Luis Enrique Garcia Garcia

Expediente 1162/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1162/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Garcia Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que ya transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de amparo, para que la quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por desechada la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones y archivo. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, toda vez que el presente ha quedado total y definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por ********************, por lo cual fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de que se trate con el número 1162/2022-VIII y háganse las anotaciones correspondientes. Improcedencia. Este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues, antes de acudir a esta vía de amparo, el quejoso debió agotar el medio de defensa previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para demostrar este aserto es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causa de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Como se ve, en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional; conforme con el cual antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En efecto, en atención a tal principio hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que solo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. La obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual, si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, obliga a considerarlo procedente solo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Ahora, de lo expuesto por la parte quejosa en la demanda se advierte que la quejosa se enteró por las noticias de la apertura de otro penal en la ciudad y que, dada la sobrepoblación de Centro de Reinserción social Estatal Tres, algunos internos serán trasladados a ese nuevo penal. En ese sentido, se estima que la parte quejosa previo acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al tener noticia de la orden de traslado reclamada, aunque no se le haya notificado en términos del artículo 117, parte final de la fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tenía la posibilidad de requerir ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo.

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