplicación de éste precepto, es indispensable establecer la diferencia que existe entre una ley y un acuerdo administrativo. Al respecto, es bien sabido que la ley sólo la puede dictar el Poder Legislativo, obrando siempre dentro de su órbita constitucional y que para su elaboración y emisión tiene que satisfacer una serie de requisitos, cuyo cumplimiento completo reviste al acto legislativo del carácter de ley y le da su eficacia jurídica. En cambio, el acuerdo administrativo, referente siempre a casos particulares, sólo es la orden que dicta el superior jerárquico para que los inferiores, dentro de sus esferas respectivas, cumplan con los fines específicos que realiza 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 9 la administración pública, por medio de sus órganos. En tales condiciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines." Asimismo, el hecho de que el "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022", se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación no le otorga el carácter de disposición legislativa o de norma general autoaplicativa, en razón de que esa publicación únicamente tiene como finalidad dar difusión al Acuerdo administrativo emitido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento respecto a la supresión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y modificación de la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para atender los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. Por identidad jurídica substancial, resulta aplicable la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 157-162, Sexta Parte, página 42, Séptima Época, intitulada: "CIRCULARES. SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL NO LES OTORGA EL CARÁCTER DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS. Conforme a lo establecido por el artículo 82 del Código Fiscal, las circulares, por su propia naturaleza, no crean obligaciones ni derechos para los particulares, pues son documentos expedidos por los superiores jerárquicos, dando instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de las oficinas, sobre su funcionamiento con relación al público o 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 10 para aclarar la aplicación de normas tributarias ya existentes. Por tanto, la circunstancia de que sean publicadas en el Diario Oficial, de ninguna manera les otorga el carácter de disposiciones legislativas." Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Edward Morales Sarmiento, en su carácter de apoderado legal de Luis Ernesto Gomez Gonzalez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en predio marcado con el número 29 de la Avenida Camarón de la Colonia Justo Sierra, C.P. 24114 de esta Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edward Morales Sarmiento. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y los quejosos tienen el carácter de parte trabajadora. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 11 Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Edward Morales Sarmiento, con nombre de usuario "morales_edwardo77", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "morales_edwardo77", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 12 Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 13 Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LUIS ERNESTO GÓMEZ GONZÁLEZ, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 20/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche doce de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Edward Morales Sarmiento, en su carácter de apoderado legal de Luis Ernesto Gomez Gonzalez, contra actos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través de su titular Luisa María Alcalde Lujan, con sede en Ciudad de México, radíquese con el número de expediente 20/2023-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a la demanda de amparo una carta poder firmada por Luis Ernesto Gomez Gonzalez, ante dos testigos de asistencia, de la que se advierte que otorgó poder amplio, cumplido y bastante, al licenciado Edward Morales Sarmiento, para que en su nombre y representación entablara juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado con el que se ostenta. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 3 existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 4 rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 5 IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto, como sucede cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, hipótesis en la que el plazo para presentar la demanda de amparo será de treinta días contados a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 6 Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que la demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que la parte quejosa manifestó tener conocimiento de la existencia de la norma impugnada, a saber, el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En efecto, la quejosa reclama el "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022", emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, el "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022" emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veintidós. El aludido acuerdo entró en vigor el uno de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con su artículo primero transitorio, que dice: "PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1° de diciembre de 2022." A través del mencionado Acuerdo se suprimió la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y se 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 7 modificó la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para que los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se tramitaran en la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. En esa medida, si el acuerdo reclamado entró en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días con que contaban los quejosos para promover demanda de amparo en contra de dicho acuerdo, transcurrió a partir del día hábil siguiente al en que entró en vigor el mencionado Acuerdo, esto es, el dos de diciembre de dos mil veintidós y feneció el veintidós de diciembre del citado año, con exclusión de los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si el apoderado legal de la parte quejosa hasta el once de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo en contra del "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022", resulta claro que, el plazo de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues tuvo hasta el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para presentar su demanda de amparo. Cabe precisar que el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican", no tiene el 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 8 carácter de norma general autoaplicativa, por ende, no le resulta aplicable el plazo de treinta días previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican", en atención a su naturaleza, constituye un acto meramente administrativo tendente a orientar la operatividad y distribución de competencias de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para que se cumplan con los fines específicos que realiza la administración pública, esto es, se trata de una disposición emitida por un servidor público en la esfera administrativa, para el correcto funcionamiento de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Bajo esas consideraciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen I, Tercera Parte, página 9, Sexta Época, intitulada: "ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y LEYES, AMPARO CONTRA LOS. El artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo se refiere concretamente "a los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo". Para precisar la aplicación de éste precepto, es indispensable establecer la diferencia que existe entre una ley y un acuerdo administrativo. Al respecto, es bien sabido que la ley sólo la puede dictar el Poder Legislativo, obrando siempre dentro de su órbita constitucional y que para su elaboración y emisión tiene que satisfacer una serie de requisitos, cuyo cumplimiento completo reviste al acto legislativo del carácter de ley y le da su eficacia jurídica. En cambio, el acuerdo administrativo, referente siempre a casos particulares, sólo es la orden que dicta el superior jerárquico para que los inferiores, dentro de sus esferas respectivas, cumplan con los fines específicos que realiza 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 9 la administración pública, por medio de sus órganos. En tales condiciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines." Asimismo, el hecho de que el "Acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de Secretaria de Trabajo y Previsión social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2022", se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación no le otorga el carácter de disposición legislativa o de norma general autoaplicativa, en razón de que esa publicación únicamente tiene como finalidad dar difusión al Acuerdo administrativo emitido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento respecto a la supresión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y modificación de la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para atender los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. Por identidad jurídica substancial, resulta aplicable la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 157-162, Sexta Parte, página 42, Séptima Época, intitulada: "CIRCULARES. SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL NO LES OTORGA EL CARÁCTER DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS. Conforme a lo establecido por el artículo 82 del Código Fiscal, las circulares, por su propia naturaleza, no crean obligaciones ni derechos para los particulares, pues son documentos expedidos por los superiores jerárquicos, dando instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de las oficinas, sobre su funcionamiento con relación al público o 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 10 para aclarar la aplicación de normas tributarias ya existentes. Por tanto, la circunstancia de que sean publicadas en el Diario Oficial, de ninguna manera les otorga el carácter de disposiciones legislativas." Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Edward Morales Sarmiento, en su carácter de apoderado legal de Luis Ernesto Gomez Gonzalez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en predio marcado con el número 29 de la Avenida Camarón de la Colonia Justo Sierra, C.P. 24114 de esta Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edward Morales Sarmiento. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y los quejosos tienen el carácter de parte trabajadora. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 11 Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Edward Morales Sarmiento, con nombre de usuario "morales_edwardo77", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "morales_edwardo77", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 12 Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 20/2023-II 13 Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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