Luis Enrique Garcia Rivera

Expediente 1238/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1238/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Garcia Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V EJECUTORIA DE COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y a los autos físicamente, el oficio de cuenta remitido por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el amparo en queja 275/2023. Asimismo, se precisa que en la referida ejecutoria se resolvió: "UNICO. Se declara infundado el recurso de queja." ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento) (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, será destruido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Sin que haya lugar a ordenar la notificación personal del presente auto a la parte quejosa, en virtud de que la remisión del expediente al archivo no constituye un asunto de relevancia en la tramitación del mismo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, las promociones de cuenta. Con la primera promoción, registrada con el número 12522, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México devuelve el escrito firmado por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de ocho de agosto del año en curso, en razón de que si bien se encuentra dirigido a ese órgano jurisdiccional, también lo es que los datos no coinciden con la parte quejosa y el acto reclamado en el juicio de amparo de su índice. En atención a lo anterior, y en razón de que el autorizado de la parte quejosa el nueve de agosto pasado, interpuso recurso de queja, si bien lo dirigía a diverso órgano jurisdiccional, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Ahora, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, el escrito donde se interpone el recurso de queja y copia de éste. Sin que haya necesidad de remitir copias certificadas del presente asunto para la sustanciación del medio de impugnación interpuesto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós. Por lo que, se comisiona al Oficial Judicial A, para que habilite los campos necesarios que permitan al Tribunal de Alzada correspondiente, la consulta del expediente electrónico. Con la segunda promoción registrada con el número 12512, ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, informa haber interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de amparo, para lo cual anexa el acuse electrónico correspondiente; atento a lo anterior, se le informa al promovente que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, contra actos del Juez Noveno de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número ********************. DESECHAMIENTO. Atento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, en el caso estudio, la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual reza lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral transcrito contiene el principio de definitividad que rige a los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el medio de control constitucional en comento es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones recurribles. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Cabe precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé las siguientes excepciones al principio de definitividad, esto es, excluye la obligación de agotar el medio de defensa ordinario previamente a acudir al amparo cuando se reclame: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Con la precisión de que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el presente caso el auto impugnado no implica riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni consiste en una orden de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Por otra parte, no obstante que por regla general en todos los casos será improcedente el juicio de amparo cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio. Empero, en el presente caso no se está en ninguno de los supuestos detallados, al no ser el quejoso ajeno al proceso penal de origen. En virtud de lo anterior, el quejoso está sujeto a las reglas procesales que rigen ese proceso, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige los actos reclamados y, por tanto, obligado a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que le perjudiquen. Por tanto, para cumplir con este principio, quien es parte en un juicio debe dar diligente seguimiento o vigilancia del juicio en el que participa para así advertir oportunamente la ilegalidad que lo pudiera viciar y poder impugnarlo por los medios ordinarios de defensa, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. De ahí que en el presente caso no nos encontramos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, se sostiene que se surte la hipótesis de improcedencia en estudio porque en la ley ordinaria se prevé el recurso mediante el cual puede modificarse, revocarse o anularse el acto aquí reclamado. En efecto, procede el recurso de queja, cuya esencia se encuentra contenida en los artículos 1.360 y 1.366, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen lo siguiente: "Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." Así, del análisis del precepto legal antes transcrito, la suscrita arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por un órgano jurisdiccional del fuero común, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El contenido del artículo 1.393, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en el procedimiento que nos ocupa, siendo este el recurso de queja, previo a la promoción del juicio de amparo. Con lo que se colman los requisitos segundo y tercero citados. Lo anterior, porque del precepto 1.393, transcrito con antelación, en su fracción II, se aprecia la procedencia del recurso de queja en contra del acto impugnado, pues en éste se denegó la admisión del recurso de apelación. Por tanto, resulta inconcuso que respecto del aludido acto reclamado, procede un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; esto es, el recurso de queja, previsto en el artículo 1.393, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisado en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al Amparo Indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley de la materia, el cual se encuentra a su alcance dado que como se dijo en párrafos precedentes se trata de una de las partes formales (destinatario), dentro del juicio de origen, y se integró a la relación jurídico procesal, pues el acto reclamado deriva de una petición formulada por el aquí quejoso en el juicio natural. Máxime que el numeral en cita se encuentra en el Título Noveno "Recursos", del referido código. De igual forma es aplicable, la tesis XVI.2o.C.T.1 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito, que se lee: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales". Aunado a lo anterior, se estima que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, pues el acto que se reclama se encuentra consentido tácitamente. Esto es así, pues los citados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. En ese contexto, el quejoso señala como acto reclamado en el escrito inicial de su demanda: "El auto de fecha cinco de julio del año en curso, emitido en el expediente 1162/2022, en la cual la hoy autoridad responsable, DESECHARA DE PLANO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CUAL INADMITIERA A TRÁMITE EL INCIDENTE DE CAMBIO DE MEDIDA PROVISIONAL, PRESENTADO" (sic) . aduciendo bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dicho acto el día treinta y uno de julio de la anualidad; sin embargo, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que el accionante tuvo conocimiento del acto antes del siete de julio, pues en esa data se registró un escrito inicial de demanda signado por el ahora quejoso en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el que se reclamó textualmente: "El auto de fecha cinco de julio del año en curso, emitido dentro del expediente 1162/2022, en la cual la responsable, DESECHARA DE PLANO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE FECHA 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL CUAL INADMITIERA A TRÁMITE EL INCIDENTE DE CAMBIO DE MEDIDA PROVISIONAL, PRESENTADO POR EL QUEJOSO." (sic) Dicho asunto se radicó en éste órgano jurisdiccional el diez de julio del presente año con el registro ********************, sin embargo, al no desahogar las prevenciones relativas a su admisión, se tuvo por no presentada; apercibimiento que se ejecutó en sus términos el veinticinco de julio del año en curso y que adquirió firmeza procesal el siete de agosto de dos mil veintitrés; por lo que se remitió al archivo definitivo. Al respecto, se itera que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado con anterioridad a lo que señala "bajo protesta de decir verdad", pues al promover previamente diverso juicio de garantías, sustentado en los mismos términos del escrito inicial que ahora se acuerda y reclamando el mismo acto, se colige que realizando una nueva expresión en esos términos, pretende obtener una ventaja procesal indebida; resultando ilógico el hecho de tomar conocimiento de un acto, posterior a haber acudido al juicio constitucional. A lo anterior, es preciso señalar las penas relativas a la realización de expresiones falsas u omisiones de circunstancias que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En tales condiciones, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto que combate transcurrió en términos del numeral 19 del ordenamiento referido, al menos del siete al veintisiete de julio, ambos de dos mil veintitrés. Lo anterior, en razón de que si reclamó el acto el siete de julio de dos mil veintitrés, data donde presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México y posteriormente lo volvió a combatir el siete de agosto de dos mil veintitrés; es indiscutible su extemporaneidad, conforme al término señalado por el numeral 17, párrafo primero del ordenamiento legal en cita. Por tanto, se estima consentido tácitamente dicho acto reclamado, puesto que era claro que no se ajustó a la temporalidad señalada en el último numeral de referencia, y ante lo cual, el juicio resulta improcedente. Así, al actualizarse plenamente las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracciones XIV y XVIII en relación con los diversos 17, 18 y 112 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda "********************". AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ********************, ******************** y ********************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las restantes personas que menciona, limitación que subsistirá hasta en tanto cuenten con el aludido registro, lo cual deberán comunicar a este juzgado mediante nueva promoción. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Gladys Oriana Castañeda Jardón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargada del Despacho, en términos de lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, por vacaciones del Titular, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3403/2023, de doce de junio de dos mil veintitrés, quien actúa asistida de David Ruedas Moncivais, Secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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