Luis Enrique García Ayala
Expediente 871/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Enrique García Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca ********************, por la que la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar de esta ciudad, en el juicio de controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia ********************, seguido por ********************, en contra de ********************, en el que se consideró que no había lugar a atender de conformidad la petición del demandado, hoy quejoso, en el sentido de que se ordenara se practicara a la madre ********************, y a la menor hija de ambos de identidad reservada con iniciales ********************, una prueba de anticuerpos SARS-COV2, para acreditar que la actora no tiene razón en negarse a asistir a la valoración psicológica ordenada en autos, por lo que ordenó a las partes acatar el régimen de visitas y convivencias decretado en proveído de audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Mediante sentencia autorizada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emitiera otra, de forma congruente y exhaustiva, fundada y motivada, en la que de conformidad con lo estipulado en la ejecutoria dictada, diera contestación a todos y cada uno de los agravios plasmados en el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, relativo al recurso de apelación interpuesto, y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. Debiendo tener especial cuidado, se dijo, en hacer saber a las partes las consecuencias que pudieran ocasionar el incumplimiento a lo ordenado en relación a dichas visitas y convivencias. Dicha concesión se hizo extensiva a los actos atribuidos al juez responsable señalado, en virtud de que los actos que se le reclamaron no se impugnaron por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que la sala responsable en ningún momento dio respuesta a los agravios hechos valer por el ahora quejoso al interponer el recurso de apelación en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ni tomó en cuenta sus manifestaciones relativas a que la actora falseó los hechos y realizó acciones de interferencia parental; que se ha hecho nugatorio su derecho para poder convivir con su menor hija y por ende preservar los lazos afectivos entre ambos. Asimismo, se estimó que dicha sala tampoco resolvió el asunto que le fue planteado para su resolución, pues no tomó las medidas necesarias y requeridas para permitir que las convivencias entre el quejoso y su menor hija en verdad se llevaran a cabo y se cumplieran a cabalidad. Pues se consideró que atendiendo al interés superior de la menor hija de las partes, era en realidad la problemática que puso a su consideración y respecto de la cual debía resolver. Lo que así se señaló, en atención a que dicha responsable se limitó únicamente a exponer que a su consideración no habían elementos para practicar una prueba de anticuerpos a la menor para detectar si había padecido o no Covid-19 y si había dejado o no secuelas. Pero como se dijo, no emitió razonamiento alguno en relación a los agravios planteados, que es el relativo a tomar las medida necesarias para que se diera estricto cumplimiento a las visitas y convivencias ordenadas en autos, y no se continuaran haciendo nugatorios los derechos del quejoso para poder convivir con su menor hija. Pues, como se dijo, la sala responsable nada dijo para dar respuesta a tal planteamiento de derecho plasmado en el escrito de expresión de agravios interpuesto por el demandado, ahora quejoso. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 6401, firmado por el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca ******************** y por oficio 6968 remitió copia certificada de su resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró parcialmente fundados los agravios hechos valer por el hoy quejoso y modificó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que al considerar que las pruebas ofrecidas por la tercera interesada eran veraces no desestimó la petición del aquí quejoso de girar el oficio correspondiente para que la menor se realice pruebas para comprobar si padeció o no Covid19 y modificó el régimen de visitas y convivencias provisional establecido en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, tomando en consideración que la tercera interesada ha obstaculizado injustificadamente su realización, apercibiéndola que en caso de no facilitar el cumplimiento de las mismas, se le suspendería de inmediato en el ejercicio de la guardia y custodia que ostenta respecto de la menor y apercibiendo al hoy quejoso en caso de no llevar a cabo las visitas como está contemplado se le impondría un arresto por sesenta y dos horas. Por lo que hace al Juez Décimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio 2690 recibido el dieciséis de abril del año en curso, informó que en acatamiento a la resolución dictada por la sala responsable, ordenó notificar a las partes dicha resolución al efecto de que cumplieran con lo especificado respecto a las convivencias con la menor, y previno a la aquí tercera interesada para que diera cumplimiento y facilidades a fin de que se llevara a cabo el régimen de visitas y convivencias ordenado, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le suspenderá de inmediato en el ejercicio de la guarda y custodia que ostenta respecto de su hija. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo y el juez responsable acató dicha resolución; lo que pone en evidencia que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con la ejecutoria de amparo, de lo que se advierte que las responsables no dejaron de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de mérito; sino que contrario a ello, dictaron determinaciones conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de seis y resolución interlocutoria de veintinueve, ambas de junio de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del artículo 20, del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la quejosa y tercera interesada.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa Luis Enrique García Ayala, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca 382/2022, por la que la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar de esta ciudad, en el juicio de controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia 110/2020, seguido por Olga Cruz Flores, en contra de Luis Enrique García Ayala, en el que se consideró que no había lugar a atender de conformidad la petición del demandado, hoy quejoso, en el sentido de que se ordenara se practicara a la madre Olga Cruz Flores, y a la menor hija de ambos de identidad reservada con iniciales C. M. G. C., una prueba de anticuerpos SARS-COV2, para acreditar que la actora no tiene razón en negarse a asistir a la valoración psicológica ordenada en autos, por lo que ordenó a las partes acatar el régimen de visitas y convivencias decretado en proveído de audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Mediante sentencia autorizada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emitiera otra, de forma congruente y exhaustiva, fundada y motivada, en la que de conformidad con lo estipulado en la ejecutoria dictada, diera contestación a todos y cada uno de los agravios plasmados en el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, relativo al recurso de apelación interpuesto, y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. Debiendo tener especial cuidado, se dijo, en hacer saber a las partes las consecuencias que pudieran ocasionar el incumplimiento a lo ordenado en relación a dichas visitas y convivencias. Dicha concesión se hizo extensiva a los actos atribuidos al juez responsable señalado, en virtud de que los actos que se le reclamaron no se impugnaron por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que la sala responsable en ningún momento dio respuesta a los agravios hechos valer por el ahora quejoso al interponer el recurso de apelación en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ni tomó en cuenta sus manifestaciones relativas a que la actora falseó los hechos y realizó acciones de interferencia parental; que se ha hecho nugatorio su derecho para poder convivir con su menor hija y por ende preservar los lazos afectivos entre ambos. Asimismo, se estimó que dicha sala tampoco resolvió el asunto que le fue planteado para su resolución, pues no tomó las medidas necesarias y requeridas para permitir que las convivencias entre el quejoso y su menor hija en verdad se llevaran a cabo y se cumplieran a cabalidad. Pues se consideró que atendiendo al interés superior de la menor hija de las partes, era en realidad la problemática que puso a su consideración y respecto de la cual debía resolver. Lo que así se señaló, en atención a que dicha responsable se limitó únicamente a exponer que a su consideración no habían elementos para practicar una prueba de anticuerpos a la menor para detectar si había padecido o no Covid-19 y si había dejado o no secuelas. Pero como se dijo, no emitió razonamiento alguno en relación a los agravios planteados, que es el relativo a tomar las medida necesarias para que se diera estricto cumplimiento a las visitas y convivencias ordenadas en autos, y no se continuaran haciendo nugatorios los derechos del quejoso para poder convivir con su menor hija. Pues, como se dijo, la sala responsable nada dijo para dar respuesta a tal planteamiento de derecho plasmado en el escrito de expresión de agravios interpuesto por el demandado, ahora quejoso. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 6401, firmado por el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca 382/2022 y por oficio 6968 remitió copia certificada de su resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró parcialmente fundados los agravios hechos valer por el hoy quejoso y modificó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que al considerar que las pruebas ofrecidas por la tercera interesada eran veraces no desestimó la petición del aquí quejoso de girar el oficio correspondiente para que la menor se realice pruebas para comprobar si padeció o no Covid19 y modificó el régimen de visitas y convivencias provisional establecido en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, tomando en consideración que la tercera interesada ha obstaculizado injustificadamente su realización, apercibiéndola que en caso de no facilitar el cumplimiento de las mismas, se le suspendería de inmediato en el ejercicio de la guardia y custodia que ostenta respecto de la menor y apercibiendo al hoy quejoso en caso de no llevar a cabo las visitas como está contemplado se le impondría un arresto por sesenta y dos horas. Por lo que hace al Juez Décimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio 2690 recibido el dieciséis de abril del año en curso, informó que en acatamiento a la resolución dictada por la sala responsable, ordenó notificar a las partes dicha resolución al efecto de que cumplieran con lo especificado respecto a las convivencias con la menor, y previno a la aquí tercera interesada para que diera cumplimiento y facilidades a fin de que se llevara a cabo el régimen de visitas y convivencias ordenado, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le suspenderá de inmediato en el ejercicio de la guarda y custodia que ostenta respecto de su hija. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo y el juez responsable acató dicha resolución; lo que pone en evidencia que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con la ejecutoria de amparo, de lo que se advierte que las responsables no dejaron de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de mérito; sino que contrario a ello, dictaron determinaciones conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de seis y resolución interlocutoria de veintinueve, ambas de junio de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del artículo 20, del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la quejosa y tercera interesada.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca ********************, por la que la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar de esta ciudad, en el juicio de controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia ********************, seguido por ********************, en contra de ********************, en el que se consideró que no había lugar a atender de conformidad la petición del demandado, hoy quejoso, en el sentido de que se ordenara se practicara a la madre ********************, y a la menor hija de ambos de identidad reservada con iniciales ********************, una prueba de anticuerpos SARS-COV2, para acreditar que la actora no tiene razón en negarse a asistir a la valoración psicológica ordenada en autos, por lo que ordenó a las partes acatar el régimen de visitas y convivencias decretado en proveído de audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Mediante sentencia autorizada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emitiera otra, de forma congruente y exhaustiva, fundada y motivada, en la que de conformidad con lo estipulado en la ejecutoria dictada, diera contestación a todos y cada uno de los agravios plasmados en el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, relativo al recurso de apelación interpuesto, y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. Debiendo tener especial cuidado, se dijo, en hacer saber a las partes las consecuencias que pudieran ocasionar el incumplimiento a lo ordenado en relación a dichas visitas y convivencias. Dicha concesión se hizo extensiva a los actos atribuidos al juez responsable señalado, en virtud de que los actos que se le reclamaron no se impugnaron por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que la sala responsable en ningún momento dio respuesta a los agravios hechos valer por el ahora quejoso al interponer el recurso de apelación en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ni tomó en cuenta sus manifestaciones relativas a que la actora falseó los hechos y realizó acciones de interferencia parental; que se ha hecho nugatorio su derecho para poder convivir con su menor hija y por ende preservar los lazos afectivos entre ambos. Asimismo, se estimó que dicha sala tampoco resolvió el asunto que le fue planteado para su resolución, pues no tomó las medidas necesarias y requeridas para permitir que las convivencias entre el quejoso y su menor hija en verdad se llevaran a cabo y se cumplieran a cabalidad. Pues se consideró que atendiendo al interés superior de la menor hija de las partes, era en realidad la problemática que puso a su consideración y respecto de la cual debía resolver. Lo que así se señaló, en atención a que dicha responsable se limitó únicamente a exponer que a su consideración no habían elementos para practicar una prueba de anticuerpos a la menor para detectar si había padecido o no Covid-19 y si había dejado o no secuelas. Pero como se dijo, no emitió razonamiento alguno en relación a los agravios planteados, que es el relativo a tomar las medida necesarias para que se diera estricto cumplimiento a las visitas y convivencias ordenadas en autos, y no se continuaran haciendo nugatorios los derechos del quejoso para poder convivir con su menor hija. Pues, como se dijo, la sala responsable nada dijo para dar respuesta a tal planteamiento de derecho plasmado en el escrito de expresión de agravios interpuesto por el demandado, ahora quejoso. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 6401, firmado por el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca ******************** y por oficio 6968 remitió copia certificada de su resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró parcialmente fundados los agravios hechos valer por el hoy quejoso y modificó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que al considerar que las pruebas ofrecidas por la tercera interesada eran veraces no desestimó la petición del aquí quejoso de girar el oficio correspondiente para que la menor se realice pruebas para comprobar si padeció o no Covid19 y modificó el régimen de visitas y convivencias provisional establecido en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, tomando en consideración que la tercera interesada ha obstaculizado injustificadamente su realización, apercibiéndola que en caso de no facilitar el cumplimiento de las mismas, se le suspendería de inmediato en el ejercicio de la guardia y custodia que ostenta respecto de la menor y apercibiendo al hoy quejoso en caso de no llevar a cabo las visitas como está contemplado se le impondría un arresto por sesenta y dos horas. Por lo que hace al Juez Décimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio 2690 recibido el dieciséis de abril del año en curso, informó que en acatamiento a la resolución dictada por la sala responsable, ordenó notificar a las partes dicha resolución al efecto de que cumplieran con lo especificado respecto a las convivencias con la menor, y previno a la aquí tercera interesada para que diera cumplimiento y facilidades a fin de que se llevara a cabo el régimen de visitas y convivencias ordenado, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le suspenderá de inmediato en el ejercicio de la guarda y custodia que ostenta respecto de su hija. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo y el juez responsable acató dicha resolución; lo que pone en evidencia que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con la ejecutoria de amparo, de lo que se advierte que las responsables no dejaron de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de mérito; sino que contrario a ello, dictaron determinaciones conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de seis y resolución interlocutoria de veintinueve, ambas de junio de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del artículo 20, del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la quejosa y tercera interesada.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL ACUERDO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE, SEÑALA: "Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca ********************, por la que la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar de esta ciudad, en el juicio de controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia ********************, seguido por ********************, en contra de ********************, en el que se consideró que no había lugar a atender de conformidad la petición del demandado, hoy quejoso, en el sentido de que se ordenara se practicara a la madre ********************, y a la menor hija de ambos de identidad reservada con iniciales ********************, una prueba de anticuerpos SARS-COV2, para acreditar que la actora no tiene razón en negarse a asistir a la valoración psicológica ordenada en autos, por lo que ordenó a las partes acatar el régimen de visitas y convivencias decretado en proveído de audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Mediante sentencia autorizada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emitiera otra, de forma congruente y exhaustiva, fundada y motivada, en la que de conformidad con lo estipulado en la ejecutoria dictada, diera contestación a todos y cada uno de los agravios plasmados en el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, relativo al recurso de apelación interpuesto, y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. Debiendo tener especial cuidado, se dijo, en hacer saber a las partes las consecuencias que pudieran ocasionar el incumplimiento a lo ordenado en relación a dichas visitas y convivencias. Dicha concesión se hizo extensiva a los actos atribuidos al juez responsable señalado, en virtud de que los actos que se le reclamaron no se impugnaron por vicios propios. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que la sala responsable en ningún momento dio respuesta a los agravios hechos valer por el ahora quejoso al interponer el recurso de apelación en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ni tomó en cuenta sus manifestaciones relativas a que la actora falseó los hechos y realizó acciones de interferencia parental; que se ha hecho nugatorio su derecho para poder convivir con su menor hija y por ende preservar los lazos afectivos entre ambos. Asimismo, se estimó que dicha sala tampoco resolvió el asunto que le fue planteado para su resolución, pues no tomó las medidas necesarias y requeridas para permitir que las convivencias entre el quejoso y su menor hija en verdad se llevaran a cabo y se cumplieran a cabalidad. Pues se consideró que atendiendo al interés superior de la menor hija de las partes, era en realidad la problemática que puso a su consideración y respecto de la cual debía resolver. Lo que así se señaló, en atención a que dicha responsable se limitó únicamente a exponer que a su consideración no habían elementos para practicar una prueba de anticuerpos a la menor para detectar si había padecido o no Covid-19 y si había dejado o no secuelas. Pero como se dijo, no emitió razonamiento alguno en relación a los agravios planteados, que es el relativo a tomar las medida necesarias para que se diera estricto cumplimiento a las visitas y convivencias ordenadas en autos, y no se continuaran haciendo nugatorios los derechos del quejoso para poder convivir con su menor hija. Pues, como se dijo, la sala responsable nada dijo para dar respuesta a tal planteamiento de derecho plasmado en el escrito de expresión de agravios interpuesto por el demandado, ahora quejoso. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 6401, firmado por el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca ******************** y por oficio 6968 remitió copia certificada de su resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró parcialmente fundados los agravios hechos valer por el hoy quejoso y modificó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que al considerar que las pruebas ofrecidas por la tercera interesada eran veraces no desestimó la petición del aquí quejoso de girar el oficio correspondiente para que la menor se realice pruebas para comprobar si padeció o no Covid19 y modificó el régimen de visitas y convivencias provisional establecido en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, tomando en consideración que la tercera interesada ha obstaculizado injustificadamente su realización, apercibiéndola que en caso de no facilitar el cumplimiento de las mismas, se le suspendería de inmediato en el ejercicio de la guardia y custodia que ostenta respecto de la menor y apercibiendo al hoy quejoso en caso de no llevar a cabo las visitas como está contemplado se le impondría un arresto por sesenta y dos horas. Por lo que hace al Juez Décimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio 2690 recibido el dieciséis de abril del año en curso, informó que en acatamiento a la resolución dictada por la sala responsable, ordenó notificar a las partes dicha resolución al efecto de que cumplieran con lo especificado respecto a las convivencias con la menor, y previno a la aquí tercera interesada para que diera cumplimiento y facilidades a fin de que se llevara a cabo el régimen de visitas y convivencias ordenado, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le suspenderá de inmediato en el ejercicio de la guarda y custodia que ostenta respecto de su hija. Como se ve de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución en la que siguió los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo y el juez responsable acató dicha resolución; lo que pone en evidencia que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrieron en exceso o defecto al momento de cumplir con la ejecutoria de amparo, de lo que se advierte que las responsables no dejaron de realizar acto alguno adicional al ordenado en la sentencia de mérito; sino que contrario a ello, dictaron determinaciones conforme a los lineamientos dados por el fallo protector. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de seis y resolución interlocutoria de veintinueve, ambas de junio de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del artículo 20, del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la quejosa y tercera interesada." NOTIFIQUESE
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